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jueves, 22 de septiembre de 2016

Panama Papers. La offshore melliza de Macri - Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin








A la sociedad en Bahamas del presidente Macri y su familia le salió una melliza. No tiene nada de malo, salvo que Macri dijo otra cosa. La melliza se llama Karter Properties Limited. Karter es Karter como Jimmy Carter pero con K. La otra melliza, la sociedad de los Macri, también desconocida hasta hace poco, es una sociedad llamada Fleg Trading Limited, o Fleg a secas.

En los papeles, Fleg y Karter tienen la estrutura legal de una empresa pero no son una empresa común. Se las conoce como “empresas offshore” y funcionan como cuentas, vehículos financieros secretos para mover dinero y activos. En eso, y en que pagan muy pocos impuestos, Fleg y Karter son similares a miles de empresas o sociedades radicadas en paraísos fiscales de todo el mundo. Esto incluye al de Bahamas, donde están las mellizas, en un archivo de computadora de un estudio de abogados muy cerquita de la costa de Estados Unidos.

Fleg y Karter pasaron gran parte de sus existencias comportándose con la discreción que caracteriza a todas las de su clase. Pero un día todo cambió. Fue como un terremoto. El 3 de abril aparecieron los llamados Panama Papers y ya nada fue igual. Más de cuatro millones de documentos de una megafiltración que salió al mismo tiempo en más de cien diarios del mundo. Muchísimos nombres de offshores que nadie conocía y un montón de documentos diciendo quiénes era los dueños de esas sociedades-empresas-cuentas y cómo movían sus fondos. Para peor, la filtración había salido del estudio de abogados panameño que manejaba a Karter y Fleg desde su fillial en Bahamas. De repente ninguna offshore podía sentirse segura por más que viviera en un paraíso.

Ese día de abril, el día de los Panamá Papers, Fleg y Karter tomaron distintos caminos. Karter siguió en la sombra, Fleg mutó en vedette y compitió por espacio en los noticieros del mundo con la offshore del padre del entonces primer ministro inglés David Cameron quien, Brexit mediante, se tuvo que ir. Compitió también con la del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien terminó renunciando. Macri no, pero el ruido de Fleg le trajo algún dolor de cabeza y una denuncia penal. Encima tuvo que salir a dar explicaciones.

“Me estuve interiorizando, porque la verdad es que no tenía ni idea de qué se trataba esa sociedad. Y era para cuando en ese momento quería extender Pago Fácil a Brasil pero que finalmente después no pudo. Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar”. Así declaró presidente argentino, con libreto estudiado pero dicho casi como al pasar, durante una entrevista con un medio cordobés un día después de que la megafiltración se hiciera pública. Ante la ocasional insistencia de algunos periodistas, los voceros del presidente completaron el relato oficial: Fleg se habría creado para realizar una inversión en Brasil, el grupo Macri pretendía desarrollar un Pago Fácil en ese país pero como la operación no se concretó, Fleg quedó inactiva y relegada al ostracismo durante una década. La familia sostiene que la empresa se cerró en 2007. Esa es la historia historia oficial de Fleg, basada en los dichos del presidente. La justicia desconfía. Investiga, entre otras cosas, por qué hizo falta una empresa nueva como Fleg en Brasil, donde el grupo Socma (Sociedades Macri) ya tenía una arraigada y diversificada presencia.

Más aún, una nueva serie de 51 documentos pone en duda la explicación del presidencial. Se trata de Panamá Papers que Página/12 detectó y analizó en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Vidas paralelas

Los documentos muestran la curiosa relación entre Fleg y Karter. Típicamente los dueños de offshore delegan su cuidado y mantenimiento en dos representantes: el abogado y el contador. El abogado de Karter y Fleg es el estudio Mossack Fonseca en Panamá. El contador de los Macri para estos menesteres es el estudio de Santiago Lussich Torrendel de Uruguay. Lussich y Mossack se encargaron de mantener a Karter y Fleg.

Según los Panamá papers Lussich tiene al menos otras 50 offshores a su cargo en Bahamas, Panamá, Seychelles y Nevada, pertenecientes a clientes que vienen de distintas partes del mundo. Mossak es un gran estudio especializado con sedes por todo el mundo. Mossack tiene a miles de clientes además del uruguayo Lussich Torrendel.

Pero entre todas esas offshores lo que distingue a Karter y Fleg es que hacen todo juntas. Por eso, porque hacen todo juntas, no tienen el mismo dueño pero parece.

Fleg está vinculada a la familia Macri, Karter a una familia italiana muy cercana que se llama Nocella. Dueños distintos, pero en los documentos Fleg y Karter aparecen juntas. Juntas contestan su correspondencia, juntas le facturan sus abogados, juntas hacen trámites, juntas pagan sellos y timbres.

Karter tuvo como único beneficiario a Pier Andrea Nocella (foto), un productor cinematográfico italiano y nieto de Giorgio, el fallecido mejor amigo de Franco y Tonino Macri, padre y tío de Mauricio. El abuelo Nocella, además de íntimo amigo de la familia, fue directivo del grupo SOCMA y en Italia estaba a cargo de la firma Socma Finanziaria.

