Apagar la candela - Por Santiago O`Donnell

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue poniendo a prueba a los gobiernos de la región y a los organismos para la defensa de los derechos humanos.  Pimero vino la represión de las marchas del  doce y trece de febrero, con al menos tres estudiantes asesinados a los tiros y decenas de personas baleadas por el sólo hecho de manifestarse en la vía pública.  Aún cuando Maduro reconoció dos días después que agentes del servicio de inteligencia del gobierno venezolano, Sebin, habían disparado munición viva durante la protesta, según él sin su consentimiento, semejante acto de violencia estatal  se encontró con silencios cómplices y con reacciones tibias y tardías.

Envalentonado,  Maduro redobló la apuesta en un discurso televisado desde el Palacio Miraflores, el 24 febrero . Ordenó públicamente a sus grupos de choque que levanten los cortes de ruta de manifestantes opositores. En sus palabras, “hay que apagar la candela”.  Ordenar que se reprima la protesta social no parece muy progre que digamos.  Pero mandar a patotas por televisión en vez de encomendarle la tarea a fuerzas policiales…ya daría la impresión de un plan sistemático para clandestinizar la violencia del Estado, lo cual suena mucho peor.
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No por casualidad, desde entonces se suceden protestas cada vez más violentas en Venezuela. Esta semana, mientras la Guardia Nacional Bolivariana reprimía protestas con chorros de agua y disparos de balas de goma, dos de sus miembros fueron asesinados por  paramilitares antichavistas. Ya lo aprendimos en la Argentina. La violencia estatal genera respuestas violentas en los grupos opositores más radicalizados, que a su vez sirven de excusa o justificativo  para redoblar la violencia estatal, sobre todo la clandestina. Lo vivimos en la Argentina, lo denunciamos en Estados Unidos con el regreso de la tortura y otras maravillas de la Guerra al Terrorismo. Pero en Venezuela parece que no lo vemos.

Acá, otra vez hace falta explicitar que los derechos humanos son los que nos defienden en contra de los crímenes cometidos desde el Estado. Inspirados en la experiencia del nazismo, sus defensores parten de la premisa de que los crímenes cometidos al amparo del Estado son peores que los que cometen individuos o grupos particulares, ya que pueden llevar al exterminio de poblaciones  a las cuales quienes controlan el Estado consideran que hay que eliminar. Las organizaciones de derechos humanos están para garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de circulación. No para denunciar a los manifestantes, sino para defenderlos.

En cuanto a la defensa de la democracia, está bien que los organismos de derechos humanos se ocupen de eso, lo mismo que todas las organizaciones públicas, estatales y de la sociedad civil. Porque la democracia es de todos.  Sin embargo,  en Venezuela  la defensa de la democracia se usó como una cortina de humo para tapar las violaciones a los derechos humanos. La prueba está en que las violaciones ocurrieron y no fueron debidamente denunciadas, mientras el golpe no ocurrió pero fue denunciado hasta el hartazgo.

Volviendo a la represión del 12 y 13 de febrero, el propio Maduro había admitido la responsabilidad del Estado venezolano. En un discurso desde el palacio presidencial dos días después, el mandatario había atribuido la culpa por lo ocurrido a un exceso de celo sus agentes civiles armados, en su afán por restaurar el orden público que las protestas estudiantiles habían alterado. “Ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon, presos tienen que ir, lo primero no tenían que estar ahí ni de broma y segundo armados menos y tercero disparando menos. Están detenidos los funcionarios públicos que usaron armas el 12-F. Los entregué. Si alguno está involucrado que pague con cárcel, los del Sebin que están ahí incumplieron la orden directa del director del Sebin de no salir a la calle  y menos de armas," dijo entonces Maduro. O sea, apeló a la vieja excusa de los "excesos" pero confirmó lo que ya mostraban numerosos videos, fotos y testimonios: agentes civiles del gobierno disparándole a los manifestantes. Todavía no se sabe quiénes son esos "funcionarios públicos que usaron armas" y que Maduro "entregó". Ni donde están, ni a quién fueron entregados.

 Sin embargo, esa semana Cristina Kirchner y los presidentes del ALBA se llenaron la boca con discursos de apoyo para “Nicolás”, ignorando la confesión pública de Maduro, sin mencionar ni una vez la palabra “derechos humanos.”  Mientras tanto, la gran mayoría de los organismos de derechos humanos del país y la región guardaban silencio. Lo mismo que Dilma, Pepe Mujica y Bachelet. Hubo excepciones, claro. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron en tiempo y forma, denunciando el accionar de “civiles armados” en contra de los manifestantes, y poniendo a los derechos humanos al frente de sus preocupaciones. Pero de los tres organismos mencionados, el primero tiene sede en Londres, el segundo en Nueva York y el tercero en Washington.

De los organismos con sede en la Argentina, el primero en pronunciarse fue el  Servicio de Paz y Justicia a través de un comunicado de su presidente Adolfo Pérez Ezquivel, premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos durante la última dictadura. Fue el 22 de enero. Ya habían pasado diez días desde el comienzo de la represión, y ya habían hablado Cristina, Evo, Raúl Castro y Daniel Ortega en defensa de Maduro sin mencionar a los estudiantes baleados.  “La solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno es un gran desafío  para toda Nuestra América. Resulta preocupante y dolorosa la intensidad de la violencia desatada, provocando muertes, heridos y daños materiales” dice el comunicado. Después de culpar a Estados Unidos, a los medios de comunicación y a la oposición por la violencia, Pérez Esquivel reconoce que  “se deben investigar las muertes de estudiantes en manos de encapuchados para que haya justicia por las víctimas.” En el noveno párrafo aparece una única mención a los “derechos humanos” aunque de manera genérica, sin referirse específicamente a Venezuela.

Dos días más tarde se pronunció la Asamblea Permanente  por los Derechos Humanos (APDH).  Sin mencionar a la represión, la APDH también culpó a Estados Unidos, a los medios de comunicación y a la oposición por la violencia en Venezuela.  Con un lógica difícil de entender, intentó explicar que su “esencia” como organismo de derechos humanos implica repudiar a manifestantes particulares por  “neofascistas” y solidarizarse con las víctimas, pero  sin denunciar a sus asesinos, los agentes estatales del Sebin. “En este marco, la APDH hace un llamado a prestar atención y condenar las señales neofascistas que se manifiestan en este intento que hoy sacude a Venezuela, como puede sacudir mañana a otros lugares de nuestro continente. Desde nuestra esencia como Organismo de Derechos Humanos, nos solidarizamos con el pueblo venezolano y especialmente con las familias que sufren el dolor de esa violencia que ya ha causado como mínimo 13 muertos y decenas de heridos.”

Al día siguiente, 25 de febrero, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado junto a más de cincuenta organismos de la región agrupados en la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas. El comunicado denuncia “actos de violencia” en Venezuela. De manera insólita para un comunicado que representa a organismos de derechos humanos, el texto señala como primeros presuntos responsables de esa violencia a “participantes en las protestas.” Recién después de los manifestantes aparecen mencionados, otra vez en modo potencial, civiles armados y policías. “Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos.” El comunicado sigue con una serie de consejos para Maduro, escritos en tono casi amistoso,  sobre cómo se deben respetar los derechos humanos, aún los de manifestantes enojados o violentos.  “Es fundamental…que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos,” concluye el texto. De los crímenes del Sebin admitidos por Maduro hacía ya diez días, ni una palabra.

Con menos sutileza se expresó la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo hizo a través de un comunicado leído el 27 de febrero, durante la tradicional ronda de los jueves, un día después de conocerse el texto de la coalición. El comunicado de las Madres lleva la firma de Hebe de Bonafini, presidenta de la agrupación. “Querido compañero, Maduro: como ves, el enemigo no descansa, pero nosotros tampoco. Desde Argentina, desde la casa de las Madres, desde nuestro corazón, te apoyamos. Lamentamos las muertes de los compañeros, lamentamos el intento de Golpe,” escribió.

