domingo, 24 de febrero de 2013

Ciberguerra - Por Santiago O'Donnell


No llega a ser una reedición de la Guerra Fría, pero se va pareciendo. En los últimos días, el New York Times y la empresa de seguridad cibernética contratada por el diario, Mandiant, vienen denunciando con lujo de detalles cómo una unidad del ejército chino, con base en un edificio en Shanghai, penetró durante cuatro meses los sistemas informáticos del matutino.

El hackeo empezó después de que el diario publicara un artículo sobre la fortuna acumulada por familiares del líder chino Xi Jing Ping, quien asumirá el mes que viene como primer ministro de ese país. La crónica del New York Times cuenta cómo los hacker penetraron las redes de seguridad y lograron colocar 45 piezas de “malware” o software maligno dentro del sistema. Los directivos del diario estaban aterrados porque en el día de las elecciones (6 de noviembre) los hackers estaban especialmente activos y el temor era que hicieran colapsar el sistema del diario en ese día tan crucial para vengarse de la historia sobre el futuro primer ministro. Pero no fue así. Pero el objetivo de los hackers no era dañar las finanzas del diario, ni robarle datos sobre clientes, informó el matutino. Querían saber cómo el corresponsal en Beijing del New York Times, David Barboza, había obtenido la información sobre la familia de Xi Jing Ping. Aunque el diario aclaró que la información había salido de documentos públicos, los hackers querían saber quién le había mostrado esos documentos a Barboza. Los hackers husmearon los correos electrónicos, archivos y bases de datos de un grupo de periodistas, pero según el New York Times, no encontraron lo que buscaban.



Algo similar había ocurrido en octubre del año pasado con la agencia Bloomberg News, que había sufrido ataques cibernéticos tras la publicación de un artículo sobre el enriquecimiento del vicepresidente chino Wen Xibao. El informe de Mandiant dice que los que hackearon el New York Times trabajan con las mismas direcciones, las mismas rutas a través de cuatro universidades de Estados Unidos, y el mismo modus operandi, que los que hackearon a Coca-Cola en 2006, cuando la empresa de gaseosas negociaba un megacontrato con el gobierno chino. Mandiant dice que ese grupo de hackers vinculado con el ejército chino llevó adelante 140 ataques a empresas privadas y agencias estatales de Estados Unidos en los últimos seis años.

El gobierno de Estados Unidos respaldó la denuncia, pero cuidándose de no nombrar a China. En su discurso sobre el estado de la Unión del 13 de febrero, Obama anunció una orden ejecutiva para combatir el cibercrimen. La orden ejecutiva de ocho páginas señala que el gobierno se compromete a compartir con los proveedores de Internet estadounidenses las firmas digitales de los principales grupos de hackers conocidos, incluyendo varios que trabajan en el mismo edificio de Shanghai donde opera la unidad de ciberguerreros del ejército chino. Una semana después, el fiscal general Eric Holder informó sobre la creación de un ente especial para centralizar el trabajo de las distintas agencias de Inteligencia encargadas de combatir el cibercrimen. Holder presentó una lista de los últimos ataques informáticos verificados contra empresas privadas y entes estatales estadounidenses. En la lista, China figuraba como el país de origen de la gran mayoría de esos ataques. Pero así como Obama no había nombrado a China en su discurso en el Capitolio, tampoco Holder mencionó a China en la conferencia de prensa. Pero quedó claro a quiénes les apuntaban los estadounidenses: “La Casa Blanca promete una guerra comercial contra los países detrás del cibercrimen. China es el blanco aparente,” tituló The Guardian su cobertura del anuncio del fiscal general.


¿Y qué dice China? Por un lado está la contestación oficial, que tilda a la denuncia estadounidense de poco profesional. “Hacer acusaciones infundadas basadas en resultados preliminares es irresponsable y poco profesional, y no ayuda a resolver un problema relevante”, dijo Hong Lei, vocero de la cancillería china. Pero diversos expertos en seguridad señalan que China no oculta lo que está haciendo como una señal de orgullo y poder. Dicen que los ataques son fáciles de rastrear porque los chinos no tienen intenciones de ocultarlos. Por ejemplo, uno de los hackers chinos más conocidos, UglyGorilla, firma sus virus y usa el mismo nombre en un perfil de la web militar chinamil.com.cn. “Es una proyección de su poder, no hacen esfuerzos por esconderse”, dijo la experta israelí en ciberseguridad Yael Shahar a la revista National Journal.