Estas nuevas evidencias se suman a las revelaciones de este diario en abril y mayo en base al análisis de registros contables y actas de la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Esos documentos habían demostrado que, lejos de estar inactiva, Fleg desembarcó en San Pablo, tuvo cuentas bancarias, manejó una caja chica y participó de las transferencias millonarias hacia Italia que tuvieron como beneficiario a la familia Nocella.

Más allá de algunos detalles es difícil saber qué destino tuvieron y que función cumplieron las mellizas Karter y Fleg. Según los documentos filtrados, el proceso de creación de Fleg se extiende del 31 de Marzo al 11 de Septiembre de 1998. En el directorio de Fleg figuran Franco Macri como presidente, Mauricio Macri como vicepresidente y su hermano Mariano Macri como secretario. El domicilio de Fleg fue Saffrey Square Suite 205, Bank Lane, el mismo edificio donde funcionan las oficinas de algunos jueces de la corte suprema del país y un local de Gucci. Los Papers también dicen que Fleg fue legalizada para operar en Suiza.

No queda claro si Fleg llegó a operar en Suiza o no, pero no caben dudas de que actuó en Brasil. A mediados de septiembre de 1998 Fleg se quedó con el 99,9 por ciento de una sociedad brasileña llamada Owners do Brasil Participacoes. Fleg no compró las acciones sino que reemplazó a la socia mayoritaria Socma Americana, firma insignia del holding donde, además de Franco, Mauricio y Mariano, y otros dos hermanos Gianfranco y Sandra, ésta última fallecida en 2014, también figuraba como director un viejo amigo de la familia, el inefable Giorgio Nocella. En esa operación Fleg recibió la totalidad del capital social de Socma Americana: 11.715.449 reales. En ese momento, Owners dejó de estar controlada por los Macri paulistas para pasar a depender de los Macri bahameños.

A finales del activo septiembre de 1998, Fleg informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción de unos nueve millones de dólares en su capital, que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. Según un acta de reunión de directorio de Fleg, el dinero no volvió a la Argentina ni fue reinvertido en Brasil, sino que partió raudamente a Italia: “Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales, entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria, a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee, resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Portorotondo”, afirma la minuta de Fleg. El Hotel Nuraghe Portorotondo está ubicado en Cerdeña, Italia, y su propietario es Giorgio Nocella.

Tres meses después de esa millonaria transacción, Lussich, el contador uruguayo de los Macri, le pidió al panameño Mossack que le abra una nueva empresa offshore. Así nació Karter, la melliza de Fleg. Karter Properties Limited fue constituida el 5 de enero de 1999 y al comienzo tuvo como único directivo a Pier Andrea Nocella. El nieto de Giorgio entonces tenía apenas 27 años y todavía no había comenzado su carrera como productor cinematográfiico. Karter fue radicada en el mismo domicilio que Fleg: Saffrey Square Suite 205, Bank Lane, Bahamas.

Karter y Fleg eran administradas en simultáneo. Los correos electrónicos que pemitieron detectar la relación entre ambas, muchos caratulados KARTER PROPERTIES LTD. & FLEG TRADING LTD / CASE 1156969 & 1156970, son de 2004 y 2005. En ese período existe un prolífico intercambio entre diferentes empleados de Mossack en Bahamas y Uruguay para resolver una solicitud de Lussich, el cliente 9304. Es una cadena de mails que tiene como disparador el pedido conjunto del abogado por volver a dar de alta o “reactivar” a Fleg (Expediente 809627) y Karter (Expediente 810645).

Los mails que circulan entre las oficinas de Uruguay, Bahamas y Panamá del estudio de abogados comienzan el 28 de septiembre de 2004. “REACTIVACIONES - ESTUDIO CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL”, reza el asunto del correo donde se informa que el cliente solicitó una cotización para reactivar ambas sociedades. La respuesta no demoró en llegar: “US$2,230.00 cada una por los costos de reactivación de las sociedades Fleg Trading Ltd. y Karter Properties Ltd., respectivamente”. Tampoco tardó el visto bueno de los interesados y Fleg y Karter quedaron rehabilitados antes de fin de mes. Los recibos internos de Mossack Fonseca con fecha del 30 de septiembre de 2004 revelan que cada operación demandó 1510 dólares. “Luego de nuestro e-mail de esta mañana, te confirmamos que las sociedades en referencia fueron reactivadas en el Registro de Bahamas en el día de hoy”, indica uno de los correos de ese día que intercambiarion las oficinas de la firma de abogados panameña.

