Otoño Arabe - Por Santiago O' Donnell

La Primavera Arabe tocó fondo esta semana cuando una corte en Minya, al sur de El Cairo, condenó a muerte a 529 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes en un juicio express que consistió en dos audiencias de poco más de una hora cada una.  Los condenados  fueron declarados culpables de matar a un policía durante un ataque incendiario a una comisaría en esa ciudad, bastión del islamismo en Egipto, en agosto pasado.

 En otras palabras, el velocísimo juez determinó que estos 529 sospechosos se habían confabulado y que cada uno de ellos había cumplido un rol fundamental en el asesinato de una sola persona, el policía. La sentencia despertó la indignación del mundo civilizado.  "La imposición masiva de la pena de muerte tras un juicio plagado de irregularidades de procedimiento está en violación del derecho internacional de los derechos humanos," declaró Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
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 El asalto a la comisaría de Minya que disparó la sentencia de muerte masiva, entre otros disturbios, fue en respuesta al desalojo violento por parte de la policía egipcia de una serie de sentadas de los Hermanos Musulmanes. La represión de las sentadas había causado al menos 900 muertos en un mes. Las sentadas se habían organizado para protestar el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio del año pasado. Morsi, referente del movimiento islamista Hermanos Musulmanes, había sido arrestado en un golpe militar a un año de haber asumido como el primer presidente egipcio democráticamente elegido. Antes, en la primavera del 2011, había sido derrocado el dictador Hosni Mubarak, también vía golpe militar, después de una serie de manifestaciones masivas en plaza Tahrir.

Como se ha dicho más de una vez desde esta columna, durante el breve lapso en que le tocó gobernar Egipto, los Hermanos Musulmanes y Morsi en particular cometieron muchos errores. Al ser la única fuerza política organizada cuando estalló la revolución ganaron las elecciones y obtuvieron mayorías tanto en el Congreso como en la Asamblea Constituyente. Pero más de medio siglo de proscripciones y persecuciones hicieron que los Hermanos Musulmanes se volvieran intransigentes y fundamentalistas a la hora de agarrar la manija, justo en un momento fundacional donde la negociación con distintos poderes se hacía imprescindible.

 En poco tiempo Morsi se enemistó con empresarios, militares, jueces y gobiernos extranjeros, mientras su popularidad caía en picada. Aún así, el presidente quiso imponer sus mayorías legislativas para hacer aprobar una constitución sin el consenso de otras fuerzas políticas y religiosas, constitución que establecía la sharia o ley islámica como ordenadora del sistema jurídico. Pero la Corte Constitucional frenó el intento al emitir sendo fallos que ordenaban disolver el Congreso y la Asamblea Constituyente. Por entonces ambos cuerpos legislativos sólo contaban con representantes del oficialismo, ya que los de la oposición habían renunciado en masa con el argumento de que sus argumentos no eran tenidos en cuenta.

Entonces Morsi emitió un decreto que le otorgaba la suma de los poderes y lo ponía por encima de la ley y de las cortes. El decreto le permitió reabrir la Asamblea, que a su vez le aprobó la constitución islámica sin debate público en menos de una semana. Pero ese mismo decreto de poderes ilimitados convirtió a Morsi en un dictador y desató otra ola de protestas masivas conocida como movimiento Tamarrod. El jefe del ejército, comandante Abdel el-Sisi, se montó en las protestas para voltear a Morsi.

 Enseguida empezó la represión. Los Hermanos Musulmanes fueron declarados organización terrorista, sus medios de comunicación clausurados y sus líderes encarcelados. El-Sisi había arrancado con el apoyo público de reconocidos líderes liberales y salafistas, pero a medida que avanzó con la represión fue perdiendo esos apoyos, aunque no su popularidad.

Desde su cargo autodesignado de ministro de Defensa, maneja los hilos de un gobierno liderado por un economista liberal y un diplomático retirado, con petrodólares de Arabia Saudita y Emiratos Arabes y la anuencia de Estados Unidos, que durante toda la revolución nunca cortó su considerable ayuda militar. La mano dura aplicada a los "terroristas" islámicos después de meses de violentas refriegas trae una sensación de paz y tranquilidad a las plazas y las calles del país.

 Entonces el-Sisi reescribe la constitución fallida de los Hermanos Musulmanes y la plebiscita. Se trata de una constitución laica que retiene el poder de las fuerzas armadas como en los tiempos de Mubarak. Consigue un 98 por ciento de adhesión y con eso lanza su carrera política. Desde la llegada de Gamal Abdel Nasser al poder en 1956 para reemplazar a la monarquía con nacionalismo revolucionario, Egipto siempre había sido gobernado por un general, con la excepción del año en que gobernó Morsi, y estos últimos meses de los títeres de el-Sisi. El general tiene todo listo para seguir la tradición. Hace tres días anunció su renuncia al ejército para presentarse en las próximas elecciones presidenciales que todavía no tienen fecha."Es la última vez que me pongo el uniforme", anunció por cadena nacional, con gorra y fajina,  el ministro de Defensa.

 Mientras tanto Morsi está siendo juzgado en cuatro procesos diferentes en el auditorio de una academia policial en un suburbio de El Cairo. Durante las audiencias, aparece en una jaula cubierta por un vidrio a prueba de sonido para que los jueces no tengan que escuchar sus protestas (foto). Los cargos no resisten el menor análisis: el más grave es haberse escapado de la cárcel en los días finales de la dictadura de Mubarak. Pero dada la situación es muy probable que reciba una dura condena. En esa misma academia policial el año pasado Mubarak, que había gobernado Egipto durante 30 años, recibió una sentencia de cadena perpetua por haber ordenado la represión de Tahrir que produjo 800 muertos en el 2011.

Lo cual nos lleva a los 529 condenados a muerte. Nadie cree que serán ejecutados y es muy probable que el sinsentido no vaya más allá de la cámara de apelaciones. Está claro que el-Sisi y sus aliados buscan cargar a los Hermanos Musulmanes con todo tipo de condenas judiciales para poder negociar desde una posición de fuerza su reinserción en la vida política. Porque está claro que Egipto no tiene futuro político si no se incluye a los Hermanos Musulmanes. Pero los liberales del poder judicial que alguna vez fueron los únicos en enfrentar a Mubarak, ahora se han aliado a los militares nacionalistas para perseguir y aplastar al enemigo común: el islamismo más o menos radical de los Hermanos Musulmanes y sus aliados.

Entonces todo parece encaminado para una vuelta al Egipto pre-revolucionario, con un general a punto de hacerse cargo por la vía electoral (Mubarak también ganaba elecciones periódicas), con los Hermanos Musulmanes ilegalizados y desmovilizados (las protestas cada día son más débiles), con la corporación judicial hiperpolitizada y haciendo gala de su poder, con un sistema de partidos que oscila entre débil e inexistente, con una sociedad civil desmoralizada, con un pueblo asustado por la virulencia de la represión policial y judicial, de la cual la condena a muerte masiva de esta semana es un todo un símbolo.