A diferencia de la negación o la ambigüedad de los organismos de derechos humanos argentinos, una agrupación de reconocidos politólogos de este país llamada Club Político Argentino le puso nombre y apellido a las prácticas represivas del gobierno de Maduro. Su comunicado del 26 de febrero empieza así: “La violencia que sufre Venezuela no puede dejar impasibles a quienes creemos en el valor del respeto a los derechos humanos, la paz y el diálogo como componentes de la democracia y la convivencia. La oposición política y aquellos que disienten con el gobierno en ese país hermano, vienen siendo objeto de una agresión que no puede sino ser condenada y repudiada. Esa violencia está entrando en un camino de pérdida de vidas humanas, que nos lleva a exigir que se detenga y se inicie de inmediato un proceso de diálogo. Es imprescindible que las autoridades reviertan las prácticas que han llevado a esta situación y se persuadan de que la primera obligación de un gobernante es preservar la unidad y la armonía de su pueblo considerando que el respeto por los derechos humanos es un principio fundante. La dialéctica amigo/enemigo no debe justificar su violación.”

Ante las escasez de críticas y el éxito de su campaña de denuncia de un supuesto golpe que preparaba la oposición,  Maduro fue por más. El 24 de febrero mandó a sus partidarios, en particular a las milicias armadas al amparo de su gobierno conocidas como “colectivos”, a romper por la fuerza  los cortes de ruta que venían realizando manifestantes de la oposición. Lo hizo por televisión, en cadena nacional, con un lenguaje elíptico y coloquial, pero sin dejar dudas: “Así que quedan invitados.  Es mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo porque algunos de ustedes están apagando candelitas allá, bueno, pero hay que tener equipo y bueno tener la capacidad desde aquí para lanzar el chorro de agua y apagar la candela cuando se prenda, esas candelitas como decía la negra Antonia, candelita que se prenda, candelita que se apaga. Así que bueno, eso nosotros lo estamos trabajando al detalle.”

Todavía faltaba que se pronuncien la OEA, el organismo multilateral interamericano con sede en Washington, y la Unasur, el espacio político que agrupa a las naciones sudamericanas.

 Con respecto a la OEA, hay que reconocer que su secretario general José Miguel Insulza fue una de los primeros en exigir una investigación imparcial e independiente de los sucesos del 12 y 13 de febrero. Pero como organismo, la OEA recién pudo reunirse para tratar el tema tres semanas después de los hechos. Lo hizo a pedido de Panamá. Maduro se tomó el pedido panameño como una traición porque quería que antes se pronunciaran  los cancilleres de la Unasur, quienes conforman un ámbito supuestamente más amistoso, para marcarle la cancha a los estadounidenses. Pero como los cancilleres sudamericanos no se ponían de acuerdo, la OEA avanzó.  A causa de la convocatoria Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Panamá. Al hacerlo Maduro declaró que el presidente panameño Ricardo Martinelli, además de traidor, era un coimero.  El siete de marzo, tras 18 horas de tortuosas negociaciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó un texto que apoya al diálogo convocado por el gobierno venezolano , sostiene el principio de no intervención y llama a “todos los sectores” a frenar la violencia y respetar los derechos humanos.  Para diluir aún más la responsabilidad del Estado venezolano por la represión, la resolución  de la OEA mezcla derechos humanos con derechos universales básicos, como el de acceso a servicios de salud y de educación. “(El Consejo señala) su más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, y hace un llamado a todos los sectores a la paz, a la tranquilidad y al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, circulación, salud y educación,” dice el comunicado en su párrafo más incisivo. Por considerarlo insuficiente, Estados Unidos, Panamá  y Canadá votaron en contra de la resolución, contra 29 votos positivos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano, incluyendo una gira sudamericana de su canciller Elías Jaua, los cancilleres de Unasur recién se reunieron para tratar la crisis venezolana el 13 de marzo, un mes después de la represión y una semana después del pronunciamiento de la OEA, aprovechando la asunción de Michelle Bachelet en Santiago de Chile. Antes, el 16 de febrero, la presidencia pro tempore del organismo a cargo de Surinam había emitido un escueto comunicado de cuatro oraciones denunciando un intento golpista en Venezuela y omitiendo cualquier referencia a los derechos humanos.  “Los Estados Miembros de Unasur manifiestan su firme rechazo a los recientes actos violentos en la República Bolivariana de Venezuela y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular,”  decía el comunicado.

En Chile las cosas fueron diferentes. Jaua consiguió el respaldo unánime a la continuidad democrática que buscaba, sin injerencias de Estados Unidos y sus aliados norte- y centro-americanos en la redacción de la resolución.  Pero a cambio los representantes de Chile, Perú y Brasil exigieron que el texto le dedicara un considerando a la defensa de los derechos humanos. La propia Bachelet lo aclaró cuando le preguntaron en conferencia de prensa por la supuesta omisión de la palabra “derechos humanos” en la resolución de Unasur. “Léala bien,” contestó, segura, la presidenta, consciente de las instrucciones que le había dado a su canciller, Heraldo Muñoz. En efecto, el periodista había confundido el comunicado del 16 de febrero con la resolución del 13 de marzo. En la resolución la frase aparece, tibia, en el segundo párrafo.  Al igual que el texto de la OEA, el de los cancilleres sudamericanos enreda “salud y educación” con libertades individuales. Pero a diferencia de aquél, la demanda de respeto a los derechos humanos se refiere a la región en general y no a un país en particular.  Sin embargo, los cancilleres no se habían reunido en Chile para hablar de salud y educación en América latina, sino de violencia, democracia y derechos humanos en Venezuela..

La resolución 2014 de la Unasur, en su segundo considerando, dice lo siguiente:   “Ratificando el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y reunión pacífica, circulación y libre tránsito, salud y educación, como condiciones esenciales al desarrollo del proceso de integración suramericana...” En la parte resolutiva del texto, los cancilleres acordaron enviar una delegación a Venezuela para "acompañar" a Maduro en la búsqueda de un diálogo político con la oposición. La delegación venezolana festejó el leve y tardío tirón de orejas de sus vecinos como un gran triunfo diplomático. "La Unasur ha salido fortalecida de este profundo debate sobre los valores políticos de la región," celebró Jaua.

La represión  en Venezuela  pone a prueba a los organismos de derechos humanos en la Argentina y las Américas.  Si en vez de actuar como  tales prefieren comportarse como  organismos de  defensa de gobiernos supuestamente revolucionarios o progresistas, convendría que se cambien el nombre para no confundirse ellos y para no perder credibilidad.

Las balas del Sebin  también ponen a prueba a los gobiernos de la región. Si no pueden establecer un piso mínimo de respeto a los derechos humanos, difícilmente se podrán poner de acuerdo en temas menos importantes.

Setentismos - Por Santiago O`Donnell

Parece que en Estados Unidos la violencia revolucionaria setentista ha perdido su encanto. La novedad tomó por sorpresa nada menos que al presidente estadounidense Barack Obama hace diez días cuando el Senado, cuya mayoría es oficialista, bochó al candidato presidencial para ocupar la emblemática oficina de Director (o Secretario) de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Se trata del funcionario de más alto rango que el Congreso le haya rechazado a Obama, y llega después de seis años de gestión y cientos sino miles de funcionarios aprobados. Y llega gracias a un buen puñado de votos de senadores del partido Demócrata del presidente, a pesar de que Obama y su vice Joe Biden se pasaron la semana anterior al teléfono tratando de convencerlos de que apoyen al candidato. Tal fue la sorpresa y el desagrado de la Casa Blanca que ésta se había negado a retirar la candidatura aún cuando horas antes de la votación, el jefe de bancada había llamado al presidente para advertirle que no tenía los votos suficientes.  “Los principales asesores de Obama están furiosos con los senadores demócratas que votaron en contra”, informó al día siguiente el  New York Times. Ese mismo día, en un comunicado, Obama dijo que la votación había sido una farsa (“travestry”). “Han negado al país un servidor público sobresaliente,” lamentó el presidente.
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Claro, se entiende. Había sido un revés político importante. Porque además la secretaría de Derechos Civiles no es cualquier secretaría.  Por la importancia histórica y cultural del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, es una vidriera importante, especialmente para los gobiernos demócratas. Ni hablar del primer presidente negro de la historia. Porque el principal objetivo de la secretaría es ampliar los derechos de los negros y de las demás minorías para que sean equiparables a los de la mayoría. El movimiento por los derechos civiles nació de la gesta abolicionista del siglo XIX y alcanzó su apogeo en los años 60, cuando John F.Kennedy ejercía la presidencia y su hermano Robert encabezaba el Departamento de Justicia . Antes de las leyes y de los cambios que implementaron los gobiernos de Kennedy y su sucesor Lyndon B. Johnson ,  en el sur de Estados Unidos había empezado una ola de desobediencia civil, impulsada por patriadas como la de0 Rosa Parks,  al sentarse en un “asiento para blancos” de un colectivo, o de “los Cuatro de Greensboro” que se negaron a levantarse del mostrador de un comedor cuando el dueño les negó servicio por ser negros. También grandes marchas como la de Selma o la de Washington, y miles de “sentadas” de protesta que terminaban en palizas de la policía estatal  y un gran líder como lo fue el reverendo Martin Luther King Jr., cuyos discursos congregaban multitudes conmovían  hasta las piedras . Así,  poco a poco fueron desapareciendo las diferencias entre “baños”  y “baños para negros” en los restaurantes, los bebederos “para blancos” y  “para personas de color” en las plazas, las leyes que hacían casí imposible que un negro pudiera votar, los mapas electorales que dejaban a los negros fuera de la posibilidad de ser electos. Desde la misma Secretaría de Derechos Civiles se implementaron las leyes de discriminación positiva que el Congreso había aprobado en el gobierno de Johnson, las llamadas “leyes de acción afirmativa”, para integrar escuelas y lugares de trabajo en los sectores público y privado a través de un sistema de cuotas obligatorias para minorías.