Por otra parte, los mismos estadounidenses, empezando por el New York Times, reconocen que su gobierno no es inocente en el tema de los hackeos. “El gobierno de Estados Unidos tiene sus propios ciberguerreros. Trabajando con Israel, usó el virus Stuxnet para interferir con el programa de enriquecimiento de uranio iraní”, señala el diario estadounidense. Irán respondió hackeando áreas del Ministerio de Defensa estadounidense. “En la Guerra Fría nos enfocábamos todos los días en los centros de comando nuclear alrededor de Moscú”, señaló un funcionario de Defensa al diario. “Es justo decir que ahora le dedicamos la misma atención a monitorear los servers de computadoras alrededor de Shanghai.”


Según los expertos en el tema, los cuarenta principales países del mundo tienen unidades de Inteligencia cibernética, con Estados Unidos, China, Israel y Francia encabezando el pelotón. Un estudio de Symantec y McAfee determinó que Estados Unidos es el país en donde se originan más ataques cibernéticos, seguido por China. Y están los ataques sin bandera, promovidos por grupos como Anonymous. Los estadounidenses argumentan que espiar programas nucleares está dentro de lo permitido, que todas las potencias lo hacen. Pero otra cosa es lo que viene haciendo China, que sería robar secretos de corporaciones y perseguir a medios de comunicación que informan noticias incómodas. No llega a ser guerra fría todavía, pero va escalando.



Publicado en Página/12 el 24 de febrero de 2013
Imagen: Corbis

domingo, 17 de febrero de 2013

AMIA.doc - Por Santiago O’Donnell


Son 196 los cables del Departamento de Estado estadounidense que mencionan la palabra AMIA, dentro de los cientos de miles de despachos obtenidos por la organización Wikileaks y difundidos dos años atrás en la megafiltración que se conoció como “Cablegate”. Los documentos abarcan el período 2004-2010, coincidiendo con gran parte de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Si bien la colección de Wikileaks no incluye las comunicaciones más sensibles, aquellas clasificadas como “top secret”, la serie incluye 16 documentos marcados “secret” y 75 clasificados “confidential”, que en su gran mayoría no han sido publicados ni difundidos en la Argentina.

Los cables muestran que el gobierno de Estados Unidos impulsó y alentó la investigación de los sospechosos iraníes acusados de haber cometido el atentado que en 1994 mató a 86 personas. Distintos funcionarios estadounidenses mantuvieron numerosos contactos con el fiscal encargado de llevar adelante la investigación, Alberto Nisman. En esos contactos los estadounidenses dejaron en claro que no dudaban de la culpabilidad de los sospechosos iraníes acusados por la fiscalía e insistieron en que Nisman deje de lado la llamada “pista siria” y la llamada “conexión local”, porque seguir esas pistas podría debilitar el “caso internacional” en contra de los acusados iraníes. El fiscal siempre se mostró solícito ante los pedidos y consejos de la embajada, a tal punto que muchas veces era él quien iniciaba el contacto, dicen los cables, para pasar información. En noviembre del 2006 Nisman le adelantó al embajador con tres semanas de anticipación la decisión del juez Canicoba Corral de procesar a los sospechosos iraníes. En diciembre del 2007 Nisman le presentó a la embajada el borrador de un pedido de captura de los iraníes para ser presentado ante la Interpol, pero el borrador de dos carillas no satisfizo y el representante del FBI le hizo varias sugerencias al fiscal para mejorar el texto; dos meses después Nisman volvió a la embajada con un borrador de nueve carillas que, esta vez sí, fue elogiado y ponderado por los estadounidenses. En mayo del 2008 Nisman llamó a la embajada tantas veces para “pedir perdón” por no haber avisado que iba a pedir la captura de Menem, que la embajada tuvo que escribir tres cables distintos dando cuenta de las sucesivas ampliaciones del pedido de disculpas. En diciembre del 2008 Nisman llamó a la embajada para dar “advance notice” de que iniciaría acciones civiles en contra de los sospechosos iraníes. En mayo del 2009 Nisman avisó a la embajada un día antes que pediría la captura del colombiano-libanés Samuel Salman El Reda como miembro de la “conexión local” del atentado.