La única diferencia es que el-Sisi sabe que no es un héroe revolucionario y que no ha ganado ninguna guerra. Su poder depende de su popularidad. Si algo aprendió de Mubarak y Morsi, es que a falta de instituciones sólidas, ningún mandatario egipcio, desde la Primavera Arabe en adelante, es indemne a la movilización popular. Entonces necesariamente el-Sisi tendrá que liderar una transición hacia un sistema que haga lugar algún tipo de mecanismo democrático, o caerá víctima de la ira de las masas y de la venganza de los jueces egipcios.

Aunque Egipto parece más pacificado y encaminado que unos meses atrás, la tregua parece endeble. Es preocupante que el futuro del país esté en manos de un personaje como el Sisi, cuya habilidad para reprimir parece ser el principal activo de su incipiente carrera política.

Apagar la candela - Por Santiago O`Donnell

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue poniendo a prueba a los gobiernos de la región y a los organismos para la defensa de los derechos humanos.  Pimero vino la represión de las marchas del  doce y trece de febrero, con al menos tres estudiantes asesinados a los tiros y decenas de personas baleadas por el sólo hecho de manifestarse en la vía pública.  Aún cuando Maduro reconoció dos días después que agentes del servicio de inteligencia del gobierno venezolano, Sebin, habían disparado munición viva durante la protesta, según él sin su consentimiento, semejante acto de violencia estatal  se encontró con silencios cómplices y con reacciones tibias y tardías.

Envalentonado,  Maduro redobló la apuesta en un discurso televisado desde el Palacio Miraflores, el 24 febrero . Ordenó públicamente a sus grupos de choque que levanten los cortes de ruta de manifestantes opositores. En sus palabras, “hay que apagar la candela”.  Ordenar que se reprima la protesta social no parece muy progre que digamos.  Pero mandar a patotas por televisión en vez de encomendarle la tarea a fuerzas policiales…ya daría la impresión de un plan sistemático para clandestinizar la violencia del Estado, lo cual suena mucho peor.
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No por casualidad, desde entonces se suceden protestas cada vez más violentas en Venezuela. Esta semana, mientras la Guardia Nacional Bolivariana reprimía protestas con chorros de agua y disparos de balas de goma, dos de sus miembros fueron asesinados por  paramilitares antichavistas. Ya lo aprendimos en la Argentina. La violencia estatal genera respuestas violentas en los grupos opositores más radicalizados, que a su vez sirven de excusa o justificativo  para redoblar la violencia estatal, sobre todo la clandestina. Lo vivimos en la Argentina, lo denunciamos en Estados Unidos con el regreso de la tortura y otras maravillas de la Guerra al Terrorismo. Pero en Venezuela parece que no lo vemos.

Acá, otra vez hace falta explicitar que los derechos humanos son los que nos defienden en contra de los crímenes cometidos desde el Estado. Inspirados en la experiencia del nazismo, sus defensores parten de la premisa de que los crímenes cometidos al amparo del Estado son peores que los que cometen individuos o grupos particulares, ya que pueden llevar al exterminio de poblaciones  a las cuales quienes controlan el Estado consideran que hay que eliminar. Las organizaciones de derechos humanos están para garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de circulación. No para denunciar a los manifestantes, sino para defenderlos.

En cuanto a la defensa de la democracia, está bien que los organismos de derechos humanos se ocupen de eso, lo mismo que todas las organizaciones públicas, estatales y de la sociedad civil. Porque la democracia es de todos.  Sin embargo,  en Venezuela  la defensa de la democracia se usó como una cortina de humo para tapar las violaciones a los derechos humanos. La prueba está en que las violaciones ocurrieron y no fueron debidamente denunciadas, mientras el golpe no ocurrió pero fue denunciado hasta el hartazgo.

Volviendo a la represión del 12 y 13 de febrero, el propio Maduro había admitido la responsabilidad del Estado venezolano. En un discurso desde el palacio presidencial dos días después, el mandatario había atribuido la culpa por lo ocurrido a un exceso de celo sus agentes civiles armados, en su afán por restaurar el orden público que las protestas estudiantiles habían alterado. “Ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon, presos tienen que ir, lo primero no tenían que estar ahí ni de broma y segundo armados menos y tercero disparando menos. Están detenidos los funcionarios públicos que usaron armas el 12-F. Los entregué. Si alguno está involucrado que pague con cárcel, los del Sebin que están ahí incumplieron la orden directa del director del Sebin de no salir a la calle  y menos de armas," dijo entonces Maduro. O sea, apeló a la vieja excusa de los "excesos" pero confirmó lo que ya mostraban numerosos videos, fotos y testimonios: agentes civiles del gobierno disparándole a los manifestantes. Todavía no se sabe quiénes son esos "funcionarios públicos que usaron armas" y que Maduro "entregó". Ni donde están, ni a quién fueron entregados.

 Sin embargo, esa semana Cristina Kirchner y los presidentes del ALBA se llenaron la boca con discursos de apoyo para “Nicolás”, ignorando la confesión pública de Maduro, sin mencionar ni una vez la palabra “derechos humanos.”  Mientras tanto, la gran mayoría de los organismos de derechos humanos del país y la región guardaban silencio. Lo mismo que Dilma, Pepe Mujica y Bachelet. Hubo excepciones, claro. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en tiempo y forma, denunciando el accionar de “civiles armados” en contra de los manifestantes, y poniendo a los derechos humanos al frente de sus preocupaciones. Pero de los tres organismos mencionados, el primero tiene sede en Londres, el segundo en Nueva York y el tercero en Washington.

De los organismos con sede en la Argentina, el primero en pronunciarse fue el  Servicio de Paz y Justicia a través de un comunicado de su presidente Adolfo Pérez Ezquivel, premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos durante la última dictadura. Fue el 22 de enero. Ya habían pasado diez días desde el comienzo de la represión, y ya habían hablado Cristina, Evo, Raúl Castro y Daniel Ortega en defensa de Maduro sin mencionar a los estudiantes baleados.  “La solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno es un gran desafío  para toda Nuestra América. Resulta preocupante y dolorosa la intensidad de la violencia desatada, provocando muertes, heridos y daños materiales” dice el comunicado. Después de culpar a Estados Unidos, a los medios de comunicación y a la oposición por la violencia, Pérez Esquivel reconoce que  “se deben investigar las muertes de estudiantes en manos de encapuchados para que haya justicia por las víctimas.” En el noveno párrafo aparece una única mención a los “derechos humanos” aunque de manera genérica, sin referirse específicamente a Venezuela.

Dos días más tarde se pronunció la Asamblea Permanente  por los Derechos Humanos (APDH).  Sin mencionar a la represión, la APDH también culpó a Estados Unidos, a los medios de comunicación y a la oposición por la violencia en Venezuela.  Con un lógica difícil de entender, intentó explicar que su “esencia” como organismo de derechos humanos implica repudiar a manifestantes particulares por  “neofascistas” y solidarizarse con las víctimas, pero  sin denunciar a sus asesinos, los agentes estatales del Sebin. “En este marco, la APDH hace un llamado a prestar atención y condenar las señales neofascistas que se manifiestan en este intento que hoy sacude a Venezuela, como puede sacudir mañana a otros lugares de nuestro continente. Desde nuestra esencia como Organismo de Derechos Humanos, nos solidarizamos con el pueblo venezolano y especialmente con las familias que sufren el dolor de esa violencia que ya ha causado como mínimo 13 muertos y decenas de heridos.”