El movimiento de derechos civiles motorizó otras conquistas emblemáticas de los años 60, como la enmienda constitucional que garantiza igualdad de derechos para la mujer con respecto al hombre. También se ocupa de los defender los derechos de los pueblos originarios, de la discriminación contra los inmigrantes latinoamericanos y, más recientemente, de las políticas antiterroristas que violan derechos de la comunidad islámica de Estados Unidos. Por eso la dirección de Derechos Civiles no es un cargo cualquiera, menos en un gobierno demócrata y mucho menos bajo el primer presidente negro de la historia y para colmo un presidente con una historia tan ligada al movimiento que lo apodaron “el Kennedy negro”. Como muchos jóvenes abogados negros con vocación pública, Obama había empezado su carrera legal trabajando para un estudio especializado en derechos  civiles y había empezado su carrera política con una taréa típica del movimiento, la organización de campañas para registrar  votantes negros en  los suburbios de Chicago.

El candidato de Obama que su Senado bochó se llama Dego B. Adegbile.  Fuera de su ámbito no es muy conocido. Se trata de un abogado de derechos civiles, hijo de un inmigrante nigeriano y una inmigrante irlandesa, que preside desde hace años el departamento legal de la NAACP (literalmente “Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color”), la principal ONG de derechos civiles para negros. Adegbile nació en 1966. No tuvo una actuación pública en los 70 ni se le conocen actos de violencia. Pero registra un antecedente que la mayoría del Senado no pudo tragar. En el 2009, en nombre de la NAACP,  presentó en la Corte Suprema una apelación en favor del condenado a muerte más famoso de Estados Unidos. La apelación funcionó. El preso fue liberado de la pena capital porque la Corte consideró que durante el juicio por un asesinato cometido en 1981 el jurado había recibido instrucciones tendenciosas del juez en favor de la pena máxima.  El condenado a muerte más famoso de Estados Unidos había matado a un policía. En el Senado, los defensores de Adgbile argumentaron que no está bien confundir a un abogado con su defendido, ya que la constitución estadounidense le garantiza el derecho a la defensa a todos sus ciudadanos. Contestó Bob Casey, senador  Demócrata por Pennsylvania, cuyo voto en contra fue decisivo para hundir la nominación: “Respeto que nuestro sistema de leyes le asegure el derecho a la representación a todos los ciudadanos, sin que importe lo horrible que pueda ser el crimen cometido. Al mismo tiempo es importante que le aseguremos a los ciudadanos de Pennsylvania y de todo el país que pueden tener confianza plena en sus representantes públicos, tanto los electos como los designados.”

El ex condenado a muerte más famoso de Estados Unidos se llama Mumia Abu-Jamal, nacido en Philadelphia en 1954. A los dieciseis años se unió a la organización africanista revolucionaria Panteras Negras, donde alcanzó el puesto de “Teniente de Información”. En una entrevista que concedió por entonces como vocero de la organización en Philadelphia, citó a Mao: “el poder político crece en el cañón de un arma”. Después de dejar las Panteras Negras a fines del 1970 siguió vinculado a la causa del llamado nacionalismo negro y se convirtió en un seguidor de las enseñanzas de Malcolm X, contracara del movimiento pacifista de King y autor de la famosa frase “por todos los medios necesarios”.  Al mismo tiempo emprendió una carrera de periodista radial, llegando a entrevistar a ìconos afroamericanos como el autor de la biografía de Malcolm X y de la novela èpica "Raíces" Alex Haley, el autor del himno revolucionario “Guerra” y leyenda del reggae Bob Marley, y la estrella de básquet Doctor J (Julius Erving), que en ese entonces lucía el peinado afro más desafiante del deporte profesional. En esos años Abu-Jamal también hizo un reportaje a miembros de grupo anarquista local, MOVE, antes de que fueran encarcelados por el asesinato de un policía. Alcanzó el cargo de  presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Philadelphia, pero trabajaba en radios marginales y manejaba un taxi para mejorar sus ingresos.

En la noche  9 de diciembre de 1981, un agente de policía llamado Daniel Faulkner paró un auto conducido por el hermano de Abu-Jamal  en un esquina de Philadelphia. Según testigos, mientras el condutor discutía con el policía, Abu Jamal, que estaba estacionado en su taxi en la vereda de enfrente, salió corriendo hacia el policía y empezó a dispararle. Antes de caer muerto, Faulkner contestó el fuego e hirtió a Abu-Jamal en el pecho. Cuando llegó la ambulancia Abu-Jamal estaba tirado en el asfalto a pocos metros del policía muerto. Sobre su camisa ensangrentada a llevaba puesta una cartuchera de cuero para guardar un arma corta debajo el sobaco y cerca de él yacía un revólver calibre 38 registrado a su nombre que recién había sido disparado, con una bala y cinco vainas vencidas en el tambor, cuyos proyectiles se alojaban en el cuerpo de Faulkner.

 A pesar de todas las evidencias, Abu-Jamal nunca admitió lo que hizo.  En el juicio no declaró y recién en el 2001 escribió su versión de los hechos. Dijo que esa noche había escuchado unos disparos y después había visto que su hermano estaba desorientado, entonces se acercó y le dispararon. Aún así se convirtió en una celebridad.

Eran tiempos en que los policías eran “cerdos”. Las Panteras Negras, con sus grandes peinados afro y sus exhibiciones públicas de armas de fuego, estaban de moda.  El mundialmente famoso compositor y director de orquesta  Leonard Bernstein recibía a sus líderes (con sus afros y sus fierros) como especies exóticas que adornaban  las fiestas de alta sociedad que celebraba en su mansión de Park Avenue de Nueva York, con la excusa  benéfica de juntar dinero para el fondo legal de la organización revolucionaria, tal como lo describiera Tom Wolf en su gran ensayo “El radicalismo chic le hace mau mau a los RR.PP. de moda.”

Aunque la viuda de Faulkner y el principal sindicato de policías estadounidenses  (Fraternal Order of Police) nunca dejaron de denunciar que Abu -Jamal era un asesino y un mentiroso que nunca se arrepintió, la inhumanidad misma de la pena capital le permitió presentarse en sociedad como un erudito prisionero político, víctima de un sistema injusto. Su campaña para intentar demostrar que había recibido una condena injusta en un juicio supuestamente amañado recibió el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y políticos. Figuras de la izquierda champán de Estados Unidos como los escritores Norman Mailer, E.J. Doctorow y  Maya Angelou, y referentes mundiales de la libertad de expresión como el escitor inglés Salman Rushdie prestaron sus nombres a la causa. Así, Abu-Jamal  fue declarado ciudadano honorario de 25 ciudades del mundo, incluyendo Paris, Copenhagen, Montreal y Palermo. Un grupo alemán de víctimas de fascismo lo designó miembro honorario. Hasta bautizaron una calle “Rue Abu-Jamal” en el suburbio parisino de Saint-Denis. Sus escritos desde la cárcel sobre el africanismo revolucionario en Estados Unidos han aparecido en prestigiosas publicaciones especializadas como el Yale Law Review, mientras programas radiales transmitidos desde su celda han sido reproducidos por la reconocida red estatal National Public Radio.