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Junto con algunas críticas por no seguir siempre la línea que marcaba la embajada, Nisman recibió muchos elogios de los estadounidenses por haber mejorado la causa heredada del ex juez Galeano y los ex fiscales Mullen y Barbaccia, quienes fueron procesados por numerosas irregularidades en el manejo de la investigación. Incluso respresentantes estadounidenses elogiaron la actuación del fiscal en reuniones con distintos representantes de la AMIA, la DAIA, Memoria Activa y la Asociación Familiares y Amigos de las Víctimas, cuentan los cables. A su vez, en noviembre del 2008 el secretario general de la AMIA Julio Schlosser, el vice Angel Barman y el miembro del directorio Agustín Zbar le dijeron al embajador Wayne que estaban conformes con la investigación internacional de Nisman pero querían que se ocupe más de la “conexión local”, al revés de lo que aconsejaban los norteamericanos. En medio de los elogios, en distintas ocasiones, el representante de la Cancillería argentina a cargo del caso AMIA, un consejero de la DAIA y un representante del FBI expresaron reparos sobre la solidez de las pruebas acumuladas en la investigación. El consejero de la DAIA agregó que por la presión de la comunidad judía, a sus representantes no les queda otra alternativa que aplaudir cada acción que se tome en la causa. Lo dijo en el 2008, tras el pedido de captura de Menem y otros altos funcionarios de su gobierno, acusados de encubrimiento por Nisman.

En los cables, los representantes estadounidenses se la pasan aclarando a sus pares argentinos que no quieren que se perciba que ellos están “politizando” el caso. Explican que por esa razón le ceden la iniciativa a la Argentina, pero que están listos y ansiosos por ayudar a que avance la causa, claro que en la dirección que ellos marcan. Nisman de a ratos se queja porque no recibe el mismo apoyo del gobierno argentino que del estadounidense, pero en otras ocasiones elogia un discurso del presidente Néstor Kirchner en Naciones Unidas donde le dice a Irán que deje de interferir con la investigación.

La embajada parte del escepticismo más absoluto tras el fallo de septiembre del 2004 que absolvió a 22 sospechosos y dejó en la picota a los dos fiscales y el juez que habían investigado el atentado. “Nuestras discusiones con el juez Galeano, ex fiscales, y la SIDE, así como nuestra revisión del fallo AMIA, indican que la investigación se basó mayormente en evidencia circunstancial que requería mucha corroboración y que los investigadores fallaron al no seguir pistas locales e internacionales. Creemos que es improbable que, diez años después, las pistas que quedan puedan producir pruebas útiles”, dice un cable firmado por Lino Gutierrez.

Con la llegada de Kirchner al poder y Nisman a la investigación, la embajada pasa a mostrarse más esperanzada. Después de que Nisman pidiera la captura de los iraníes, un cable de octubre del 2006 dice: “El silencio del gobierno de Argentina demuestra su preocupación por no antagonizar a los iraníes. La embajada no tiene indicios de que el gobierno vaya a demorar o influenciar la decisión de Canicoba Corral. Esto es consistente con lo que el gobierno ha hecho todo el año. La Casa Rosada no retrocede en su compromiso de llevar adelante el caso, pero se contenta con dejar que el proceso judicial siga su curso”.

Decenas de cables describen el esfuerzo conjunto y secreto de Argentina y Estados Unidos durante el 2006 y el 2007 para lograr que Interpol apruebe el pedido de captura de cinco funcionarios iraníes y un líder libanés de Hezbolá, tras negociaciones que dejaron afuera de la lista a otros tres funcionarios pedidos por Nisman y Canicoba Corral, uno por haber sido presidente de Irán, otro por haber sido canciller, y el tercero por haber sido liberado en Londres por falta de pruebas durante la investigación de Galeano. Argentina hizo lobby con China e Italia, Estados Unidos con Marruecos, Sudáfrica y Kazajstán, dicen distintos cables, mientras el tema sufría postergaciones y pasaba del comité ejecutivo a la asamblea general de Interpol hasta culminar, al decir de Aníbal Fernández, en “un gran triunfo para la Argentina”.