Fleg y Karter son lo que se denomina International Bahamas Corporations (IBC, corporaciones internacionales bahameñas). Ese tipo de compañías debe pagar un impuesto anual para funcionar. En el caso de Fleg y Karter se pagaba en forma melliza. Los recibos emitidos por el Bahamas Company Registry, el registro oficial de sociedades de esa jurisdicción, muestran coincidencias en fecha, hora y montos abonados por ambas empresas para mantenerse operativas en ese paraíso fiscal. Con fecha del 18 de abril de 2001 las dos ingresaron el fee de 250 dólares, el monto correspondiente a firmas con un capital entre 5 y 50 mil dólares. El recibo de Fleg se emitió a las 10:51:51 y el de Karter se imprimió al minuto, más precisamente a las 10:52:57. Las coincidencias se repiten año a año hasta el pago de 2004 cuando el camino de las mellizas Fleg y Karter parece separarse.

Los Panama Papers no ofrecen precisiones sobre por qué Lussich realiza el pedido para dejar operativas en Bahamas a ambas empresas en el 2004 aunque el resultado del proceso ofrece algunos indicios. Mientras que los Macri y el grupo Socma siguieron al frente de Fleg hasta su disolución, presumiblemente en el 2009, Pier Andrea Nocella dejó su lugar en el directorio de Karter en marzo del 2005. En su reemplazo aparece un gestor uruguayo, Luis Vieira Merola, directivo de al menos ocho empresas en Panamá, incuyendo la que habría usado para compra Karter, una offshore llamada Pafinet. Lo cual deja la duda de si Nocella efecivamente se desprendió de la empresa o si la mantuvo a través de un testaferro.

A diferencia de Fleg, no se conocen indicios que vinculen a Karter con las operaciones del grupo Macri en Brasil. Karter no aparece en las bases de datos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Tampoco hay referencias en los Panamá Papers de cuentas o activos a cargo de Karter.

Pier Andrea Nocella tiene hoy 44 años y, como su abuelo, se dedicó a la producción cinematográfica. Estuvo casado con una finalista de Miss Mundo Italia y suma créditos de producción en ocho películas filmadas entre 2009 y 2013. La mayoría de sus trabajos conocidos fueron realizados por la empresa argentina Dock Sur Producciones. Los registros comerciales consultados para este artículo presentan a Nocella como único accionista de la empresa ubicada en Palermo Hollywood. La gran mayoría de sus trabajos recorren temáticas vinculadas a la Argentina como la última dictadura o el fútbol. Contaron con la participación de reconocidos actores locales como Hugo Arana, Victor Laplace, Julieta Cardinali y Jorge Marrale, entre otros. Este diario intentó contactarse con Nocella nieto en los telefonos de sus productoras en Buenos Aires y Roma pero no pudo ubicarlo. También dejó mensajes al jefe de prensa de Macri, Iván Pavlovsky, que fueron contestados con un saludo cordial.

Publicada en Página 12 el 18 de septiembre de 2016.

Bahamas Papers: el entramado offshore del grupo Macri - Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin









Las empresas offshore de la familia del presidente Mauricio Macri y su entorno no paran de salir a la superficie. Documentación originada en una nueva filtración del Registro de Compañías de Bahamas reveló la existencia de Viajeya.com International Holdings. La aparición de la novena firma del grupo montada a través de la red global de servicios financieros offshore expone un comportamiento sistemático del holding Socma y sus miembros para canalizar sus negocios. La firma radicada en la guarida fiscal caribeña fue creada en abril del 2000 con un capital social de 10 millones de dólares. La empresa figura en un listado con más de 175.000 sociedades, fideicomisos y fundaciones incorporadas en el archipiélago caribeño al que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que Página/12 pudo analizar en exclusiva. El uso de firmas offshore en el entramado societario de los Macri es una práctica compartida con otros miembros prominentes de la cúpula empresaria argentina que también son mencionadas en la filtración como Ledesma, Boldt, Corporación América, Soldati y Techint (ver página 5).

La información disponible en la nueva filtración es más focalizada que la ofrecida en los Panamá Papers, donde se dio a conocer la existencia de Fleg Trading, la offshore bahameña en la que el mandatario argentino se desempeñó como vicepresidente en el directorio encabezado por su padre Franco Macri. En abril el mandatario había asegurado públicamente que Fleg, firma por la que es investigado en la Justicia Federal, había quedado inactiva ante el fracaso del negocio para el que había sido creada. Sin embargo una investigación realizada por este diario demostró que la compañía no solo no quedó abandonada en Bahamas sino que desembarcó en Brasil, donde estuvo involucrada en operaciones millonarias del grupo Socma. En esta oportunidad, el acta de constitución de Viajeya.com International Holdings a la que accedió este diario no menciona a ningún miembro del clan familiar como sí sucedió con otra offshore descubierta en los últimos meses, Kagemusha, donde figuraba Mauricio como director, o como cuando se conocieron las cuatro panameñas (Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45) inscriptas a nombre de Gianfranco, un hermano del mandatario argentino.

La participación del holding familiar en la novena firma montada a través de una guarida fiscal se dio a través del Galicia Advent Socma Private Equity Fund. De acuerdo a los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores, cuando se concretó la creación de Viajeya.com el Grupo Socma controlaba el 44 por ciento de la inversora y el Banco Galicia ostentaba el 27,8 por ciento de las acciones. Pero la capacidad de decisión de los Macri sobre el fondo a cargo de abrir la offshore en Bahamas era todavía más importante. Entre 1997 y 2000, la fecha para la cual se realizó la operación, la dirección de las inversiones del fondo estuvo a cargo de Daniel Chain, el actual secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior que antes de administrar la empresa se había desempeñado como adscripto a la presidencia de Socma.