Al día siguiente, 25 de febrero, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado junto a más de cincuenta organismos de la región agrupados en la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas. El comunicado denuncia “actos de violencia” en Venezuela. De manera insólita para un comunicado que representa a organismos de derechos humanos, el texto señala como primeros presuntos responsables de esa violencia a “participantes en las protestas.” Recién después de los manifestantes aparecen mencionados, otra vez en modo potencial, civiles armados y policías. “Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos.” El comunicado sigue con una serie de consejos para Maduro, escritos en tono casi amistoso,  sobre cómo se deben respetar los derechos humanos, aún los de manifestantes enojados o violentos.  “Es fundamental…que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos,” concluye el texto. De los crímenes del Sebin admitidos por Maduro hacía ya diez días, ni una palabra.

Con menos sutileza se expresó la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo hizo a través de un comunicado leído el 27 de febrero, durante la tradicional ronda de los jueves, un día después de conocerse el texto de la coalición. El comunicado de las Madres lleva la firma de Hebe de Bonafini, presidenta de la agrupación. “Querido compañero, Maduro: como ves, el enemigo no descansa, pero nosotros tampoco. Desde Argentina, desde la casa de las Madres, desde nuestro corazón, te apoyamos. Lamentamos las muertes de los compañeros, lamentamos el intento de Golpe,” escribió.

A diferencia de la negación o la ambigüedad de los organismos de derechos humanos argentinos, una agrupación de reconocidos politólogos de este país llamada Club Político Argentino le puso nombre y apellido a las prácticas represivas del gobierno de Maduro. Su comunicado del 26 de febrero empieza así: “La violencia que sufre Venezuela no puede dejar impasibles a quienes creemos en el valor del respeto a los derechos humanos, la paz y el diálogo como componentes de la democracia y la convivencia. La oposición política y aquellos que disienten con el gobierno en ese país hermano, vienen siendo objeto de una agresión que no puede sino ser condenada y repudiada. Esa violencia está entrando en un camino de pérdida de vidas humanas, que nos lleva a exigir que se detenga y se inicie de inmediato un proceso de diálogo. Es imprescindible que las autoridades reviertan las prácticas que han llevado a esta situación y se persuadan de que la primera obligación de un gobernante es preservar la unidad y la armonía de su pueblo considerando que el respeto por los derechos humanos es un principio fundante. La dialéctica amigo/enemigo no debe justificar su violación.”

Ante las escasez de críticas y el éxito de su campaña de denuncia de un supuesto golpe que preparaba la oposición,  Maduro fue por más. El 24 de febrero mandó a sus partidarios, en particular a las milicias armadas al amparo de su gobierno conocidas como “colectivos”, a romper por la fuerza  los cortes de ruta que venían realizando manifestantes de la oposición. Lo hizo por televisión, en cadena nacional, con un lenguaje elíptico y coloquial, pero sin dejar dudas: “Así que quedan invitados.  Es mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo porque algunos de ustedes están apagando candelitas allá, bueno, pero hay que tener equipo y bueno tener la capacidad desde aquí para lanzar el chorro de agua y apagar la candela cuando se prenda, esas candelitas como decía la negra Antonia, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Así que bueno, eso nosotros lo estamos trabajando al detalle.”

Todavía faltaba que se pronuncien la OEA, el organismo multilateral interamericano con sede en Washington, y la Unasur, el espacio político que agrupa a las naciones sudamericanas.

 Con respecto a la OEA, hay que reconocer que su secretario general José Miguel Insulza fue una de los primeros en exigir una investigación imparcial e independiente de los sucesos del 12 y 13 de febrero. Pero como organismo, la OEA recién pudo reunirse para tratar el tema tres semanas después de los hechos. Lo hizo a pedido de Panamá. Maduro se tomó el pedido panameño como una traición porque quería que antes se pronunciaran  los cancilleres de la Unasur, quienes conforman un ámbito supuestamente más amistoso, para marcarle la cancha a los estadounidenses. Pero como los cancilleres sudamericanos no se ponían de acuerdo, la OEA avanzó.  A causa de la convocatoria Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Panamá. Al hacerlo Maduro declaró que el presidente panameño Ricardo Martinelli, además de traidor, era un coimero.  El siete de marzo, tras 18 horas de tortuosas negociaciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó un texto que apoya al diálogo convocado por el gobierno venezolano , sostiene el principio de no intervención y llama a “todos los sectores” a frenar la violencia y respetar los derechos humanos.  Para diluir aún más la responsabilidad del Estado venezolano por la represión, la resolución  de la OEA mezcla derechos humanos con derechos universales básicos, como el de acceso a servicios de salud y de educación. “(El Consejo señala) su más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, y hace un llamado a todos los sectores a la paz, a la tranquilidad y al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, circulación, salud y educación,” dice el comunicado en su párrafo más incisivo. Por considerarlo insuficiente, Estados Unidos, Panamá  y Canadá votaron en contra de la resolución, contra 29 votos positivos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano, incluyendo una gira sudamericana de su canciller Elías Jaua, los cancilleres de Unasur recién se reunieron para tratar la crisis venezolana el 13 de marzo, un mes después de la represión y una semana después del pronunciamiento de la OEA, aprovechando la asunción de Michelle Bachelet en Santiago de Chile. Antes, el 16 de febrero, la presidencia pro tempore del organismo a cargo de Surinam había emitido un escueto comunicado de cuatro oraciones denunciando un intento golpista en Venezuela y omitiendo cualquier referencia a los derechos humanos.  “Los Estados Miembros de Unasur manifiestan su firme rechazo a los recientes actos violentos en la República Bolivariana de Venezuela y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular,”  decía el comunicado.

En Chile las cosas fueron diferentes. Jaua consiguió el respaldo unánime a la continuidad democrática que buscaba, sin injerencias de Estados Unidos y sus aliados norte- y centro-americanos en la redacción de la resolución.  Pero a cambio los representantes de Chile, Perú y Brasil exigieron que el texto le dedicara un considerando a la defensa de los derechos humanos. La propia Bachelet lo aclaró cuando le preguntaron en conferencia de prensa por la supuesta omisión de la palabra “derechos humanos” en la resolución de Unasur. “Léala bien,” contestó, segura, la presidenta, consciente de las instrucciones que le había dado a su canciller, Heraldo Muñoz. En efecto, el periodista había confundido el comunicado del 16 de febrero con la resolución del 13 de marzo. En la resolución la frase aparece, tibia, en el segundo párrafo.  Al igual que el texto de la OEA, el de los cancilleres sudamericanos enreda “salud y educación” con libertades individuales. Pero a diferencia de aquél, la demanda de respeto a los derechos humanos se refiere a la región en general y no a un país en particular.  Sin embargo, los cancilleres no se habían reunido en Chile para hablar de salud y educación en América latina, sino de violencia, democracia y derechos humanos en Venezuela..

La resolución 2014 de la Unasur, en su segundo considerando, dice lo siguiente:   “Ratificando el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y reunión pacífica, circulación y libre tránsito, salud y educación, como condiciones esenciales al desarrollo del proceso de integración suramericana...” En la parte resolutiva del texto, los cancilleres acordaron enviar una delegación a Venezuela para "acompañar" a Maduro en la búsqueda de un diálogo político con la oposición. La delegación venezolana festejó el leve y tardío tirón de orejas de sus vecinos como un gran triunfo diplomático. "La Unasur ha salido fortalecida de este profundo debate sobre los valores políticos de la región," celebró Jaua.