Mientras tanto el gobierno iraní intentó diversos acercamientos con sus pares argentinos y con el juez Canicoba Corral, dicen los cables. Esos contactos eventualmente generaron recelos por parte de los estadounidenses. Un cable secreto de marzo del 2006 informa sobre los nombres de los únicos dos diplomáticos iraníes que entonces cumplían funciones en la Argentina, el encargado de Negocios Ohammad Ali Tabatabaei y el tercer secretario Bahram Saifzad el Sani Garmrood. El cable dice por entonces que la relación bilateral entre Argentina e Irán era “tenue” debido al atentado de la AMIA. “El contacto entre el canciller argentino y el encargado de Negocios iraní se ha limitado a temas consulares. En los dos últimos años, la embajada iraní en dos ocasiones solicitó la aprobación de la Cancillería para la visita de funcionarios de alto nivel para discutir temas de la IAEA (la organización nuclear de Naciones Unidas). En ambas ocasiones la Cancillería declinó la visita propuesta, manteniendo que los temas de la IAEA se deberían discutir en Viena (sede de la organización)”, dice el cable.

En octubre del 2007 el gobierno de Néstor Kirchner rechazó una oferta secreta de negociación por parte de Irán. “(Guillermo) González confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores había recibido una nota diplomática de Irán lamentando `la falta de voluntad para cooperar’ de la Argentina ante los esfuerzos iraníes para resolver el caso de manera amigable.’ En la nota, el gobierno de Irán propone formar una comisión política y judicial conjunta para discutir temas legales que lleven a la resolución de discrepancias sobre el caso AMIA. Con respecto a ésta y otras recientes propuestas de diálogo del gobierno de Irán preguntamos sin vueltas si los argentinos cerrarían un trato con Irán. González dijo inequívocamente ‘no’, que Kirchner se la había jugado en la Asamblea de Naciones Unidas y no pensaba retroceder.” Según declaró el canciller Héctor Timerman en el Congreso este miércoles, la diferencia entre las propuestas anteriores rechazadas y la que eventualmente se aceptó, es que ésta incluye la posibilidad de indagatoria a los acusados en Irán, algo que está por verse.

Aníbal Fernández había sido enfático en noviembre del 2006 en una reunión entre el entonces ministro del Interior con el entonces embajador Earl Anthony Wayne. “Fernández contó que tras asumir en el 2003 el presidente Kirchner dijo, en referencia a la AMIA, que no habrá pactos de impunidad. Fernández entonces citó a Ariel Sharon y dijo que no se puede negociar con los terroristas, y que somos socios y hermanos en este tema. El embajador coincidió diciendo que ambos países están combatiendo el uso del terrorismo como herramienta política y que todos los países tienen la responsabilidad de combatir el terror.”

Publicado en Página/12 el 17 de febrero de 2013
Imagen: Rafael Yohai

Tienen que caer (Mensajes sobre "Sacudón")

Estimado:
A" El País" le entregaron los documentos los otros responsables de la crisis actual,todo el sector financiero,que con eso pretende tapar su responsabilidad.
El PSOE también mete la mano en la lata, el mismo "Isidoro" o González ex presidente, lo vi fumando Cohiba en un hotel de los nuevísimos, de socialista no tiene nada, es más cambió el partido, lo hizo una social democracia...y le hago mucho favor, Zapatero, al aceptar "las reglas", mostró que su idea de socialismo obrero, la tiene muy alejada.
Pero tienen que caer todos, mientras recurran a Merkel están perdidos, hoy mismo en ese diario español se dice Italia al borde de la crisis , porque no podrían ganar las elecciones un cómico o el corrupto de Berlusconi.
Atentamente
Carlos Enrique Frade




Rafael Gonzalez Lopez Muy Bueno Santiago, lo comparto, me parece que la situación la vi en otro lado...o me estaré poniendo viejo??

RTA: gracias rafa!