Ayer, a poco de conocerse las revelaciones de los Bahamas Papers a las 3 p.m. hora de Berlin, incluyendo la existencia de ViajoYa, fuentes del Grupo Macri relanzaron el discurso sobre la inocuidad de las empresas offshore, el mismo que utilizaron en abril cuando se conoció la existencia de Fleg Trading, y aseguraron que la compra de la empresa bahameña fue debidamente declarada. En ese sentido, vale señalar que incluso cuando se cumplen las regulaciones, el uso de los servicios provistos por las guaridas fiscales como Bahamas, que forman parte de la red de servicios financieros offshore, representa una vía para que las empresas minimicen el pago de impuestos, oculten activos en sus países de origen y fuguen capitales.

La constitución de ViajeYa.com se firmó el 25 de abril de 2000 en Nassau, la capital de Bahamas. El documento de 22 páginas que forma parte de la nueva megafiltración lleva la firma de Daniel Eduardo Falcón en representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund. Comandado por el actual Secretario de Obras Públicas, el fondo salió al mercado en 1998 cuando adquirió participaciones en empresas como una compañía algodonera, otra firma al mantenimiento de edificios y bodegas. En la operación offshore donde se creó Viajeya.com participaron otros tres fondos de inversión. El primero es Antarctic Ventures Limited con la participación de Federico Agardy, responsable del fondo de riesgo y miembro de la familia propietaria de la Editorial Estrada. La lista de involucrados en la compra de Viajeya.com se completa con Winslow Investment Limited representado por un empresario español llamado Alejandro Di Césare y la empresa Morner Investment SA con la firma de Juan Randle. Los balances de Socma revelan que la empresa se desprendió del fondo de inversión que controlaba a la offshore en Bahamas en octubre de 2001. En tanto, los datos del Registro de Compañías del archipiélago caribeño revelan que Viajeya.com quedó desactivada en 2004.

Publicado en Págna 12 el 22 de septiembre de 2016.

Bahamas Papers: Pasión argentina por las sociedades offshore - Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin











Uno de los hijos del dictador Emilio Eduardo Massera, subsidiarias del Grupo Techint que encabeza Paolo Rocca, la petrolera Bridas controlada por los Bulgheroni, empresas del Grupo Soldati, un miembro prominente de la familia Eurnekian de Corporación América, la familia Blaquier dueños del ingenio Ledesma, y los propietarios de la empresa de seguridad y juegos Boldt son algunos de los empresarios vinculados a firmas offshore que aparecen en los Panamá Papers. También aparecen los hijos de Fernando De La Rúa (ver pág. 4) y la offshore Fleg Trading que tuvo al presidente Mauricio Macri en su directorio, más ViajeYa, otra offshore del grupo Macri (ver pág. 3)

La información disponible es más acotada que la ofrecida en los Panamá Papers o los Swiss Leaks. Si aquellas filtraciones permitieron evidenciar cómo operan dos eslabones fundamentales de la red global de servicios financieros offshore –los intermediarios en el caso de Mossack Fonseca y los bancos como el HSBC–, la publicación documentación del Registro de Compañías de Bahamas expone el rol que cumplen las jurisdicciones como el archipiélago caribeño para garantizar la impunidad y el secreto asociado a las guaridas fiscales.

Una primera búsqueda de los argentinos en esa base de datos arroja 543 resultados: se trata de los individuos que figuran como directores de esos instrumentos offshore pero también aparecen grandes empresas nacionales y firmas extranjeras instaladas en el país que crearon subsidiarias bahameñas para aprovechar el secretismo y los beneficios fiscales provistos por esa jurisdicción. A continuación, algunos protagonistas argentinos de los Bahamas Papers:

Techint: La empresa Techint International Construction Corp (Tenco) del grupo que hoy encabeza Paolo Rocca es la firma vinculada a la Argentina con más menciones en la nueva filtración. El uso de estructuras offshore no es novedoso entre los propietarios del holding que controlan la firma a través de una estructura que atraviesa guaridas europeas, fundaciones holandesas y algunos destinos caribeños. La firma Tenco tiene domicilio en Bahamas archipiélago caribeño y no es ningún secreto dentro de la firma, su nombre figura en distintos informes de Techint.

La filtración agrega algunos datos hasta ahora desconocidos de la historia offshore de ese miembro de la familia: la empresa nació en Panamá en 1952 a comienzos de la historia societaria, abrió una sucursal en Argentina en 1954, adoptó su nombre actual en 1983 y se mudó a las Islas Vírgenes Británicas, otra reconocida guarida fiscal, en 1991. De acuerdo a la información presente en la base de datos difundida ayer la empresa trasladó su dirección a Bahamas a partir 1997. Tal vez por esos viajes por el caribe desde el grupo calificaron a Tenco como “una heredera, hoy con actividad muy reducida” del área de ingeniería y construcciones. Ante la consulta de este diario informaron que la empresa “operaba básicamente en los países donde Techint no tenía sede permanente o donde necesitaba asociarse a compañías locales para poder calificar en obras de infraestructura con sus antecedentes técnicos”.