La represión  en Venezuela  pone a prueba a los organismos de derechos humanos en la Argentina y las Américas.  Si en vez de actuar como  tales prefieren comportarse como  organismos de  defensa de gobiernos supuestamente revolucionarios o progresistas, convendría que se cambien el nombre para no confundirse ellos y para no perder credibilidad.

Las balas del Sebin  también ponen a prueba a los gobiernos de la región. Si no pueden establecer un piso mínimo de respeto a los derechos humanos, difícilmente se podrán poner de acuerdo en temas menos importantes.

Setentismos - Por Santiago O`Donnell

Parece que en Estados Unidos la violencia revolucionaria setentista ha perdido su encanto. La novedad tomó por sorpresa nada menos que al presidente estadounidense Barack Obama hace diez días cuando el Senado, cuya mayoría es oficialista, bochó al candidato presidencial para ocupar la emblemática oficina de Director (o Secretario) de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Se trata del funcionario de más alto rango que el Congreso le haya rechazado a Obama, y llega después de seis años de gestión y cientos sino miles de funcionarios aprobados. Y llega gracias a un buen puñado de votos de senadores del partido Demócrata del presidente, a pesar de que Obama y su vice Joe Biden se pasaron la semana anterior al teléfono tratando de convencerlos de que apoyen al candidato. Tal fue la sorpresa y el desagrado de la Casa Blanca que ésta se había negado a retirar la candidatura aún cuando horas antes de la votación, el jefe de bancada había llamado al presidente para advertirle que no tenía los votos suficientes.  “Los principales asesores de Obama están furiosos con los senadores demócratas que votaron en contra”, informó al día siguiente el  New York Times. Ese mismo día, en un comunicado, Obama dijo que la votación había sido una farsa (“travestry”). “Han negado al país un servidor público sobresaliente,” lamentó el presidente.
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Claro, se entiende. Había sido un revés político importante. Porque además la secretaría de Derechos Civiles no es cualquier secretaría.  Por la importancia histórica y cultural del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, es una vidriera importante, especialmente para los gobiernos demócratas. Ni hablar del primer presidente negro de la historia. Porque el principal objetivo de la secretaría es ampliar los derechos de los negros y de las demás minorías para que sean equiparables a los de la mayoría. El movimiento por los derechos civiles nació de la gesta abolicionista del siglo XIX y alcanzó su apogeo en los años 60, cuando John F.Kennedy ejercía la presidencia y su hermano Robert encabezaba el Departamento de Justicia . Antes de las leyes y de los cambios que implementaron los gobiernos de Kennedy y su sucesor Lyndon B. Johnson ,  en el sur de Estados Unidos había empezado una ola de desobediencia civil, impulsada por patriadas como la de0 Rosa Parks,  al sentarse en un “asiento para blancos” de un colectivo, o de “los Cuatro de Greensboro” que se negaron a levantarse del mostrador de un comedor cuando el dueño les negó servicio por ser negros. También grandes marchas como la de Selma o la de Washington, y miles de “sentadas” de protesta que terminaban en palizas de la policía estatal  y un gran líder como lo fue el reverendo Martin Luther King Jr., cuyos discursos congregaban multitudes conmovían  hasta las piedras . Así,  poco a poco fueron desapareciendo las diferencias entre “baños”  y “baños para negros” en los restaurantes, los bebederos “para blancos” y  “para personas de color” en las plazas, las leyes que hacían casí imposible que un negro pudiera votar, los mapas electorales que dejaban a los negros fuera de la posibilidad de ser electos. Desde la misma Secretaría de Derechos Civiles se implementaron las leyes de discriminación positiva que el Congreso había aprobado en el gobierno de Johnson, las llamadas “leyes de acción afirmativa”, para integrar escuelas y lugares de trabajo en los sectores público y privado a través de un sistema de cuotas obligatorias para minorías.

El movimiento de derechos civiles motorizó otras conquistas emblemáticas de los años 60, como la enmienda constitucional que garantiza igualdad de derechos para la mujer con respecto al hombre. También se ocupa de los defender los derechos de los pueblos originarios, de la discriminación contra los inmigrantes latinoamericanos y, más recientemente, de las políticas antiterroristas que violan derechos de la comunidad islámica de Estados Unidos. Por eso la dirección de Derechos Civiles no es un cargo cualquiera, menos en un gobierno demócrata y mucho menos bajo el primer presidente negro de la historia y para colmo un presidente con una historia tan ligada al movimiento que lo apodaron “el Kennedy negro”. Como muchos jóvenes abogados negros con vocación pública, Obama había empezado su carrera legal trabajando para un estudio especializado en derechos  civiles y había empezado su carrera política con una taréa típica del movimiento, la organización de campañas para registrar  votantes negros en  los suburbios de Chicago.

El candidato de Obama que su Senado bochó se llama Dego B. Adegbile.  Fuera de su ámbito no es muy conocido. Se trata de un abogado de derechos civiles, hijo de un inmigrante nigeriano y una inmigrante irlandesa, que preside desde hace años el departamento legal de la NAACP (literalmente “Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color”), la principal ONG de derechos civiles para negros. Adegbile nació en 1966. No tuvo una actuación pública en los 70 ni se le conocen actos de violencia. Pero registra un antecedente que la mayoría del Senado no pudo tragar. En el 2009, en nombre de la NAACP,  presentó en la Corte Suprema una apelación en favor del condenado a muerte más famoso de Estados Unidos. La apelación funcionó. El preso fue liberado de la pena capital porque la Corte consideró que durante el juicio por un asesinato cometido en 1981 el jurado había recibido instrucciones tendenciosas del juez en favor de la pena máxima.  El condenado a muerte más famoso de Estados Unidos había matado a un policía. En el Senado, los defensores de Adgbile argumentaron que no está bien confundir a un abogado con su defendido, ya que la constitución estadounidense le garantiza el derecho a la defensa a todos sus ciudadanos. Contestó Bob Casey, senador  Demócrata por Pennsylvania, cuyo voto en contra fue decisivo para hundir la nominación: “Respeto que nuestro sistema de leyes le asegure el derecho a la representación a todos los ciudadanos, sin que importe lo horrible que pueda ser el crimen cometido. Al mismo tiempo es importante que le aseguremos a los ciudadanos de Pennsylvania y de todo el país que pueden tener confianza plena en sus representantes públicos, tanto los electos como los designados.”