Brillante Santiago Lo llevé Abrazo

Silvia Rey

miércoles, 13 de febrero de 2013

Sacudón - Por Santiago O’Donnell


En España el gobierno conservador ha sufrido un fuerte sacudón por un escándalo de corrupción que involucra al partido gobernante y salpica al presidente Mariano Rajoy. Un fuerte sacudón que no llega a hacer tambalear al gobierno, al menos no todavía, porque a pesar de la tremenda indignación que la trama corrupta ha generado en una sociedad española desanimada por una crisis económica que ya lleva años, ningún actor político aparece en condiciones de capitalizar los problemas del elenco gobernante, mucho menos ofrecerse como eventual reemplazo, tal es el desprestigio al que ha llegado la clase gobernante española, incluyendo por supuesto a la familia real, agobiada por su propia carga de fraudes y papelones.
El escándalo estalló el mes pasado cuando autoridades judiciales encontraron en Suiza una cuenta que llegó a tener 22 millones de euros a nombre del entonces gerente, luego tesorero, del gobernante Partido Popular (PP), un tal Luis Bárcenas. Esta semana la trama se espesó cuando el diario El País publicó fotocopias de lo que sería la contabilidad en negro de Bárcenas. Los asientos publicados, que abarcan el período 1990-2008, indicarían que Rajoy cobró 25.000 euros mensuales desde 1999, cuando asumió como vicepresidente del partido.

Bárcenas, un oscuro cuadro partidario, llegó a senador en una lista sábana representando a una región que nunca habitó y que fue promovido por Rajoy de gerente a tesorero del partido en el 2008. El cargo de tesorero le duró poco a Bárcenas porque al año siguiente de ser nombrado debió renunciar porque apareció imputado por coimas y lavado de dinero en un caso de corrupción, el llamado “caso Gürtel”, que involucraba a funcionarios del PP en Madrid y Valencia que recibían regalos de empresarios a cambio de contratos públicos.
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Cuando el nombre de Bárcenas apareció en el expediente Gürtel, la plana mayor del PP, empezando por Rajoy, ensayó una encendida defensa pública de la supuestamente intachable moralidad del hasta entonces desconocido recaudador partidario. Un comunicado oficial del PP del 2009 le reconocía a Bárcenas, sobre todo, su “lealtad al partido”. Luego de su renuncia, el PP se hizo cargo de la defensa legal de Bárcenas en el caso Gürtel y, hasta la semana pasada, el ex tesorero conservó oficina y secretaria en la sede del PP en Madrid.

Pero desde que apareció la cuenta suiza y la supuesta contabilidad en negro, ningún jerarca del PP parece conocer a Bárcenas. Rajoy ni siquiera lo nombró el martes pasado cuando intentó limpiar su buen nombre y honor con una curiosa frase en una conferencia de prensa que no admitió preguntas, tras un cónclave cerrado con la cúpula del PP, para ver cómo se hacía frente a las acusaciones publicadas en el matutino madrileño, que el presidente había intentando ignorar durante dos largos días hasta que la presión de la opinión pública lo obligo a reaccionar.

“Nada de lo publicado es verdad, salvo alguna cosa”, se despachó muy suelto de cuerpo el presidente, sin explicar a qué se refirió con “alguna cosa”. Después partió a Bruselas para negociar el presupuesto europeo y no volvió a referirse al tema, a pesar de la insistencia de los periodistas. Ayer, en un nuevo intento por darle un corte al asunto, Rajoy publicó en su página web sus declaraciones patrimoniales de los últimos diez años, y el Partido Popular hizo lo propio con sus registros contables de los últimos cuatro años. Pero lejos de borrar las dudas, las presentaciones de Rajoy mostraron fuertes oscilaciones en los sueldos que le pagaba el partido y en sí mismos no excluían la posibilidad de pagos en negro.

Mientras tanto la fiscalía anticorrupción española citó a declarar a Bárcenas y a su antecesor en la tesorería, Lapuerta, el miércoles pasado. Ambos se mantuvieron fieles al partido: negaron que los registros contables que salieron publicados fueran de su autoría y negaron que el partido llevase una contabilidad paralela. Pero en la misma sesión declaró quien hasta ahora es el único arrepentido del caso, el ex diputado del PP Jorge Trías, quien dijo que los registros publicados eran idénticos a unos que le había mostrado Bárcenas años atrás. Además, varios grafólogos que compararon la letra de Bárcenas con los registros publicados coincidieron en adjudicarle la autoría de los asientos al ex tesorero implicado. También, varias de las operaciones contables que aparecen en los registros fueron confirmadas por sus protagonistas, aunque aclararon que se trataron de operaciones en blanco.

Según El País, los registros publicados daban cuenta de que Rajoy, el ex presidente José María Aznar y los principales políticos del PP recibieron sobresueldos de cinco, diez o quince mil euros mensuales, según el nivel jerárquico de cada uno, que Bárcenas repartía a partir de valijas en negro que le hacían llegar empresas privadas interesadas en financiar al partido o alguna campaña política.