La NAACP se unió a la defensa de Abu-Jamal en el 2009 con la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte Suprema, pidiendo que se revoque la pena de muerte, petición que había sido apoyada, entre otros, por Noam Chomsky, Danielle Mitterand y Günter Grass. En el 2012 la Corte Suprema cambió la pena capital por reclusión perpetua sin posibilidad de ser excarcelado, que Abu Jamal hoy cumple en la prisión estatal de Frackville, Pennsylvania.
La decisión del Congreso de rechazar la candidatura del abogado de Abu-Jamal parece mostrar que algo ha cambiado en la mirada estadounidense  sobre la violencia revolucionaria setentista.  Seguro que atentado de la Torres Gemelas le restó glamour a la romántica idea de tomar el poder por medio de tácticas terroristas.

Pero hay algo más. Algo que nos acerca a esta historia. La llegada al poder de un presidente negro, impensable décadas atrás,  parece mostrar que la lucha por los derechos civiles en cierto sentido ha triunfado en Estados Unidos.  Del mismo modo, en la Argentina, el encarcelamiento de cientos de los principales represores de la dictadura, algo impensable diez años atrás,  parece mostrar que el movimiento por los derechos humanos  en cierto sentido ha triunfado también.  Esos dos hitos, alcanzados acá y allá en estos tiempos, son los que permiten avanzar con una relectura más crítica y menos parcializada e idealizada de lo que pasó en esos años, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. El debate excede y por mucho lo votado en el Capitolio y la distinta suerte que corrieron Obama, Adegbile y Abu-Jamal. En el contexto histórico de la violencia revolucionaria contra gobiernos demócraticos, los Panteras Negras no son tan distintos a los Montoneros.

Mamushka - Por Santiago O`Donnell

 

 La matrioska o mamushka es uno de los objetos favoritos de los turistas que visitan Rusia. Se trata de un juego de muñecas tradicionales de ese país, brillantes y coloridas, que al ser huecas por dentro y al abrirse por la mitad, cada una  contiene otra más chica en su interior, que a su vez contiene otra más chica,  todas distintas a la anterior.  Para ver el juego completo hay que buscar adentro de cada ilustración, ir más allá de esa primera impresión de unidad, que termina resultando engañosa.  Algo parecido sucede en Ucrania.

 En estos días Rusia y Estados Unidos reeditaron el drama de la Guerra Frìa, esto es, la amenaza de una guerra nuclear, al adoptar posturas opuestas en un conflicto sangriento y explosivo que sacude el este europeo. Así como Estados Unidos quiere frenar el expansionismo ruso, Ucrania quiere independizarse de la gran Rusia para unirse a la Unión Europea. Mientras tanto, Crimea quiere independizarse de ese país para unirse a Rusia. Y la minoría tártara y eslava del tercio rusoparlante de Crimea quiere seguir siendo parte de una Ucrania occidental para no caer bajo la sombra del Kremlin. Guerra Fría, independencia, secesión, rebelión.
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Arranquemos con la primera muñeca. Anteayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama estuvo una hora al teléfono con su par ruso Vladimir Putin para intentar poner paños fríos a una situación explosiva, con tropas rusas en Crimea prácticamente cara a cara con tropas ucranianas, que a su vez cuentan con el apoyo de la OTAN. Por lo que se supo a través de sendos comunicados de las dos partes, Obama le comunicó a Putin que la intervención rusa en Crimea debe terminar y que habrá sanciones diplomáticas, pero que Estados unidos sigue apostando a una solución al conflicto a través de negociaciones directas entre Moscú y Kiev. Putin contestó que es muy importante el diálogo entre Estados Unidos y Rusia para preservar la paz mundial, aún cuando no estén de acuerdo en todos los temas.

 Segunda muñeca. Ucrania tenía un presidente aliado de Rusia, pero una población que en su mayoría favorece un acercamiento con Europa. O sea, a diferencia de lo que sugieren los clichés, la pertenencia étnica no es el único factor que los ucranianos consideran a la hora de votar. Con su economía al borde de la bancarrota, el presidente aliado de Rusia, Viktor Yanukovich, venía de cancelar un preacuerdo para entrar a la Unión Europea y de obtener a cambio un rescate económico de Moscú, más un trato para comprar gas ruso con un tercio de descuento y para renegociar la abultada deuda ucraniana con la estatal rusa Gazprom. Fue hace algo más de tres meses. No consultó a nadie pero estaba en su derecho : tenía la mayoría legislativa y un año  más de mandato presidencial hasta las próximas elecciones. La gente se le vino encima. Millones en las calles, decenas de miles en la plaza Independencia de Kiev. No eran todos, claro, eso se verá más adelante. Pero eran muchos y determinados y finalmente se produjo una brutal represión que Yanukovich dice que no ordenó. Yanukovich dijo que los policías tienen derecho a defenderse y es cierto: en la refriega murieron 16 uniformados y a tres meses de resistir en barricadas el crudo invierno ucraniano los manifestantes no eran bebés de pecho y entre los más violentos sobresalían los grupos neonazis. Pero la represión fue feroz: más de cien muertos, 300 desaparecidos y miles de heridos . La carnicería empezó el 18 de febrero y  llegó a su punto más trágico dos días después, cuando 42 manifestantes, casi todos desarmados, fueron ejecutados por francotiradores en Plaza Independencia de Kiev. La represión le costó a Yanukovich su mayoría legislativa y el 24 de febrero la Rada o parlamento votó un cambio constitucional que reducía significativamente los poderes presidenciales en favor de la legislatura. Yanukovich ofreció negociar y sumar a la oposición al gobierno, pero su crédito estaba acabado.  La gente seguía en la calle, con más y más bronca. Entonces  Yanukovich huyó, según él, para preservar su seguridad. Con él huyeron todos sus ministros y los demás principales funcionarios de su administración.  La casa de gobierno quedó vacía. Yanukovich reapareció al día siguiente en el este de Ucrania y dijo que seguía siendo presidente. Tres horas más tarde la legislatura ucraniana, llamada Rada, votó su destitución por 326 votos a cero, con seis abstenciones. En la misma sesión la Rada nombró un gobierno provisorio notoriamente proeuropeo y llamó a elecciones presidenciales para el próximo 25 de mayo.  Yanukovich reapareció el 28 de febrero, esta vez del otro lado de la frontera rusa, para declararse víctima de un golpe y afirmar que seguía siendo el presidente legítimo. La Rada reaccionó votando un ley para que Yanukovich sea juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Además, formalizó un pedido a Moscú para que extradite el presidente depuesto.