Otra curiousidad de Tenco es que a partir de agosto de 2011 su nomina de directores dejó de exhibir domicilios en Argentina y todos los responsables de la empresa pasaron a compartir el misma dirección en Uruguay.

Las razones para recurrir a las guaridas fiscales, explicaron los voceros de la empresa, radican en los beneficios impositivos y supuestas facilidades para solicitar fondos: “La modalidad offshore (Bahamas), además de las ventajas fiscales, permitía flexibilidad y un mejor acceso al crédito internacional”. Aseguran que en los últimos años su actividad se ha reducido “mucho, tan sólo participando en algunos contratos en Medio Oriente y en África”.

Gran parte de la información corresponde a listados de directivos que también formaban parte de la conducción de otras compañías del grupo. Desde la empresa indicaron que gran parte de los individuos mencionados “hace más de 20 años que no ocupan cargos en Techint”. Entre los nombres figura Agostino Rocca, el hermano de Paolo que falleció hace doce años.

- Grandes grupos empresarios locales: Con el cargo de director en las empresas Surpina LTD y Soleado INC figura Martín Francisco Antranik Eurnekian, uno de los sobrinos del titular de Corporación América, Eduardo Eurnekian. Los archivos de la nueva base de datos muestran que Martín desembarcó en el directorio de la bahameña Surpina en 2006 y que informó un domicilio en Bélgica. Al menos hasta septiembre del año pasado ambas empresas offshore estaban activas ya que la firma del directivo del holding hoy radicado en Uruguay aparece en dos actas idénticas autorizando modificaciones sobre el domicilio de las sociedades en la capital bahameña.

Los propietarios de Ledesma también figuran en la filtración divulgada ayer. Los Blaquier están a dos sociedades incorporadas al registro bahameño a finales de 2006: Financiere Translemanique SA y Derby Services Limited. Los datos asociados a esas compañías en la nueva filtración es escasa pero como ambas fueron montadas a través de Mossack Fonseca, los Panamá Papers corroboran la presencia de la familia. Otro empresario presente es Antonio Tabanelli, fundador de Boldt, la empresa dedicada a la explotación de juegos de azar y a brindar servicios, vinculada en sus inicios a la gestión de Eduardo duhalde al frente de la gobernación bonaerense. Las offshore bahameñas que lo tienen como accionista son Wastegate International GMBH y Automación Gráfica. Al igual que el caso de la familia Blaquier, su desempeño en esas compañías offshore se confirma con la documentación de Mossack Fonseca.

- Presencia permanente. La familia Smolarz aparecen en los Swissleaks, los Panama Papers y los Bahmamas Papers, una especie de triple corona en el uso de paraísos fiscales. La red de sociedades offshore utilizada por la familia Smolarz, un grupo de financistas que tuvo entre sus negocios al Banco de Servicios y Transacciones y el Banco Cetelem, se conoció con la filtración de la lista de clientes del HSBC Private Bank de Ginebra. Abrieron su cuenta en la sucursal suiza del banco en 1994 y realizaron depósitos por 29 millones de dólares que nunca fueron declarados correctamente. Aquella filtración reveló cómo los miembros de la familia aceptaron una recomendación directa del HSBC para incrementar el anonimato de su cuenta multimillonaria mediante la interposición de una empresa offshore llamada Stampa Commercial en Panamá donde no hubiera rastros de los Smolarz. La nueva filtración del Registro de Compañías de Bahamas revela la presencia de los mismos miembros de la familia (Moisés Aaron, Aida y Mina) en Davidson and Frye Copr. La offshore fue creada en 1997 pero los argentinos desembarcaron en 2009.

- Massera: Emilio Esteban Massera, el hijo del fallecido dictador, y figura en la base de datos como director del flamante Latam Fund creado el 7 de diciembre de 2015. Comparte la conducción de la empresa con otro argentino: Antonio Jesus Astinza. El hijo menor de Massera formó parte durante varios años del directorio de la financiera Puente Hermanos que hoy ostenta la categoría de banco y concentra sus negocios en la colocación de bonos de provincias y empresas actividades por las que es investigada en la justicia. Además los registros comerciales lo ubican a Massera como representante legal de Roseclair Investments y vicepresidente de Venexva Bursátil donde también convive con otros miembros de la familia, incluyendo su hermano Eduardo Enrique, quien también aparece en el directorio de Puente Hermanos.