Tarde o temprano se sabrá si miente el presidente o si miente el principal diario de España, lo cual no debería ser un detalle menor. Pero a esta altura poco parece importarle a una sociedad que ha perdido el respeto por sus representantes y que exige un poco de justicia en medio de tanta exhibición impúdica de dinero mal habido.

Porque más allá de que está en juego la conducta personal de Rajoy, lo sabido y comprobado es que el tesorero del partido gobernante sacó del país una suma millonaria que no puede explicar, mucho menos justificar. Después, ese mismo tesorero aprovechó un blanqueo de capitales, promovido por el propio Rajoy, para ingresar doce de esos 22 millones al país, y así poder pagar lujosas mansiones y casas de veraneo que ningún empleado de un partido político podría pagar con su sueldo, por más que haya ahorrado todo lo que le pagaron.

El problema es que el financiamiento en negro de la política es un secreto a voces acá, allá y en muchos países. En España los nacionalistas catalanes enfrentan varios casos de corrupción y los socialistas han tenido lo suyo. Cómo será el descrédito general de la clase política española que aun después del escándalo de los sobresueldos el PP está mejor visto que el PSOE, según las últimas encuestas. La patronal de empresarios también ha sido manchada por los pagos a los políticos y los sindicatos no escapan a los mismos cuestionamientos éticos.

Entonces, lo que debería ser un caso definitorio para impulsar la segunda refundación de la democracia española se reduce a un tímido pedido de elecciones anticipadas por parte de la oposición, a un poco creíble despliegue de virtuosa indignación por parte de Rajoy y los suyos, y la fetichización de Bárcenas, que ya no puede salir a la calle sin que le griten “chorizo” (chorro), “sinvergüenza” y “ladrón” (foto).
Pero la condena social no alcanza. Los españoles, con justa razón, quieren culpables en la Justicia. Quieren que alguien pague, por lo menos Bárcenas por los millones en negro que sacó del país burlándose del fisco. Millones de euros, aparentemente provenientes de los mismos empresarios inmobiliarios españoles que inflaron la burbuja que explotó con la crisis, mientras los políticos que debían vigilarlos juntaban (o no) sobresueldos y miraban para otro lado. Vaya si los tesoreros de los partidos políticos, que antes eran oscuros burócratas, ahora se han convertido en poderosos personajes. Da la impresión de que casi todos los políticos españoles les tienen miedo a Bárcenas y a sus puntillosas anotaciones. Y ahora que el personaje se volvió impresentable, esos políticos no saben qué decir, o saben pero no se animan a decirlo. Por eso la gente no les cree, por eso cientos de miles de indignados les gritan en cada marcha: “¡Ustedes no nos representan!”.

El esquema que enriqueció ilícitamente a Bárcenas quién sabe a cuántos más les funcionó durante dos décadas en los tiempos de bonanza económica. Pero el día que se acabó la plata empezaron las denuncias. Con las denuncias estalló la bronca y el esquema se derrumbó. Es que sin plata, los choreos son más difíciles de maquillar.
Publicado en Página/12 el 10 de febrero de 2013
Imagen: EFE

miércoles, 6 de febrero de 2013

Blanqueo - Por Santiago O’Donnell

La reforma migratoria pinta bien, o al menos dentro de todo, lo mejor posible. ¿Qué significa “reforma migratoria” en Estados Unidos? Se trata de un eufemismo para referirse al blanqueo de inmigrantes ilegales. En la última reforma, en 1986, se blanquearon tres millones de ilegales. esta vez se habla de once millones. Lo que pasa es que muchos estadounidenses y sus representantes en el Capitolio no quieren blanquear inmigrantes. Temen que así alentarían nuevas olas de inmigrantes y, sobre todo en tiempos de crisis como ahora, cuando de indocumentados se trata, suelan dar rienda suelta a su bajos instintos xenófobos y chauvinistas.