Antes de abrir esta muñeca para pasar a la próxima, habría que detenerse y observarla un poco más. Uno podría decir que hubo una revolución, una revolución que estalló a partir de una represión desmedida que le quitó legitimidad al gobierno.  Que el gobierno que cayó por el peso de su accionar terrorista. Pero Yanukovich no renunció. ¿Importa si renunció? ¿Importa la constitución? (¿Hubiera sido lo mismo si De la Rúa se iba en helicóptero sin haber firmado su renuncia?). Son momentos excepcionales de la historia, en los que sostener la reglas del juego se hace difícil porque esas reglas deben ser lo suficientemente flexibles como para contener grandes transformaciones. La constitución de Ucrania demostró no estar preparada, en al menos dos dimensiones. Por un lado, la constitución de Ucrania había sido muy manoseada en sus escasos 18 años de existencia. Iba y venía entre un sistema parlamentario y uno presidencialista según las conveniencias políticas de los gobiernos prorrusos y proeuropeos, con grandes cambios cada cuatro o cinco años, despertando críticas del más reconocido organismo internacional de expertos constitucionalistas, la Comisión de Venecia. Por otra parte el mecanismo de destitución por juicio político de la constitución ucraniana es demasiado complicado para una crisis como la que le tocó vivir a ese país. Según explicita la Carta Magna ucraniana, primero la Rada debe nombrar una comisión investigadora independiente.  Los resultados de la comisión a su vez deben ser remitidos a la Corte Suprema, la cual a su vez debe fallar que hay suficientes pruebas como para avanzar con el juicio político en la legislatura. De ser así, la Rada debe obtener otro fallo, esta vez del Tribunal Constitucional, que avale la legalidad de los procedimientos. Entonces sí se podía llegar a una votación. Pero aún así se hacía muy cuesta arriba, porque había que sumar una mayoría extraordinaria de tres cuartos de los votos. Está bien, uno entiende que la intención de quienes escribieron la constitución ucraniana es preservar la santidad del voto popular, dificultando el reemplazo del principal funcionario electo, o sea el presidente, por la vía legal o legislativa. Tampoco querríamos un juicio político express como el que le hicieron al presidente paraguayo Fernando Lugo en el recordado golpe legislativo del 2012. Pero Lugo no había mandado a matar a nadie, mientras hay fuertes sospechas de que Yanukovich ordenó a sus francotiradores que abran fuego sobre manifestantes indefensos en plaza Independencia. Podría haberse labrado una cláusula que permita la suspensión más o menos inmediata del presidente en caso de graves y evidentes violaciones a los derechos humanos, pero no fue el caso en Ucrania. Por lo tanto tenemos que reconcer,  mal que nos pese, que los violadores de derechos humanos en Ucrania tienen al menos parte de la razón cuando dicen que fueron víctimas de un golpe de Estado. Yanukovich no renunció ni se fue por las buenas. Más bien lo apretaron. Es lo que dice el Kremlin y lo que gritan los ucranianos prorrusos que se manifiestan en Donetsk, Odessa y otras importantes ciudades de este de Ucrania, y no sólo en Crimea.  Lo cual nos lleva a la otra muñeca. Crimea es parte de Rusia desde hace más de 200 años. Solo por una retaliación administrativa en tiempos de Kruschev fue anexada a la entonces república soviética de Ucrania. Cuando cayó el muro y se desarmó la Unión Soviética, Crimea quedó como república autónoma de Ucrania, pero mantuvo fuertes vínculos con Moscú, ya que en sus costas alberga la principal base naval de la flota rusa en el Mar Negro. Crimea tiene una población mayormente ruso-parlante pero también una importante minoría tártara vinculada a Turquía, que ocupa la orilla occidental del mar.  Está claro que Rusia ejerce una hegemonía militar en esa región, pero ante la huida de Yanukovich hizo mucho más que eso.  Para ser claros, Rusia invadió Crimea. Para colmo los soldados rusos ocultaron sus insignias, clandestinizando la ocupación.  Tanto es así que el gobierno ruso negó la presencia de sus fuerzas armadas en Crimea y dijo que lo que allí había eran milicias armadas que habían surgido para defender el orden constitucional de Ucrania, amén de la alianza con Rusia.  Sin embargo, numerosos testigos, incluyendo  de distintas misiones enviadas para mediar en el conflicto, pudieron comprobar que fuerzas armadas rusas, sin identificación visible pero claramente rusas y con disciplina militar, controlaban los dos principales aeropuertos de Crimea y la legislatura local. Las fuerzas rusas además habían capturado varias bases militares en las que las fuerzas amadas ucranianas se habían rendido, mientras que las demás bases ucranianas habían sido sitiadas y mantenían un tenso compás de espera mientras distintas negociaciones intentaban descomprimir la situación. Mientras tanto civiles armados y encapuchado bloqueaban las principales rutas de acceso a Crimea desde Ucrania. El parlamento de Crimea, bajo custodia de las fuerzas rusas, votó el jueves pasado por unanimidad la independizarse de Ucrania e incorporarse a Rusia, y llamó a un referéndum para el 16 de marzo para ratificar la decisión. Así llegamos a la última muñeca. En estos días, frente a los piquetes en las principales rutas de acceso a Crimea, protestan miles de tártaros y eslavos , flameando banderas azul y oro como si fueran hinchas de Boca. Muestran, desafiantes, los colores patrios de Ucrania a los piqueteros armados y encapuchados, que responden gritando “viva Rusia”. Es que en Crimea  no todos están de acuerdo con la secesión, sino que hay gente dispuesta a dar la vida por seguir siendo parte de Ucrania. “Ahora hay gente que dice que va a luchar. Decían que si no pueden vivir como ucranianos, morirán por Ucrania, quieren armas. Esto es preocupante, pero la gente está muy enojada.” declara el comerciante Rustum Ibrahimovic, entrevistado por el diario británico The Independent a la salida de una mezquita de Simferopol, capital de Crimea.  Al día siguiente del pronunciamiento independentista del parlamento de Crimea, Kiev y la Unión Europea denunciaron que la decisión era ilegal, lo mismo que el llamado a referéndum. Furioso, supongo, el mismo día Obama  llamó a Putin para comunicarle que habrá sanciones diplomáticas porque Rusia no puede decidir unilateralmente ocupar y luego anexar un territorio que pertenece a Ucrania.  Así volvemos a la primera muñeca y el juego empieza otra vez.

 Estados Unidos reconoce que Rusia tiene un interés legítimo en Crimea pero cree que el tema de Crimea debe resolverse en conversaciones directas entre Moscú y Kiev.  La constitución rusa exige algo parecido: no se puede anexar un territorio sin un tratado con el país al que el territorio pertenecía. El problema es que Rusia se niega a negociar con el nuevo gobierno de Kiev, al  que no reconoce porque su origen es golpista, según el punto de vista de Moscú. Putin no puede tolerar que le volteen un gobierno amigo en su patio trasero y menos que lo volteen de manera ilegal por querer firmar un tratado de cooperación con Rusia. Estados Unidos y Europa amagan con defender a Crimea, pero en el fondo lo que buscan es que Rusia reconozca el cambio de régimen en Ucrania. Acá nadie es inocente y todos tendrán que ceder un poco. Rusia es el proveedor de prácticamente toda la energía que consume Ucrania, mientras Europa es el principal comprador de las exportaciones ucranianas, sobre todo las agrícolas, a la vez que gran parte del gas y petróleo de Rusia que consume Europa pasa por Ucrania, y gran parte de las inversiones de los magnates rusos están en Europa. O sea, en este mundo globalizado, todos dependen de todos.  Es probable que con el tiempo Ucrania termine yéndose con Europa y Crimea con Rusia, mientras sus respectivas minorías se acomodarán a las nuevas circunstancias y las superpotencias se adaptarán al nuevo mapa geopolítico.

 Y para las democracias, tanto las jóvenes como las viejas, allá, acá y en todos lados, la crisis de Ucrania plantea el desafío de crear y sostener instituciones sólidas pero flexibles, con mecanismos ágiles para actuar en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando un gobierno elegido por voto popular se deslegitima al cometer graves violaciones a los derechos humanos en su intento por destruir a la oposición o por frenar la protesta popular. Un gobierno deslegitimado por sus propios actos criminales se vuelve estéril porque es incapaz de generar la confianza mínima indispensable como para poder gobernar. Ante la ausencia de mecanismos apropiados para castigar rápido al terrorismo de Estado y para garantizar una transición democrática fluida y eficaz en caso de ser necesaria , un gobierno represor puede atornillarse en el poder, al menos hasta la próxima elección, o bien alentar a los elementos más radicalizados de la oposición para que intenten una salida golpista.

Por eso la salud democrática de un país se puede medir, más allá de la ideología de su gobierno, por el nivel de su compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Crimea - Por Santiago O`Donnell

Volvemos a Crimea con un mapa del Mar Negro y el vago recuerdo de una vieja guerra glorificada en la película “La Carga de la Brigada Ligera” (foto) algún sábado de súper acción.

 Pero Rusia ya no es aquel imperio semifeudal humillado en su propio patio trasero por los modernos armamentos y barcos del ejército anglofrancés en 1856. Ahora Rusia vuelve a ser potencia y ahí en Crimea tiene una población de dos millones de rusoparlantes en una región autónoma del tamaño de la provincia de Tucumán, que perteneció al imperio ruso durante más de dos siglos hasta que fue anexado a la fuerza al país vecino en 1954, como parte de una reorganización del imperio soviético. Cuando el imperio soviético cayó en 1991, Crimea quedó del lado de ese país, Ucrania, sólo porque Rusia no tenía fuerzas o tenía demasiados conflictos como para disputarla, más allá del reclamo formal. Pero Rusia nunca dejó de sentir a Crimea como suya. Crimea es una e península cuadrada que cuelga de la costa norte en el centro del Mar Negro, una especie de faro que se clave en medio de ese mar y que permite vigilar en distintas direcciones. Es el extremo sudoeste de la gran Rusia, el lugar favorito de veraneo para sus elites empezando por ese resort de fama internacional llamado Yalta, donde en 1945 Stalin recibió a Churchill y Roosevelt para repartirse los despojos de la Segunda Guerra Mundial.
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 Más importante aún para Rusia que el interés turístico e histórico, Crimea es la plataforma de despegue de su Armada. Cerca de Sebastopol, en el extremo de la península, Rusia posee una importante base naval en terrenos cedidos por Ucrania hasta el año 2042. Desde allí proyecta su impresionante poderío militar por todo el Mar Negro a Turquía, el Cáucaso y Europa oriental, y cruzando el Bósforo, a Asia, Africa y la Península Ibérica a través de los mares de Mármara, Egeo y Mediterráneo. Rusia ya no es aquel país derrotado de mediados del siglo XIX y hace mucho que los barcos de guerra de Inglaterra y Francia no remontan el Mar Negro. Entonces volvimos a Crimea porque quedó atrapada en medio de una revolución, la revolución Ucraniana. Porque Ucrania tiene su propia historia, una historia distinta a la de Crimea, aunque hoy forman parte del mismo país. Ucrania tiene una población mayoritariamente eslava de más de 44 millones de habitantes, veinte veces más que Crimea, y una superficie total que es más de treinta veces el tamaño de Crimea. Y a diferencia de Crimea, Ucrania tiene una historia conflictiva con el imperio ruso, de anexiones y movidas independentistas, a lo largo de muchos siglos.