Eduardo Enrique, ex capitán de corbeta, estuvo preso formar parte de la banda dirigida por su padre. Fue excarcelado y actualmente aguarda el jucio oral. Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, Massera y sus cómplices se apoderaron de los bienes de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellos 26 hectáreas en Mendoza. Valuadas en 10 millones de dólares, pertenecían a la sociedad Cerro Largo, integrada por los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini, quien no tiene parentesco con su verdugo. En la ESMA les obligaron a firmar documentos de cesión de sus bienes. De ese modo creían comprar su supervivencia, pero una vez que entregaron todo lo que tenían los asesinaron. La causa contra Massera (h) por privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita es instruida por el juez federal Sergio Torres y también incluye a varios oficiales del grupo de tareas de la ESMA. El ex almirante fallecido en 2010 quedó a salvo porque fue declarado incapaz para enfrentar un juicio, a raíz de un accidente cerebrovascular que padeció en diciembre de 2002. Según escribió Horacio Verbitsky en este diario, la banda vendió y revendió esas tierras a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos, con la clásica técnica del lavado de dinero originado en actividades delictivas. Luego de una serie de transacciones ficticias fueron inscriptas a favor de otra compañía integrada, entre otros por Enrique Eduardo Massera y con domicilio en un local del Partido para la Democracia Social, que presidía el almirante.

Hasta ahora no hay investigaciones judiciales que tiendan a establecer si el producto de los bienes saqueados a los detenidos-desaparecidos forma parte del capital con que operan las empresas del Grupo Puente o la financiera Vanexva. Puente Hermanos además aparece mencionada con tres transacciones sospechosas en uno de los anexos del informe de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero que presidió la ex diputada radical Elisa Carrió en el 2001.

- Petroleras: Tener filiales en Bahamas es una práctica extendida en el sector hidrocarburífero que opera en Argentina. Se trata de subsidiarias donde figuran directivos argentinos o firmas creadas para explotar determinados yacimientos. Esso, Exxon, Puma, Bridas, Ultrapetrol y PanAmerican Energy son algunas de las petroleras directamente vinculadas al país que surgen del Registro de Compañías de Bahamas. Santiago Soldati y otros miembros del grupo figuran como directivos de IP y Puma dos empresas vinculadas al holding.

Publicado en Página 12 el 22 de septiembre del 2016.

Bahamas Papers: Isla de banqueros y magnates - Por Santiago O´Donnell y Tomás Lukin








Los principales bancos del mundo son responsables de registrar a miles de sociedades offshore a través de sus filiales en la Bahamas. Así, el banzo suizo UBS es el agente registrado de 9717 sociedades a través de sus subsidiaria UBS Trustees (Bahamas) Limited.

Otro reconocido banco suizo, Credit Suisse, registró más de 9,500 sociedades a través de tres subsidiarias distintas: Credit Suisse Trust Limited (8304), Creditr Suisse Nassau Branch Wealth Management (972) y Credit Suisse AG Nassau Branch LATAM (253).

J.P. Morgan, a través de J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) aparece como agente de registro de 1617 companies; BNP, a través de BNP Private Bank & Trust Bahamas tiene el mismo vínculo con 286 companies, y BNP Paribas con 371 y Julius Baer, a través de Firmen, Julius Baer Trust Company (Bahamas) com 312 sociedades, así como HSBC con 26 companies.

Así surge de nuevos documentos del registro de compañías de Bahamas, los llamados Bahamas Papers, que analizó Página/12 en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

El paquete de 1,3 millón de documentos del registro entrega nombres de directores y de algunos dueños de más de 175.000 empresas, fideicomisos y fundaciones registradas entre 1990 y principios del 2016 en Bahamas.

También aparecen bancos iberoamericanos registrando empresas offshore. Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd., filial del Banco Santander español, figura como agente de registro de 560 compañías entre1990 y 2015. entre esas empresas figuran varias con nombres en español: Picasso, S.A., Cantabria, Inc., Iguazu, Inc., Vega Baja S.A. o Ibiza Business Inc.

Banco Atlántico (Bahamas) Bank & Trust, filial del Banco Atlántico de Santo Domingo, figuran copmo agentes de registro de 90 sociedades entre 1994 y 2004.

Además de los nombres de los grandes bancos bancos que registraron a miles de empresas en Bahamas, los documentos nombran compañías offshore con capitales multimultimillonarios, y grandes empresarios y grandes empresas de todo el mundo que buscan hacer negocios lejos de la luz pública.

Las sociedades offshore son vehículos financieros con una estructura legal similar a la de una empresa productiva, que sirven para mover dinero y activos en paraísos fiscales, donde las leyes locales les garantizan máxima privacidad y casi no tener que pagar impuestos.

Entre las empresas offshore con los capitales más elevados de los Bahamas Papers figuran un grupo de firmas con nombres prácticamente desconocidos. a saber, Brighton Preferreed Investment Ltd. fue registrada el 9 de febrero del 2005 con un capital de 8,500 millones de dólares. A su vez Binney holdings Limited figura con 6,500 millones de dólares, Nehori Inv. Limited con 5,900 millones y G.T. International Ltd. con cinco mil millones.

Distintos personaje del mundo de la política figuran en los Bahamas Papers, incluyendo un grupo de argentinos (ver páginas 4/5).La lista incluye a Theodore Brent Symonette, viceprimerministro de Bahamas 2007 to 2012. Symonette, perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes de Bahamas,aparece como director y vicepresidente de Mid-Eleuthera Properties Limited.