El ex condenado a muerte más famoso de Estados Unidos se llama Mumia Abu-Jamal, nacido en Philadelphia en 1954. A los dieciseis años se unió a la organización africanista revolucionaria Panteras Negras, donde alcanzó el puesto de “Teniente de Información”. En una entrevista que concedió por entonces como vocero de la organización en Philadelphia, citó a Mao: “el poder político crece en el cañón de un arma”. Después de dejar las Panteras Negras a fines del 1970 siguió vinculado a la causa del llamado nacionalismo negro y se convirtió en un seguidor de las enseñanzas de Malcolm X, contracara del movimiento pacifista de King y autor de la famosa frase “por todos los medios necesarios”.  Al mismo tiempo emprendió una carrera de periodista radial, llegando a entrevistar a ìconos afroamericanos como el autor de la biografía de Malcolm X y de la novela èpica "Raíces" Alex Haley, el autor del himno revolucionario “Guerra” y leyenda del reggae Bob Marley, y la estrella de básquet Doctor J (Julius Erving), que en ese entonces lucía el peinado afro más desafiante del deporte profesional. En esos años Abu-Jamal también hizo un reportaje a miembros de grupo anarquista local, MOVE, antes de que fueran encarcelados por el asesinato de un policía. Alcanzó el cargo de  presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Philadelphia, pero trabajaba en radios marginales y manejaba un taxi para mejorar sus ingresos.

En la noche  9 de diciembre de 1981, un agente de policía llamado Daniel Faulkner paró un auto conducido por el hermano de Abu-Jamal  en un esquina de Philadelphia. Según testigos, mientras el condutor discutía con el policía, Abu Jamal, que estaba estacionado en su taxi en la vereda de enfrente, salió corriendo hacia el policía y empezó a dispararle. Antes de caer muerto, Faulkner contestó el fuego e hirtió a Abu-Jamal en el pecho. Cuando llegó la ambulancia Abu-Jamal estaba tirado en el asfalto a pocos metros del policía muerto. Sobre su camisa ensangrentada a llevaba puesta una cartuchera de cuero para guardar un arma corta debajo el sobaco y cerca de él yacía un revólver calibre 38 registrado a su nombre que recién había sido disparado, con una bala y cinco vainas vencidas en el tambor, cuyos proyectiles se alojaban en el cuerpo de Faulkner.

 A pesar de todas las evidencias, Abu-Jamal nunca admitió lo que hizo.  En el juicio no declaró y recién en el 2001 escribió su versión de los hechos. Dijo que esa noche había escuchado unos disparos y después había visto que su hermano estaba desorientado, entonces se acercó y le dispararon. Aún así se convirtió en una celebridad.

Eran tiempos en que los policías eran “cerdos”. Las Panteras Negras, con sus grandes peinados afro y sus exhibiciones públicas de armas de fuego, estaban de moda.  El mundialmente famoso compositor y director de orquesta  Leonard Bernstein recibía a sus líderes (con sus afros y sus fierros) como especies exóticas que adornaban  las fiestas de alta sociedad que celebraba en su mansión de Park Avenue de Nueva York, con la excusa  benéfica de juntar dinero para el fondo legal de la organización revolucionaria, tal como lo describiera Tom Wolf en su gran ensayo “El radicalismo chic le hace mau mau a los RR.PP. de moda.”

Aunque la viuda de Faulkner y el principal sindicato de policías estadounidenses  (Fraternal Order of Police) nunca dejaron de denunciar que Abu -Jamal era un asesino y un mentiroso que nunca se arrepintió, la inhumanidad misma de la pena capital le permitió presentarse en sociedad como un erudito prisionero político, víctima de un sistema injusto. Su campaña para intentar demostrar que había recibido una condena injusta en un juicio supuestamente amañado recibió el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y políticos. Figuras de la izquierda champán de Estados Unidos como los escritores Norman Mailer, E.J. Doctorow y  Maya Angelou, y referentes mundiales de la libertad de expresión como el escitor inglés Salman Rushdie prestaron sus nombres a la causa. Así, Abu-Jamal  fue declarado ciudadano honorario de 25 ciudades del mundo, incluyendo Paris, Copenhagen, Montreal y Palermo. Un grupo alemán de víctimas de fascismo lo designó miembro honorario. Hasta bautizaron una calle “Rue Abu-Jamal” en el suburbio parisino de Saint-Denis. Sus escritos desde la cárcel sobre el africanismo revolucionario en Estados Unidos han aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas como el Yale Law Review, mientras programas radiales transmitidos desde su celda han sido reproducidos por la reconocida red estatal National Public Radio.

La NAACP se unió a la defensa de Abu-Jamal en el 2009 con la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema, pidiendo que se revoque la pena de muerte, petición que había sido apoyada, entre otros, por Noam Chomsky, Danielle Mitterand y Günter Grass. En el 2012 la Corte Suprema cambió la pena capital por reclusión perpetua sin posibilidad de ser excarcelado, que Abu Jamal hoy cumple en la prisión estatal de Frackville, Pennsylvania.
La decisión del Congreso de rechazar la candidatura del abogado de Abu-Jamal parece mostrar que algo ha cambiado en la mirada estadounidense  sobre la violencia revolucionaria setentista.  Seguro que atentado de la Torres Gemelas le restó glamour a la romántica idea de tomar el poder por medio de tácticas terroristas.

Pero hay algo más. Algo que nos acerca a esta historia. La llegada al poder de un presidente negro, impensable décadas atrás,  parece mostrar que la lucha por los derechos civiles en cierto sentido ha triunfado en Estados Unidos.  Del mismo modo, en la Argentina, el encarcelamiento de cientos de los principales represores de la dictadura, algo impensable diez años atrás,  parece mostrar que el movimiento por los derechos humanos  en cierto sentido ha triunfado también.  Esos dos hitos, alcanzados acá y allá en estos tiempos, son los que permiten avanzar con una relectura más crítica y menos parcializada e idealizada de lo que pasó en esos años, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. El debate excede y por mucho lo votado en el Capitolio y la distinta suerte que corrieron Obama, Adegbile y Abu-Jamal. En el contexto histórico de la violencia revolucionaria contra gobiernos demócraticos, los Panteras Negras no son tan distintos a los Montoneros.

Mamushka - Por Santiago O`Donnell

 

 La matrioska o mamushka es uno de los objetos favoritos de los turistas que visitan Rusia. Se trata de un juego de muñecas tradicionales de ese país, brillantes y coloridas, que al ser huecas por dentro y al abrirse por la mitad, cada una  contiene otra más chica en su interior, que a su vez contiene otra más chica,  todas distintas a la anterior.  Para ver el juego completo hay que buscar adentro de cada ilustración, ir más allá de esa primera impresión de unidad, que termina resultando engañosa.  Algo parecido sucede en Ucrania.

 En estos días Rusia y Estados Unidos reeditaron el drama de la Guerra Frìa, esto es, la amenaza de una guerra nuclear, al adoptar posturas opuestas en un conflicto sangriento y explosivo que sacude el este europeo. Así como Estados Unidos quiere frenar el expansionismo ruso, Ucrania quiere independizarse de la gran Rusia para unirse a la Unión Europea. Mientras tanto, Crimea quiere independizarse de ese país para unirse a Rusia. Y la minoría tártara y eslava del tercio rusoparlante de Crimea quiere seguir siendo parte de una Ucrania occidental para no caer bajo la sombra del Kremlin. Guerra Fría, independencia, secesión, rebelión.
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Arranquemos con la primera muñeca. Anteayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama estuvo una hora al teléfono con su par ruso Vladimir Putin para intentar poner paños fríos a una situación explosiva, con tropas rusas en Crimea prácticamente cara a cara con tropas ucranianas, que a su vez cuentan con el apoyo de la OTAN. Por lo que se supo a través de sendos comunicados de las dos partes, Obama le comunicó a Putin que la intervención rusa en Crimea debe terminar y que habrá sanciones diplomáticas, pero que Estados unidos sigue apostando a una solución al conflicto a través de negociaciones directas entre Moscú y Kiev. Putin contestó que es muy importante el diálogo entre Estados Unidos y Rusia para preservar la paz mundial, aún cuando no estén de acuerdo en todos los temas.