 El antecedente más reciente de este conflicto fue la llamada Revolución Naranja del 2005. Ese año, un candidato prorruso llamado Viktor Yanukovich había ganado una elección a un candidato proeuropeo llamado Viktor Yuschenko en una votación teñida de fraude. La gente salió a la calle y forzó una nueva elección, que fue ganada por el candidato proeuropeo. La Revolución Naranja no terminó bien. Rusia es el principal proveedor de gas de Ucrania y la mayoría del gas ruso que se vende en Europa pasa por Ucrania. Durante el gobierno proeuropeo, Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania y a Europa en distitntas ocasiones por distintas peleas relacionados con el precio del combustible. En el 2010 la Revolución Naranaja se terminó cuando el prorruso Yanukovich volvió a ser electo presidente de Ucrania.

 Pero hace tres meses otra revolución estalló cuando Yanukovich anunció que interrumpía el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea. El proceso llevaba varios años en marcha y la idea de integrarse al bloque regional europeo era un anhelo de gran parte de la población ucraniana, sobre todo después de ver el despegue económico que había tenido la vecina Polonia desde su ingreso en el 2004. Sin embargo, en noviembre del 2013, dos semanas antes de la fecha largamente anunciada para la firma de un protocolo de asociación con la Unión Europea, Yanukovich salió en cadena nacional para anunciar que el acuerdo se suspendía. Argumentó que mientras Europa estaba en crisis Rusia, nuevamente la potencia emergente, le ofrecía a Ucrania mejores condiciones. Después partió a Moscú a firmar acuerdos económicos y sacarse una foto en el Kremlin con su par ruso Vladimir Putin. La decisión desató una ola de protestas. Millones de ucranianos tomaron las calles de las principales ciudades, armaron barricadas y aguantaron el duro invierno, desgastando la credibilidad de un gobierno con fama de corrupto y prebendario, que parecía sorprendido por la determinación de los manifestantes.

 Pasando por alto la opción de respetar la voluntad popular o al menos plebiscitarla, Yanukovich eligió la represión y provocó un baño de sangre. Más de ochenta muertos en dos o tres noches de furia de la policía ucraniana la semana pasada y Yanukovich se tiene que ir, el parlamento o Rada vota que se tiene que ir, prácticamente lo echa a patadas. En rápida sucesión la Rada votó la destitución de Yanukovich, nombró como nuevo presidente al proeuropeo Oleksandr Turchinov, llamó a elecciones para el 25 de mayo y ordenó la libertad de la heroína de la Revolución Naranja, la ex premier Yulia Timochenko, presa desde el 2011 bajo cargos de corrupción. Al salir de la cárcel Timochenko proclamó “la dictadura ha caído” y anunció que se presentará en las elecciones de mayo.

 El viernes pasado, tras varios días en la clandestinidad, Yanukovich reapareció en Rusia reclamando que había sido víctima de un golpe. Dijo que su palacio había sido comprado con fondos legítimos, que los animales del zoológico que tiene en su propiedad estaban sufriendo, y que no es cierto que el yate y el embarcadero que le habían adjudicado eran suyos, sino que él los había alquilado. Dijo que nunca renunció, y que va a volver. Que vuelva, contesta el nuevo gobierno, que se presente, que dé la cara por los crímenes cometidos, por los ochenta muertos en las calles. Pide la extradición de Yanukovich a Rusia y vota que sea juzgado en el tribunal internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

 Parece que ha triunfado la revolución. Una revolución pacífica de manifestantes desarmados que prefiere la medicina amarga de la austeridad fiscal que propone Europa, antes que los préstamos rápidos y el gas subsidiado de los rusos que prometía Yanukovich.

 Pero faltaba que hablara Crimea. Según denuncian autoridades ucranianas, militares rusos han tomado el control de los principales aeropuertos de Crimea y del Parlamento de Crimea, mientras grupos de civiles armados han montado barricadas para cortar las principales rutas. Rusia dice que no ha invadido, que ha movilizado tropas a la frontera, sí, pero que se trata de ejercicios militares rutinarios programados desde antes de que estallara el conflicto.

 Lo cierto es que la presencia de civiles armados y el despliegue de militares rusos en Crimea  existe, según muestran las fotos que nos llegan desde allá. Y, como en una reedición de la Guerra de Crimea, otra vez la presencia militar rusa en esa península del Mar Negro inquieta a Gran Bretaña, Francia y sus aliados. El viernes pasado el primer ministro británico David Cameron llamó a Putin para exigirle que respete la integrida territorial de Ucrania, según informó el Foreign Office. Ese mismo día la cancillería francesa emitió un comunicado conjunto con las cancillerías de Alemania y Polonia, reclamando lo mismo que Cameron. El canciller de Estados Unidos, John Kerry, se sumó al coro con la advertencia a Moscú de que “cualquier intervención en Ucrania sería un grave error”. Como buen tiempista, Putin por ahora guarda silencio, esperando el moento más oportuno para lanzar su contraofensiva diplomática.

 El tema es que Ucrania quiere independizarse de Rusia para unirse a Europa, mientras Crimea quiere independizarse de Ucrania para unirse a Rusia, cuestión que no es fácil de resolver. Porque a medida que se imponen nuevas identidades supranacionales como la Unión Europea y la gran Rusia, se debilitan la identidades nacionales y lo que sucede en Crimea puede trasladarse a Escocia o Cataluña o, en el caso ruso, a alguna región separatista de su vasta geografía. En eso coinciden los intereses de Bruselas, Washington y Moscú, y por eso distintos líderes mundiales se encargaron de difundir esta semana que habían hablado con Putin y que éste les había prometido respetar la “unidad territorial”, o sea la soberanía que Ucrania ejerce sobre Crimea.

 Sin embargo hay otra lectura, bien de Guerra Fría, que es la desconfianza a un manotazo ruso al estilo Osetia del Sur en el 2005. Esa vez una región autónoma prorrusa de Georgia había ganado su independencia mediante un conflicto armado, para convertirse en un protectorado de Moscú. El triunfo de Osetia del Sur se había dado gracias a una fulminante intervención del ejército ruso y ante la pasividad de los aliados occidentales del gobierno de Tbilsi. De ahi la tensión por Crimea esta semana y los intercambios de nerviosos comunicados. 

Pero esto no tiene por qué terminar mal. Así como han habido particiones traumáticas en Europa como la de la ex Yugoslavia, también hubo particiones amigables como la de la ex Checoslovaquia. Lo importante es respetar la voluntad popular y los procesos democráticos y constitucionales, teniendo en consideración los derechos de las distintas minorías y el respeto a los derechos humanos.

 En la guerra de Crimea de hace un siglo y medio habrían muerto más de 250,000 soldados y 750,000  civiles. La próxima podría ser peor, si la sensatez no se impone a la prepotencia.

Derechos Humanos en Venezuela - Por Santiago O'Donnell

De todo lo que está pasando y lo que no está pasando en Venezuela, podríamos empezar por el intento de golpe pero mejor empecemos por los derechos humanos.