También figura Walter Kieber, un ex ministro de Liechtenstein, como miembro del consejo de la fundación Baluga Familienstiftung. La fundación se trasladó de Liechtenstein a las Bahamas in 2014, el año en que Kieber murió.

La ex comisionada de la Unión Europea Neelie Kroes, el magante de las apuestas deportivas Victor Chandler, el empresario textil y el nieto del fundador de Adidas, Horst Bente Dassler, y el presidente de Nemo Inc. e hijo del sha de Persia, Reza Pahlavi, son algunos de los empresarios que figuran en los Bahamas Papers.

“Los Panama Papers muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a usar la discreción bahameña para mantener sus nombres fuera de archivos públicos y cómo el despacho jurídico socavó el impulso global hacia la transparencia fiscal,” escribieron Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck de ICIJ al presentar los Bahamas Papers.

“Más allá de Mossack Fonseca y los Panama Papers, los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos. En general no es ilegal tener o dirigir una empresa offshore, y en muchos casos existen razones legítimas por las cuales establecer una estructura de esta naturaleza. Pero expertos en transparencia afirman que es importante que los funcionarios públicos den a conocer sus vínculos con estas entidades.”

Los nuevos documentos filtrados incluyen los nombres de 539 agentes registrados, que son los intermediarios corporativos entre autoridades de Bahamas y clientes que desean crear empresas offshore. Entre ellos está Mossack Fonseca, el bufete de abogados cuyos documentos filtrados formaron la base de los Panama Papers. La firma estableció 15.915 entidades en Bahamas, convirtiendo a esa isla en su tercera jurisdicción más ocupada, después de Panamá e Islas Vírgenes Británicas, destacaron Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck.

“Las compañías offshore son usadas a menudo para facilitar el lavado de dinero,” señala Debra LaPrevotte, una ex agente del FBI a los expertos del ICIJ. “Frecuentemente, las offshore son utilizadas solo para abrir cuentas bancarias, por lo que los documentos de los registros corporativos, que pueden servir para identificar a los dueños finales, son parte de la evidencia.”

Publicado en Página 12 el 22 de septiembre de 2016.

Bahamas Papers: Las aventuras de los De la Rúa - Por Fernando Cibeira y Santiago O´Donnell







Los inefables hermanos Antonio y Fernando “Aito” de la Rúa figuran en la filtración de los “Bahama Papers” como miembros de dos empresas: Bonds Cay Development y Furia Investments Holdings. Ambas firmas fueron abiertas en 2006 y en las dos los De la Rúa integran las sociedades junto a los también hermanos Arturo y Patricio Rubinstein, dos economistas argentinos dedicados a los negocios financieros por el mundo. En un intercambio de mensajes con este diario, Antonio confirmó su propiedad. “Hace muchos años que soy residente allá y he manejado muchas compañías desde allá”, respondió el hijo mayor del ex presidente Fernando de la Rúa.

De acuerdo a los papeles a los que accedió Página/12 por intermedio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Antonio figura como vicepresidente –”co-executive”– y con un domicilio en Bahamas: la House Shoreline Islands en Old Fort Bay, en Nassau. En cambio, su hermano Aito aparece domiciliado en Argentina y con el cargo de director –”management advisor”–. Las empresas datan de la época de la relación de Antonio con la cantante colombiana Shakira, que estuvieron en pareja entre los años 2000 y 2010. Los hermanos De la Rúa forman parte de la saga de hijos presidenciales que la pasan bomba pero resulta difícil determinar a qué se dedican. Son abogados -el primer diario Perfil realizó una recordada investigación acerca de supuestos arreglos en sus exámenes universitarios– pero, que se sepa, nunca ejercieron.

Cuando se puso de novio con Shakira, Antonio se convirtió en su manager y en administrador de la plata que ella ganaba. Según aseguraría luego de la separación, la ayudó, porque por entonces la carrera de la exitosa cantante atravesaba problemas económicos. Furia Investment habría sido abierta directamente para administrar los fondos de Shakira mientras que Bonds Cay estaba dirigida a los emprendimientos inmobiliarios. En 2006, circuló la noticia de que la cantante planeaba un emprendimiento conjunto con el ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, para comprar una isla con ese nombre -Bonds Cay– en Bahamas por 16 millones de dólares donde construirían casas y condominios de lujo y un hotel boutique. Se planteaba como un proyecto de ultra lujo para estrellas del espectáculo y multimillonarios. “Podríamos decir que es una explosión de los sentidos. Es un concepto más relacionado al arte y a la cultura”, explicaba por entonces Arturo Rubinstein, que era presentado en los folletos como un inversor radicado en Miami.

Actualmente, Arturo -egresado de Ciencias Económicas de la UBA y con un máster en la Universidad de Chicago– trabaja como director de Blue Capital, una financiera con sede en Buenos Aires. En tanto, Patricio Rubinstein -que estudió en la Universidad de San Andrés– aparece en la actualidad como director del G2 Investment Group, también dedicada a los negocios financieros pero en Luxemburgo, un paraíso fiscal. Se mantienen en contacto. “Hola Pato. Feliz cumple brother. Te escribí por WhatsApp pero estás perdida. Llama cuando puedas!”, le escribió Antonio de la Rúa a “Pato” Rubinstein el año pasado en su Facebook.