Entonces, para que la idea pueda ser digerida por la opinión pública, cada “reforma” adosa al blanqueo de inmigrantes una serie de medidas represivas pensadas para compensar. Puede ser un mayor presupuesto para patrullar la frontera, o multas más onerosas para los empleadores de los indocumentados, o una luz verde para la erección de un muro. Entonces se arma todo un paquete y se vota. Así se normaliza de hecho la situación de millones de familias que viven y trabajan y pagan impuestos y tienen hijos y los mandan a la escuela en Estados Unidos, pero deben esconder su condición de ilegales, no pueden entrar a la economía formal y son vulnerables a la delación y la explotación. A esto se suma la estigmatización de los inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que pertenecen al mismo grupo racial y cultural que los ilegales perseguidos por la ley. Con cada “reforma” se transparenta y normaliza el mercado laboral. Hoy, en California, la mitad de los levantadores de la cosecha de fruta son indocumentados. La industria de la construcción en las grandes ciudades, las procesadoras de carne en el medio oeste, y las huertas y jardines en varios estados dependen fuertemente de la oferta de trabajadores sin papeles. Si bien cada “reforma migratoria” trae consigo su cuota de medidas represivas, los votantes latinos siempre la consideran una prioridad por una cuestión básica de dignidad y sentido de pertenencia histórica a una cultura que excede los límites territoriales del país que habitan.
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El presidente Obama había prometido una reforma migratoria, pero hasta ahora no había podido, o querido, hacer nada. Finalmente el martes, Obama presentó formalmente su propuesta en la escuela secundaria Del Sol de Las Vegas, Estado de Nevada, un Estado que solía ser conservador y contrario al partido de Obama, pero que en las dos últimas elecciones se dio vuelta. El vuelco se dio gracias al creciente voto de los inmigrantes latinos y su descendencia, que se multiplica a un ritmo muy superior a la media estadounidense. Antes California y Nuevo México, ahora Nevada, uno a uno los estados de la frontera se van pasando del partido conservador, el Republicano, al más liberal, el Demócrata, el que llevó a Obama a la presidencia, por la influencia del voto latino. Es que los latinos son la minoría que más rápido crece, y esa minoría creciente vota en proporción de tres o cuatro a uno a los candidatos demócratas por sobre los republicanos a la hora de elegir presidente. Si todo sigue igual, según algunos estudios, Arizona podría ser demócrata en la próxima elección y Texas en no más de quince años. En el sistema ganador-se-lleva-todo del colegio electoral estadounidense, si los republicanos no hacen algo para aumentar su porción del voto latino en esos estados, entonces los demócratas pasarán a ser imbatibles en elecciones presidenciales y se habrá acabado el bipartidismo. Para evitar semejante abismo, los republicanos necesitan recuperar al menos el piso del cuarenta por ciento del voto latino que alcanzaron durante la presidencia de Reagan en los años ochenta y que nunca más volvieron a tener. No es casualidad, y los republicanos lo recuerdan muy bien, que la última reforma migratoria ocurrió durante la presidencia de Reagan. Desde entonces varios intentos fracasaron. El último, en el 2007, se diluyó bajo el debilitado liderazgo del entonces presidente George W. Bush.

Por eso, tras ser castigados por el voto latino en varios estados clave en la reelección de Obama en noviembre pasado, los republicanos han dado señales de que estarían dispuestos a acordar una reforma migratoria. Hacerlo sería servirle a Obama un gran triunfo parlamentario, sin dudas el más importante de su segundo término, comparable en dimensión a la reforma sanitaria del primer mandato, pero ya sin mayoría propia, sino con apoyo bipartidista. Por razones de pura supervivencia política los republicanos estarían dispuestos, sí, pero siempre y cuando Obama sea lo suficientemente cuidadoso de no adjudicarse todo el mérito.

Por las dudas, para no cederle la iniciativa en este tema a Obama, el lunes pasado, un día antes del discurso del presidente en la escuela El Sol, cuatro senadores republicanos, encabezados por el cubano-estadounidense Marco Antonio Rubio, junto a cuatro colegas demócratas, anunciaron un plan bipartidista para la reforma migratoria.

El plan tiene algunas diferencias con el que anunciaría el presidente al día siguiente. En una palabra, el de los senadores es más duro. Dice que el blanqueo no podría empezar hasta que un panel de expertos certifique que la frontera está sellada, en una suerte de cláusula-gatillo. También propone un program de inmigrantes temporarios para que levanten la cosecha, algo que los gremios y el gobierno federal resisten porque tira para abajo los salarios del sector.