 Porque del intento de golpe, creo que podemos decirlo, estamos más protegidos. Está la Unasur, está la Celac. Dicho en criollo, el golpe ya no garpa como antes. Ni a los que les va mal, ni a los que les va bien como Micheletti en Honduras o Franco en Paraguay. ¿Dónde están ahora? Ambos debieron llamar a eleciones libres, aislados y deslegitimados mientras duró su usurpación del poder. Y no vamos a comparar a Venezuela con esos países pero sí podemos decir que en la mayoría de la oposición venezolana hubo una educación democrática desde el intento de golpe del 2002 contra Chávez hasta el día de hoy. El referente principal de la oposición, Henrique Capriles , el mismo que tuvo un rol menor, pero rol al fin, en el intento de golpe del 2002, ahora llama a la paz y al respeto a la autoridad constitucional del presidente Nicolás Maduro, y repudia los llamados a destituirlo. O sea, aún dentro de la opocisión, los golpistas hoy son minoría y los grandes actores que antes sacaban rédito del golpe_ los grupos empresarios, la embajada de Estados Unidos, las fuerzas armadas_hoy no parecen tener el peso suficiente para imponer una salida autoritaria, aún en un escenario de escasez, inflación, inseguridad y violencia política.
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 Más difícil es ignorar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron la semana pasada en Venezuela, en medio de una ola de protestas y contraprotestas que tornaron violentas por el accionar de grupos de choque de ambos lados. Cinco personas murieron por heridas de bala. Tres eran estudiantes universitarios que protestaban desarmados en contra del gobierno. Bassil Da Costa, alumno de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas, fue baleado por una pandilla motorizada en Caracas. La modelo Génesis Carmona, estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro de Valencia, recibió un disparo en la cabeza mientras participaba de una marcha en Carabobo. En el caso de la modelo, tanto el ministro del interior como la ministra de Comunicación informaron que Carmona fue muerta por la espalda, sugiriendo que los disparos partieron de la manifestación.

 El tercer muerto es Robert Redman, un tuitero antichavista conocido como @escuálidoreloaded que transmitía la protestas en vivo, informando poco antes de su muerte sobre un ataque con piedras de una banda motorizadas chavista. Poco antes de morir, Redman había sido fotografiado cargando con Da Costa. Pero Redman no era un estudiante. En Facebook se describe a sí mismo como “montañista”. El viernes pasado en una conferencia de prensa Maduro sugirió que Redman fue víctima de un crimen por encargo. “Hay periodistas sagaces que deberían preguntarse por qué el muchacho (Robert Redman) que cargó lamentablemente al muchacho caído (Bassil Dacosta) en la noche quemando cauchos, aquí cerca en Chacao en el este de Caracas, fue asesinado por una motos de alta cilindrada, pa pa (haciendo el sonido de dos disparos), como quien asesina a alguien por encargo”.“¿Nadie se ha preguntado esto, nadie está investigando? Eso hay que investigarlo, son eventos que están bajo investigación policial pero sería bueno hacer la invetigación”, dijo Maduro.

 El cuarto muerto es el ex policía Juan Carlos Montoya, más conocido como “Juancho”. estuvo preso entre 2008 y 2010 por presunto terrorismo después de que la cámaras de video del edificio de la central empresaria Fedecámaras lo captara colocando un artefacto explosivo en esa propiedad. El cómplice de Montoya murió en el atentado cuando la bomba  explotó antes de tiempo. Montoya era considerado un referente para alguno de los “colectivos” más importantes de Caracas. Los “colectivos” son grupos armados que se visten de negro, circulan en motos y según el gobierno defienden la revolución, pero además actúan como fuerzas de choque paraestatales encargadas de disciplinar e intimidar a la población.   Montoya, además de haber sido policía, es un referente del colectivo 23 de Enero, una fuerza surgida del barrio obrero que lleva ese nombre, el más emblemático de Caracas. Cuando Montoya cayó preso por terrorismo, el colectivo  23 de Enero  protestó frente a los tribunales de esa ciudad exigiendo su liberación, ya que lo consideraban un prisionero político. Tras dos años de detención obtuvo su excarcelación mientras el juicio en su contra continuó hasta el día de su muerte, sin que se dictara sentencia.  Anteayer fue velado en la parroquia 23 de enero.  Sus deudos pusieron sobre el cajón una bandera venezolana, una ametralladora y tres cargadores de municiones (foto).

Las tres muertes en Caracas aparecen extrañamente relacionadas. Mientras el tuitero Redman cargó con el estudiante Da Costa, el estudiante Da Costa fue asesinado con la misma arma que el ex policía Montoya, según pericias realizadas por la justicia venezolana. “¿Qué cosa no? uno de aquí y uno de allá”, ironizó Maduro en la conferencia de prensa.

 La Fiscal General Luisa Ortega Díaz informó el viernes que además de estos cuatro muertos hubo otras cuatro personas que fallecieron por accidentes automovilísticos relacionados con las barricadas. Así elevó a ocho el número de víctimas fatales, equilibrando las muertes entre chavistas y antichavistas. La fiscalía informó que además hubo 124 heridos y más de 60 detenidos. El sábado se sumó un quinto muerto, Geraldine Moreno, de 23 años, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de Carbobo,baleada en la cara a quemarropa, falleció luego de varios días de agonía.

 En la conferencia de prensa del viernes pasado Maduro informó que hay funcionarios  estatales involucrados en las muertes de la semana pasada y en otros casos donde manifestantes sufrieron heridas de bala “Ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon, presos tienen que ir, lo primero no tenían que estar ahí ni de broma y segundo armados menos y tercero disparando menos”, declaró el presidente. Acusó a funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) de desobedecer una orden directa de no salir a la calle. “Están detenidos los funcionarios públicos que usaron armas el 12-F. Los entregué. Si alguno está involucrado que pague con cárcel, los del Sebin que están ahí incumplieron la orden directa del director del Sebin de no salir a la calle menos, de armas. Estoy investigando todo eso y si llegaran a aparecer elementos se lo diría a mi patria y a ustedes de que hay conspiradores dentro del Gobierno o ha sido comprado algún funcionario, se lo diría al país con cuatro pares de voluntades que tengo y diría los nombres de los complotados tengan la seguridad”.

Entre los señalados por la prensa opositora como identificados en los videos disparando figurarían el comisario de la Sebin Melvin Collazos y el sargent del ejército Johnathan Rodríguez, del cuerpo de seguridad del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.

Los derechos humanos se ocupan de los crímenes cometidos desde el Estado.  “Desde el Estado” se puede interpretar de distintas maneras. Un asesinato, por ejemplo, se puede cometer “desde el Estado” si lo comete un agente del Estado, a sueldo del Estado,  con armas provistas por el Estado. O el asesino puede ser parte de una organización armada de civiles que opera al amparo del Estado, que recibe prebendas del Estado, que recibe cobertura del Estado para portar armas y reconocimiento del Estado para ejercer la autoridad en su zona de injerencia. Un asesinato cometido desde el Estado en cualquiera de estas formas es una grave violación a los derechos humanos, y más aún si el Estado no actúa rápidamente para  aclarar los hechos y castigar a los culpables.

 “El mundo entero ha visto las imágenes del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de armas de fuego; la violencia con la que se han desarrollado algunas protestas y los ataques perpetrados impunemente por parte de grupos de civiles armados .Tanto periodistas como defensores de derechos humanos han sido víctimas de hostigamiento y abusos. Todos estos actos son violaciones de los derechos humanos y son por lo tanto intolerables,” denunció Amnistía Internacional en un comunicado.

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también denunció a los “grupos civiles armados” que atacaron a los manifestantes durante las protestas de la semana pasada. “La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego,” dice el comunicado de la CIDH.

 Los colectivos venezolanos no son nuevos. Vienen de la época de Chavez. En diciembre del 2007 entrevisté a Lina Ron , entonces la líder más reconocida de los colectivos. Fue al día siguiente de la derrota de un plebiscito por la reelección indefinida de Chávez. La entrevisté porque era la única dirigente del oficialismo dispuesta a dar la cara horas después del revés, mientras el líder bolivariano masticaba su derrota en silencio en el Palacio de Miraflores. Vi las armas de Lina Ron, vi sus motos, me regaló una remera y un compact disc con canciones referidas a sus andanzas. “Que este coñazo nos sirva de lección,” me dijo sobre el resultado electoral. No sé qué lección aprendió, pero tiempo después lideró una toma del Palacio Episcopal de Caracas y después una toma de la cadena televisiva Venevisión, por la cual pasó varios meses presa. Murió de un paro cardíaco en el 2011 y en el entierro Chávez fue el orador principal. “Con Chávez todo, sin Chávez plomo” era la frase preferida de Lina Ron.

 Lejos de responder la inquietudes de Amnesty y dela CIDH, Maduro defendió esta semana a los colectivos bolivarianos. "La única forma de regularizar esta situación es con la justicia. Yo les doy garantías de que esos colectivos lo que están haciendo es trabajar producir, organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad. Si hay alguna persona en esos colectivos, culpable de algún delito, irá preso. "No acepto la campaña de demonización de los colectivos venezolanos. Sigamos trabajando. Si en algún lugar hay conciencia es en estos colectivos," dijo el presidente venezolano.