Furia Investment continuó activa hasta 2010, más o menos la época de la separación. Bonds Cay se mantuvo hasta 2014 porque el negocio de Shakira y Roger Waters siguió. Según trascendió a través de medios de espectáculo, Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron desde entonces una serie de demandas judiciales cruzadas por cifras millonarias. “Son todos temas del ámbito de mis actividades privadas que lo mantengo en privado. Está todo en regla”, respondió Antonio cuando este diario le pidió mayores precisiones sobre las empresas en Bahamas.

Según explicó, no se trataría de firmas offshore sino que Antonio y Shakira vivían en Bahamas y realizan emprendimientos comerciales en Bahamas.

“No tengo idea de los negocios de mis hijos porque nunca estuve involucrados en sus actividades comerciales en Bahamas ni en ninguna otra jurisdicción. Ellos ya no viven en la Argentina desde hace muchos años”, se desligó del entuerto el ex presidente De la Rúa ante una consulta del diario alemán Süddeutstche Zeitung.

Los hermanos De la Rúa también habían aparecido en los primeros meses del año involucrados en firmas con sede en Panamá, de acuerdo a lo que surgía del portal Open Corporates. Antonio de la Rúa figuraba como presidente de Furia SA –en la que Aito y Rubinstein eran directores- y de Supernova Productions SA, en la que aparecía como director Darío Lopérfido, el ex ministro de Cultura porteño y otrora integrante del Grupo Sushi que se formó alrededor de Antonio durante el breve mandato presidencial de su padre.

Publicado en Página 12 el 22 de septiembre del 2016.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Golpes blandos - Por Santiago O´Donnell










El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014.

La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Empieza en Honduras con un golpe rudimentario, al principio casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político express en Paraguay sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa y culmina en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos.

La secuencia, además, arranca en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica y principal potencia regional, que es Brasil, pasando como escala intermedia por un país sudamericano y socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.

A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y resolver conflictos bilaterales como Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador o Bolivia-Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de guerra fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista principal y árbitro eventual.

Pero la distracción de Washington con las guerras en Medio Oriente, y la aparición de China como principal socio comercial, junto a la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.

Mientras en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración. Este límite se vio en el golpe de Honduras.

Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vázquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. A la mañana siguiente, en una sesión legislativa asumió un títere civil del comandante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y los militares decretaron el estado de sitio y una serie de medidas de control social de corte autoritario. Según cables del Departamento de Estado estadounidenses revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó de disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, Estados Unidos acompañó al resto de los países de la OEA en su condena al día siguiente de que ocurrió. Pero apenas horas después Estados Unidos, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Mientras tanto, envalentonados por sus éxitos en Sudamérica, Brasil y Argentina apostaron fuerte al regreso de Zelaya, con Cristina Kirchner acompañando al presidente legítimo en un fallido intento de regreso y Lula dándole asilo en la embajada brasileña de Tegucigalpa una vez que el regreso no pudo concretarse. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco los Marines en Panamá en 1989, y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putch contra Chávez en 2002.

Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política malacostumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de los Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque reemplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas, por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice Federico Franco, quedó a la merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmioción social causada por la llamada masacre de Curuguaty, en la que fallecieron once campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo, el Congreso decidió destituirlo por su “responsabilidad política” en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas paraguayos después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la OEA apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra. Unasur mandó a una delegación de cancilleres que al término de su misión emitió un documento crítico, los países bolivarianos del ALBA no reconocieron al gobierno de facto de Franco y el Mercosur suspendió la membresía de Paraguay hasta las elecciones, nueve meses después del golpe, que llevaron al gobierno al colorado Horacio Cartes.

Ahora llegó el golpe en contra de Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el mal humor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los pincipales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.

Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención negativa.

Así quedaron las cosas después del golpe blando en Brasil. A la espera de otros eslabones en esta nueva cadena de intervenciones antidemocráticas, a menos que el joven bloque regional sudamericano genere mecanismos defensivos que le permitan preservar lo que queda en pie y regenerar lo que hace falta en términos de cultura democrática, tanto en los países amenazados por esta nueva tendencia como en aquellos que ya optaron por salidas autoritarias para sus crisis de gobernabilidad.

Publicado en Página 12 jueves 1 de Septiembre del 2016.

Gran cuñado - Por Santiago O´Donnell







A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.
El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.
Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los últimos 24 meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos.”
Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.
Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.
Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.
Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos,” según dice el informe.
Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: “Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas”.
Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. “Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más”, dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. “Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios”, señaló.
La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.
Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.
El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.
Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.
En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello “profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados”. También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 “de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas” o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.
En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual “una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación” correspondiente. Además, y solicita que “se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.
Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.
Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral”.
El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.

Publicado en Página 12 el 29 de agosto del 2016