 Segunda muñeca. Ucrania tenía un presidente aliado de Rusia, pero una población que en su mayoría favorece un acercamiento con Europa. O sea, a diferencia de lo que sugieren los clichés, la pertenencia étnica no es el único factor que los ucranianos consideran a la hora de votar. Con su economía al borde de la bancarrota, el presidente aliado de Rusia, Viktor Yanukovich, venía de cancelar un preacuerdo para entrar a la Unión Europea y de obtener a cambio un rescate económico de Moscú, más un trato para comprar gas ruso con un tercio de descuento y para renegociar la abultada deuda ucraniana con la estatal rusa Gazprom. Fue hace algo más de tres meses. No consultó a nadie pero estaba en su derecho : tenía la mayoría legislativa y un año  más de mandato presidencial hasta las próximas elecciones. La gente se le vino encima. Millones en las calles, decenas de miles en la plaza Independencia de Kiev. No eran todos, claro, eso se verá más adelante. Pero eran muchos y determinados y finalmente se produjo una brutal represión que Yanukovich dice que no ordenó. Yanukovich dijo que los policías tienen derecho a defenderse y es cierto: en la refriega murieron 16 uniformados y a tres meses de resistir en barricadas el crudo invierno ucraniano los manifestantes no eran bebés de pecho y entre los más violentos sobresalían los grupos neonazis. Pero la represión fue feroz: más de cien muertos, 300 desaparecidos y miles de heridos . La carnicería empezó el 18 de febrero y  llegó a su punto más trágico dos días después, cuando 42 manifestantes, casi todos desarmados, fueron ejecutados por francotiradores en Plaza Independencia de Kiev. La represión le costó a Yanukovich su mayoría legislativa y el 24 de febrero la Rada o parlamento votó un cambio constitucional que reducía significativamente los poderes presidenciales en favor de la legislatura. Yanukovich ofreció negociar y sumar a la oposición al gobierno, pero su crédito estaba acabado.  La gente seguía en la calle, con más y más bronca. Entonces  Yanukovich huyó, según él, para preservar su seguridad. Con él huyeron todos sus ministros y los demás principales funcionarios de su administración.  La casa de gobierno quedó vacía. Yanukovich reapareció al día siguiente en el este de Ucrania y dijo que seguía siendo presidente. Tres horas más tarde la legislatura ucraniana, llamada Rada, votó su destitución por 326 votos a cero, con seis abstenciones. En la misma sesión la Rada nombró un gobierno provisorio notoriamente proeuropeo y llamó a elecciones presidenciales para el próximo 25 de mayo.  Yanukovich reapareció el 28 de febrero, esta vez del otro lado de la frontera rusa, para declararse víctima de un golpe y afirmar que seguía siendo el presidente legítimo. La Rada reaccionó votando un ley para que Yanukovich sea juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Además, formalizó un pedido a Moscú para que extradite el presidente depuesto.

Antes de abrir esta muñeca para pasar a la próxima, habría que detenerse y observarla un poco más. Uno podría decir que hubo una revolución, una revolución que estalló a partir de una represión desmedida que le quitó legitimidad al gobierno.  Que el gobierno que cayó por el peso de su accionar terrorista. Pero Yanukovich no renunció. ¿Importa si renunció? ¿Importa la constitución? (¿Hubiera sido lo mismo si De la Rúa se iba en helicóptero sin haber firmado su renuncia?). Son momentos excepcionales de la historia, en los que sostener la reglas del juego se hace difícil porque esas reglas deben ser lo suficientemente flexibles como para contener grandes transformaciones. La constitución de Ucrania demostró no estar preparada, en al menos dos dimensiones. Por un lado, la constitución de Ucrania había sido muy manoseada en sus escasos 18 años de existencia. Iba y venía entre un sistema parlamentario y uno presidencialista según las conveniencias políticas de los gobiernos prorrusos y proeuropeos, con grandes cambios cada cuatro o cinco años, despertando críticas del más reconocido organismo internacional de expertos constitucionalistas, la Comisión de Venecia. Por otra parte el mecanismo de destitución por juicio político de la constitución ucraniana es demasiado complicado para una crisis como la que le tocó vivir a ese país. Según explicita la Carta Magna ucraniana, primero la Rada debe nombrar una comisión investigadora independiente.  Los resultados de la comisión a su vez deben ser remitidos a la Corte Suprema, la cual a su vez debe fallar que hay suficientes pruebas como para avanzar con el juicio político en la legislatura. De ser así, la Rada debe obtener otro fallo, esta vez del Tribunal Constitucional, que avale la legalidad de los procedimientos. Entonces sí se podía llegar a una votación. Pero aún así se hacía muy cuesta arriba, porque había que sumar una mayoría extraordinaria de tres cuartos de los votos. Está bien, uno entiende que la intención de quienes escribieron la constitución ucraniana es preservar la santidad del voto popular, dificultando el reemplazo del principal funcionario electo, o sea el presidente, por la vía legal o legislativa. Tampoco querríamos un juicio político express como el que le hicieron al presidente paraguayo Fernando Lugo en el recordado golpe legislativo del 2012. Pero Lugo no había mandado a matar a nadie, mientras hay fuertes sospechas de que Yanukovich ordenó a sus francotiradores que abran fuego sobre manifestantes indefensos en plaza Independencia. Podría haberse labrado una cláusula que permita la suspensión más o menos inmediata del presidente en caso de graves y evidentes violaciones a los derechos humanos, pero no fue el caso en Ucrania. Por lo tanto tenemos que reconcer,  mal que nos pese, que los violadores de derechos humanos en Ucrania tienen al menos parte de la razón cuando dicen que fueron víctimas de un golpe de Estado. Yanukovich no renunció ni se fue por las buenas. Más bien lo apretaron. Es lo que dice el Kremlin y lo que gritan los ucranianos prorrusos que se manifiestan en Donetsk, Odessa y otras importantes ciudades de este de Ucrania, y no sólo en Crimea.  Lo cual nos lleva a la otra muñeca. Crimea es parte de Rusia desde hace más de 200 años. Solo por una retaliación administrativa en tiempos de Kruschev fue anexada a la entonces república soviética de Ucrania. Cuando cayó el muro y se desarmó la Unión Soviética, Crimea quedó como república autónoma de Ucrania, pero mantuvo fuertes vínculos con Moscú, ya que en sus costas alberga la principal base naval de la flota rusa en el Mar Negro. Crimea tiene una población mayormente ruso-parlante pero también una importante minoría tártara vinculada a Turquía, que ocupa la orilla occidental del mar.  Está claro que Rusia ejerce una hegemonía militar en esa región, pero ante la huida de Yanukovich hizo mucho más que eso.  Para ser claros, Rusia invadió Crimea. Para colmo los soldados rusos ocultaron sus insignias, clandestinizando la ocupación.  Tanto es así que el gobierno ruso negó la presencia de sus fuerzas armadas en Crimea y dijo que lo que allí había eran milicias armadas que habían surgido para defender el orden constitucional de Ucrania, amén de la alianza con Rusia.  Sin embargo, numerosos testigos, incluyendo  de distintas misiones enviadas para mediar en el conflicto, pudieron comprobar que fuerzas armadas rusas, sin identificación visible pero claramente rusas y con disciplina militar, controlaban los dos principales aeropuertos de Crimea y la legislatura local. Las fuerzas rusas además habían capturado varias bases militares en las que las fuerzas amadas ucranianas se habían rendido, mientras que las demás bases ucranianas habían sido sitiadas y mantenían un tenso compás de espera mientras distintas negociaciones intentaban descomprimir la situación. Mientras tanto civiles armados y encapuchado bloqueaban las principales rutas de acceso a Crimea desde Ucrania. El parlamento de Crimea, bajo custodia de las fuerzas rusas, votó el jueves pasado por unanimidad la independizarse de Ucrania e incorporarse a Rusia, y llamó a un referéndum para el 16 de marzo para ratificar la decisión. Así llegamos a la última muñeca. En estos días, frente a los piquetes en las principales rutas de acceso a Crimea, protestan miles de tártaros y eslavos , flameando banderas azul y oro como si fueran hinchas de Boca. Muestran, desafiantes, los colores patrios de Ucrania a los piqueteros armados y encapuchados, que responden gritando “viva Rusia”. Es que en Crimea  no todos están de acuerdo con la secesión, sino que hay gente dispuesta a dar la vida por seguir siendo parte de Ucrania. “Ahora hay gente que dice que va a luchar. Decían que si no pueden vivir como ucranianos, morirán por Ucrania, quieren armas. Esto es preocupante, pero la gente está muy enojada.” declara el comerciante Rustum Ibrahimovic, entrevistado por el diario británico The Independent a la salida de una mezquita de Simferopol, capital de Crimea.  Al día siguiente del pronunciamiento independentista del parlamento de Crimea, Kiev y la Unión Europea denunciaron que la decisión era ilegal, lo mismo que el llamado a referéndum. Furioso, supongo, el mismo día Obama  llamó a Putin para comunicarle que habrá sanciones diplomáticas porque Rusia no puede decidir unilateralmente ocupar y luego anexar un territorio que pertenece a Ucrania.  Así volvemos a la primera muñeca y el juego empieza otra vez.