En Nevada, Obama prefirió no detenerse en esas diferencias. Al contrario, elogió la iniciativa de los ocho senadores y dijo que espera trabajar con ellos y otros parlamentarios para consensuar una buena ley. Sin embargo, aclaró que si el Congreso no se pone de acuerdo en un tiempo razonable, presentará su propuesta y pedirá un voto inmediato.

Es que, a diferencia de hace un par de años, ahora Obama está en condiciones hacer aprobar la reforma, y con un costo relativamente menor en medidas represivas. Esto se debe a un cúmulo de razones. Primero, la debilidad de los legisladores republicanos, que son los que suelen trabar estas reformas, aun durante presidencias republicanas. Tras la última elección, hasta los más reaccionarios entendieron que ya no pueden ignorar al votante latino. Segundo, la popularidad de Obama, que está en su mejor momento desde su asunción, con un índice de aprobación del 60 por ciento. Tercero, el número de inmigrantes ha declinado. Las detenciones en la frontera ha caído de un millón y medio hace cinco años a poco más de trescientos mil el año pasado. El total estimado de inmigrantes ilegales ha bajado de 12 a 11,1 millones durante el mismo período, según un estudio de la fundación Rand. Esto se debe en parte al parate de la economía estadounidense, en parte por el moderado repunte de la economía mexicana y en parte al éxito de la represión en la frontera. Lo cual no lleva a una cuarta razón, quizá la más poderosa: desde el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos ha hipermilitarizado la frontera con México, llegando a extremos inimaginables unos años atrás. Desde el Golfo de México hasta Baja California, la frontera es una sucesión de muros, drones, camionetas de la “migra”, patrullas vecinales, sensores, radares, perros adiestrados, y cámaras de video. Además, en los últimos años varios estados gobernados por republicanos han pasado leyes muy severas en contra de la inmigración ilegal, inclusive normas que permiten interrogar a una persona por el solo hecho de tener cara de inmigrante, o sea, por ser morocho. En materia represiva, en la frontera con México, para Estados Unidos, hay que decirlo, ya no queda mucho más por hacer.

En 1987 me tocó cubrir las consecuencias no deseadas de la reforma migratoria como novato cronista del Los Angeles Times. El gobierno federal acababa de reglamentar un artículo de la reforma que imponía fuertes multas para los contratistas de inmigrantes ilegales, y las razzias estaban a la hora del día. Una mañana partí bien temprano a una esquina de Glendale, suburbio de Los Angeles, donde docenas de indocumentados se juntaban cada mañana a partir de las cinco o seis para conseguir alguna changa. Esa mañana los trabajadores me contaron que normalmente los venían a buscar vecinos de la zona para hacer trabajos de jardinería o alguna mudanza, y que también se acercaban capataces de distintos campos y negocios cuando necesitaban reforzar su personal. El sitio era muy conocido. Los contratistas llegaban, generalmente en camionetas, hacían un gesto, señalaban a tres o cuatro, según el gusto y las necesidades, y esos tres o cuatro se subían a la camioneta y partían, contratados por el día, generalmente por el sueldo mínimo, que entonces rondaba los tres dólares y medio.

Pero esa mañana no venía nadie. Conté más de cien trabajadores de distinta edad y condición física, algunas mujeres también, todos esperando esa camioneta que no llegaba. En cinco horas apenas aparecieron una o dos camionetas. Cuando asomaron la esquina explotó. Desesperados, los trabajadores rodeaban a los patrones y se tiraban encima de sus vehículos, implorando a los gritos que los lleven a la changa. Cerca de las once de la mañana empezaron a despejar la esquina, terminado el horario habitual de las contrataciones, para ir a un comedor comunitario o salir a cartonear. Un joven se quedó sentado en el cordón. Sabía que ya no vendrían a buscarlo, pero no quería resignarse a otro día sin jornal. “Dígales que vengan, dígales que necesitamos trabajo”, recuerdo que me pidió, mirándome fijo a los ojos.

La reforma migratoria, como se les dice allá a los blanqueos de inmigrantes, son justos y necesarios, pero suelen traer consecuencias indeseadas. Mientras algunos alcanzan el sueño americano de la ciudadanía estadounidense tan deseada, otros deben pagar la cuenta. Esta vez pinta bien porque el blanqueo tiene muchas posibilidades de ser aprobado, son muchos millones los beneficiarios directos y las peores represalias se podrían evitar.

Publicado en Página/12 el 3 de febrero de 2013
Imagen: EFE