 Estados Unidos reconoce que Rusia tiene un interés legítimo en Crimea pero cree que el tema de Crimea debe resolverse en conversaciones directas entre Moscú y Kiev.  La constitución rusa exige algo parecido: no se puede anexar un territorio sin un tratado con el país al que el territorio pertenecía. El problema es que Rusia se niega a negociar con el nuevo gobierno de Kiev, al  que no reconoce porque su origen es golpista, según el punto de vista de Moscú. Putin no puede tolerar que le volteen un gobierno amigo en su patio trasero y menos que lo volteen de manera ilegal por querer firmar un tratado de cooperación con Rusia. Estados Unidos y Europa amagan con defender a Crimea, pero en el fondo lo que buscan es que Rusia reconozca el cambio de régimen en Ucrania. Acá nadie es inocente y todos tendrán que ceder un poco. Rusia es el proveedor de prácticamente toda la energía que consume Ucrania, mientras Europa es el principal comprador de las exportaciones ucranianas, sobre todo las agrícolas, a la vez que gran parte del gas y petróleo de Rusia que consume Europa pasa por Ucrania, y gran parte de las inversiones de los magnates rusos están en Europa. O sea, en este mundo globalizado, todos dependen de todos.  Es probable que con el tiempo Ucrania termine yéndose con Europa y Crimea con Rusia, mientras sus respectivas minorías se acomodarán a las nuevas circunstancias y las superpotencias se adaptarán al nuevo mapa geopolítico.

 Y para las democracias, tanto las jóvenes como las viejas, allá, acá y en todos lados, la crisis de Ucrania plantea el desafío de crear y sostener instituciones sólidas pero flexibles, con mecanismos ágiles para actuar en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando un gobierno elegido por voto popular se deslegitima al cometer graves violaciones a los derechos humanos en su intento por destruir a la oposición o por frenar la protesta popular. Un gobierno deslegitimado por sus propios actos criminales se vuelve estéril porque es incapaz de generar la confianza mínima indispensable como para poder gobernar. Ante la ausencia de mecanismos apropiados para castigar rápido al terrorismo de Estado y para garantizar una transición democrática fluida y eficaz en caso de ser necesaria , un gobierno represor puede atornillarse en el poder, al menos hasta la próxima elección, o bien alentar a los elementos más radicalizados de la oposición para que intenten una salida golpista.

Por eso la salud democrática de un país se puede medir, más allá de la ideología de su gobierno, por el nivel de su compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Crimea - Por Santiago O`Donnell

Volvemos a Crimea con un mapa del Mar Negro y el vago recuerdo de una vieja guerra glorificada en la película “La Carga de la Brigada Ligera” (foto) algún sábado de súper acción.

 Pero Rusia ya no es aquel imperio semifeudal humillado en su propio patio trasero por los modernos armamentos y barcos del ejército anglofrancés en 1856. Ahora Rusia vuelve a ser potencia y ahí en Crimea tiene una población de dos millones de rusoparlantes en una región autónoma del tamaño de la provincia de Tucumán, que perteneció al imperio ruso durante más de dos siglos hasta que fue anexado a la fuerza al país vecino en 1954, como parte de una reorganización del imperio soviético. Cuando el imperio soviético cayó en 1991, Crimea quedó del lado de ese país, Ucrania, sólo porque Rusia no tenía fuerzas o tenía demasiados conflictos como para disputarla, más allá del reclamo formal. Pero Rusia nunca dejó de sentir a Crimea como suya. Crimea es una e península cuadrada que cuelga de la costa norte en el centro del Mar Negro, una especie de faro que se clave en medio de ese mar y que permite vigilar en distintas direcciones. Es el extremo sudoeste de la gran Rusia, el lugar favorito de veraneo para sus elites empezando por ese resort de fama internacional llamado Yalta, donde en 1945 Stalin recibió a Churchill y Roosevelt para repartirse los despojos de la Segunda Guerra Mundial.
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 Más importante aún para Rusia que el interés turístico e histórico, Crimea es la plataforma de despegue de su Armada. Cerca de Sebastopol, en el extremo de la península, Rusia posee una importante base naval en terrenos cedidos por Ucrania hasta el año 2042. Desde allí proyecta su impresionante poderío militar por todo el Mar Negro a Turquía, el Cáucaso y Europa oriental, y cruzando el Bósforo, a Asia, Africa y la Península Ibérica a través de los mares de Mármara, Egeo y Mediterráneo. Rusia ya no es aquel país derrotado de mediados del siglo XIX y hace mucho que los barcos de guerra de Inglaterra y Francia no remontan el Mar Negro. Entonces volvimos a Crimea porque quedó atrapada en medio de una revolución, la revolución Ucraniana. Porque Ucrania tiene su propia historia, una historia distinta a la de Crimea, aunque hoy forman parte del mismo país. Ucrania tiene una población mayoritariamente eslava de más de 44 millones de habitantes, veinte veces más que Crimea, y una superficie total que es más de treinta veces el tamaño de Crimea. Y a diferencia de Crimea, Ucrania tiene una historia conflictiva con el imperio ruso, de anexiones y movidas independentistas, a lo largo de muchos siglos.

 El antecedente más reciente de este conflicto fue la llamada Revolución Naranja del 2005. Ese año, un candidato prorruso llamado Viktor Yanukovich había ganado una elección a un candidato proeuropeo llamado Viktor Yuschenko en una votación teñida de fraude. La gente salió a la calle y forzó una nueva elección, que fue ganada por el candidato proeuropeo. La Revolución Naranja no terminó bien. Rusia es el principal proveedor de gas de Ucrania y la mayoría del gas ruso que se vende en Europa pasa por Ucrania. Durante el gobierno proeuropeo, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania y a Europa en distitntas ocasiones por distintas peleas relacionados con el precio del combustible. En el 2010 la Revolución Naranaja se terminó cuando el prorruso Yanukovich volvió a ser electo presidente de Ucrania.

 Pero hace tres meses otra revolución estalló cuando Yanukovich anunció que interrumpía el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea. El proceso llevaba varios años en marcha y la idea de integrarse al bloque regional europeo era un anhelo de gran parte de la población ucraniana, sobre todo después de ver el despegue económico que había tenido la vecina Polonia desde su ingreso en el 2004. Sin embargo, en noviembre del 2013, dos semanas antes de la fecha largamente anunciada para la firma de un protocolo de asociación con la Unión Europea, Yanukovich salió en cadena nacional para anunciar que el acuerdo se suspendía. Argumentó que mientras Europa estaba en crisis Rusia, nuevamente la potencia emergente, le ofrecía a Ucrania mejores condiciones. Después partió a Moscú a firmar acuerdos económicos y sacarse una foto en el Kremlin con su par ruso Vladimir Putin. La decisión desató una ola de protestas. Millones de ucranianos tomaron las calles de las principales ciudades, armaron barricadas y aguantaron el duro invierno, desgastando la credibilidad de un gobierno con fama de corrupto y prebendario, que parecía sorprendido por la determinación de los manifestantes.

 Pasando por alto la opción de respetar la voluntad popular o al menos plebiscitarla, Yanukovich eligió la represión y provocó un baño de sangre. Más de ochenta muertos en dos o tres noches de furia de la policía ucraniana la semana pasada y Yanukovich se tiene que ir, el parlamento o Rada vota que se tiene que ir, prácticamente lo echa a patadas. En rápida sucesión la Rada votó la destitución de Yanukovich, nombró como nuevo presidente al proeuropeo Oleksandr Turchinov, llamó a elecciones para el 25 de mayo y ordenó la libertad de la heroína de la Revolución Naranja, la ex premier Yulia Timochenko, presa desde el 2011 bajo cargos de corrupción. Al salir de la cárcel Timochenko proclamó “la dictadura ha caído” y anunció que se presentará en las elecciones de mayo.

 El viernes pasado, tras varios días en la clandestinidad, Yanukovich reapareció en Rusia reclamando que había sido víctima de un golpe. Dijo que su palacio había sido comprado con fondos legítimos, que los animales del zoológico que tiene en su propiedad estaban sufriendo, y que no es cierto que el yate y el embarcadero que le habían adjudicado eran suyos, sino que él los había alquilado. Dijo que nunca renunció, y que va a volver. Que vuelva, contesta el nuevo gobierno, que se presente, que dé la cara por los crímenes cometidos, por los ochenta muertos en las calles. Pide la extradición de Yanukovich a Rusia y vota que sea juzgado en el tribunal internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

 Parece que ha triunfado la revolución. Una revolución pacífica de manifestantes desarmados que prefiere la medicina amarga de la austeridad fiscal que propone Europa, antes que los préstamos rápidos y el gas subsidiado de los rusos que prometía Yanukovich.

 Pero faltaba que hablara Crimea. Según denuncian autoridades ucranianas, militares rusos han tomado el control de los principales aeropuertos de Crimea y del Parlamento de Crimea, mientras grupos de civiles armados han montado barricadas para cortar las principales rutas. Rusia dice que no ha invadido, que ha movilizado tropas a la frontera, sí, pero que se trata de ejercicios militares rutinarios programados desde antes de que estallara el conflicto.

 Lo cierto es que la presencia de civiles armados y el despliegue de militares rusos en Crimea  existe, según muestran las fotos que nos llegan desde allá. Y, como en una reedición de la Guerra de Crimea, otra vez la presencia militar rusa en esa península del Mar Negro inquieta a Gran Bretaña, Francia y sus aliados. El viernes pasado el primer ministro británico David Cameron llamó a Putin para exigirle que respete la integrida territorial de Ucrania, según informó el Foreign Office. Ese mismo día la cancillería francesa emitió un comunicado conjunto con las cancillerías de Alemania y Polonia, reclamando lo mismo que Cameron. El canciller de Estados Unidos, John Kerry, se sumó al coro con la advertencia a Moscú de que “cualquier intervención en Ucrania sería un grave error”. Como buen tiempista, Putin por ahora guarda silencio, esperando el moento más oportuno para lanzar su contraofensiva diplomática.

 El tema es que Ucrania quiere independizarse de Rusia para unirse a Europa, mientras Crimea quiere independizarse de Ucrania para unirse a Rusia, cuestión que no es fácil de resolver. Porque a medida que se imponen nuevas identidades supranacionales como la Unión Europea y la gran Rusia, se debilitan la identidades nacionales y lo que sucede en Crimea puede trasladarse a Escocia o Cataluña o, en el caso ruso, a alguna región separatista de su vasta geografía. En eso coinciden los intereses de Bruselas, Washington y Moscú, y por eso distintos líderes mundiales se encargaron de difundir esta semana que habían hablado con Putin y que éste les había prometido respetar la “unidad territorial”, o sea la soberanía que Ucrania ejerce sobre Crimea.

 Sin embargo hay otra lectura, bien de Guerra Fría, que es la desconfianza a un manotazo ruso al estilo Osetia del Sur en el 2005. Esa vez una región autónoma prorrusa de Georgia había ganado su independencia mediante un conflicto armado, para convertirse en un protectorado de Moscú. El triunfo de Osetia del Sur se había dado gracias a una fulminante intervención del ejército ruso y ante la pasividad de los aliados occidentales del gobierno de Tbilsi. De ahi la tensión por Crimea esta semana y los intercambios de nerviosos comunicados. 

Pero esto no tiene por qué terminar mal. Así como han habido particiones traumáticas en Europa como la de la ex Yugoslavia, también hubo particiones amigables como la de la ex Checoslovaquia. Lo importante es respetar la voluntad popular y los procesos democráticos y constitucionales, teniendo en consideración los derechos de las distintas minorías y el respeto a los derechos humanos.

 En la guerra de Crimea de hace un siglo y medio habrían muerto más de 250,000 soldados y 750,000  civiles. La próxima podría ser peor, si la sensatez no se impone a la prepotencia.