Eso, por un lado. El presidente elogió a los grupos armados que atacaron las protestas de la oposición. Por otro lado, si bien Maduro dijo que entregó a la justicia a los agentes del Sebin que le dispararon a los manifestantes, el gobierno y la justicia aún no dieron ninguna información sobre estos agentes, ni el nombre, ni el rango, ni los crímenes que les imputan, ni las pruebas que los incriminan. Aún si Maduro no hubiera dado la orden de reprimir, como Jefe de Estado le cabe una responsabilidad. Le cabe por las patotas de civiles armados que su gobierno permite patrullar las calles, supuestamente en defensa de la revolución, y que durante las marchas cumplieron la función de golpear y hostigar a los manifestantes. Y le cabe también por el supuesto descontrol en la agencia de inteligencia, donde según Maduro un grupo de agentes decidió disparar munición viva contra civiles desarmados sin que nadie se lo pida. Y si esa orden hubiese existido, es entendible que quien la diera no lo quisiera admitir. El cuento de los “excesos” no es precisamente novedoso.

Por eso resultó llamativo que el gobierno argentino, primero a través del jefe de gabinete y luego a través de la presidenta, salieran a respaldar el accionar de Maduro sin hacer ninguna mención a las violaciones de derechos humanos del gobierno bolivariano. “Las elecciones se ganan o se pierden, pero no por perderse una elección se puede poner en vilo a un país y a una región que fue declarada como región de paz", dijo Cristina Fernández de Kirchner el jueves, sin pronunciar ni una vez la palabra “derechos humanos”. Así se sumó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en expresarsu solidaridad con Maduro. Es llamativo porque el gobierno de Kirchner se presenta en foros internacionales como un referente mundial en derechos humanos pero de gobiernos amigos no dice nada. Y es llamativo porque otros gobiernos progresistas de la región como Brasil y Uruguay mantuvieron un silencio cauteloso y distante con respecto a la crisis venezolana, a la espera de que se aclaren estos episodios tan graves, que empañan la legitimidad de cualquier gobierno.

 Tampoco se entiende bien que la principales organizaciones de derechos humanos de la Argentina no se hayan pronunciado sobre los crímenes cometidos la semana pasada desde el Estado venezolano. Por caso el Centro de Estudios Legales y Sociales, que habitualmente opina sobre casos notorios de violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia en la región, hasta ahora no tuvo los reflejos necesarios como para denunciar la crítica situación en Venezuela. Eso sí, anteayer emitió un comunicado anunciado la apertura del juicio contra los policías y funcionarios responsables por la represión en diciembre del 2001, durante las últimas horas del gobierno de Fernando De la Rúa. Pero no hay violaciones a los derechos humanos simpáticas que merecen silencio, y violaciones antipáticas que merecen repudio. Para ser creíble hay que ser coherente.

Rojo o Naranja -por Santiago O`Donnell

Una última peleíta antes de llegar a las fiestas de fin de año: el tironeo por Ucrania. Resulta que el presidente de ese país, Viktor Yanukovich, estaba por firmar un acuerdo de cooperación  con la Unión Europea (UE), antesala a la membresía plena,  a fines del mes pasado en Lituania, una de las ex repúblicas soviéticas que ya se incorporó al bloque continental. Pero una semana antes de la firma del acuerdo Yanukovich emitió un comunicado anunciando que la firma se suspendía y que Ucrania había iniciado conversaciones para unirse a la Unión Aduanera que forman Rusia, Bielorusia y Kazakstán.

El anuncio causó un gran revuelo en Kiev y alrededores, donde decenas de miles de manifestantes pro-europeos salieron a la calle a protestar. La policía reprimió y cientos de ellos fueron encarcelados. La presión aumentó y Yanukovich amnistió a los manifestantes. Pero lejos de dar marcha atrás, la semana pasada viajó al Kremlin y firmó un acuerdo de ayuda financiera por 15,000 millones de dólares y consiguió una rebaja de cerca del 20 por ciento en el precio del gas ruso.
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Putin aprovechó la ocasión para regodearse con la pulseada ganada a Europa, haciendo notar que la ayuda financiera era "sin condicionamientos" a diferencia de los llamados "rescates" de la Unión Europea, que vienen acompañados por la imposición de duros ajustes que suelen funcionar como salvavidas de plomo. Además, para avanzar en la integración con Europa, Bruselas le exigía, más bien le exige, a Ucrania una serie de reformas y gestos políticos que ponían en riesgo el poder de Yanukovich y su eventual reelección en el 2015.

En concreto, la Unión Europea exigía una reforma judicial, una nueva ley electoral y la libertad de la principal rival de Yanukovich, la liberal Yuliya Timoshenko, la ex primera ministra que encabezó la llamada Revolución Naranja pro-occidental en el 2004. Timoshenko había sido condenada en el 2011  a siete años de cárcel por comprar gas ruso a precios supuestamente inflados, condena que fue denunciada como fraudulenta por los gobiernos de Estados Unidos y la UE..  Timoshenko permanece internada en un hospital de Yarkov, en el este de Ucrania, con una severa hernia de disco que apenas le permite caminar, a la espera de un permiso del gobierno para salir del país y tratarse en Alemania.

Esta semana  los líderes europeos reunidos en Bruselas dejaron en claro que no se resignan a incorporar a Ucrania, pero aclararon que ya no le creen a Yanukovich, quien dijo que las negociaciones con la UE seguían en pie. "Si firmamos algo, va a ser con el próximo gobierno", se esperanzó uno de esos líderes europeos después de la cumbre, reflejando el pensamiento de la mayoría.

Hablando de mayorías, las encuestas señalan que la mayoría de los ucranianos prefiere negociar con Europa y no con Rusia. Esto es, prefieren la amarga medicina europea antes que el parque de diversiones que promete Putin. ¿Por qué? Esas mismas encuestas dicen que los ucranianos no quieren copiar la corrupción y el nepotismo que son endémicos en el imperio que heredó los personalismos de regímenes zarista y soviético. Pero las encuestas no cuentan toda la historia,

Más allá de las urgencias políticas de Yanukovich, el golpe de timón de Ucrania responde a  un cambiante contexto externo.

Por un lado, Europa permanece sumergida en una profunda crisis financiera desde el 2008 y comprometida con la receta de ajuste neoliberal y centralización bancaria bajo la mano firme de la canciller alemana Angela Merkel, la opción de sumarse al bloque continental no es tan tentadora como en la década del 90, cuando vecinos de Ucrania como Polonia se beneficiaron con una importante transferencia de capitales desde los países europeos centrales en forma de subsidios y financiamiento barato, ya que entonces la potencias europeas gozaban de una amplia liquidez monetaria, producto de una burbuja inmobiliaria alimentada por derivados especulativos apalancados en paraísos fiscales.

Por el otro lado, Rusia emergió de una desastrosa década del 90, sobreviviendo la resaca del desmantelamiento del aparato soviético,  con un boom económico producto del salto en los precios del gas y el petróleo que tienen a Rusia como primer exportador mundial, para retomar su lugar como superpotencia, capaz de discutir con Occidente y China de igual a igual en los distintos escenarios del planeta en los que se dirimen las hegemonías..

El tironeo por Ucrania tiene que ver también con las particularidades de su economía y con su importancia geoestratégica. Esto es, Ucrania exporta más de dos tercio de su energía de Rusia y de Asia a través de Rusia. A su vez,  las tres cuartas partes del gas que Europa le compra a Rusia pasa por Ucrania. Y para completar el intrígulis, más del ochenta por ciento de las exportaciones de Ucrania no van a parar a Rusia, sino a la Unión Europea. Se trata de un mercado potencialmente atractivo, con unos 45 millones de habitantes, en su mayoría altamente educados, distribuidos en más de 600,000 kilómetros cuadrados que van de norte a sur entre Polonia y el Mar Negro, y de este a oeste entre Rusia y Bulgaria. Además, aunque hace tiempo ya devolvió todas sus armas nucleares a los rusos, Ucrania mantiene el segundo ejército más numeroso de Europa, sólo superado por Rusia

El tironeo es político y económico pero sobre todo cultural. La lógica política indica que al presidente de Ucrania le conviene el rescate barato que le vendieron los rusos para llegar fortalecido a las elecciones del 2015, antes que las reformas y los ajustes que exigen los europeos. Pero millones de ucranianos, muchos de ellos educados bajo el sistema soviético, han decidido luchar por ser parte de Europa. Es decir, luchan por integrar un sistema que, más allá de su descarnada competencia, sabe valorar y premiar a la libertad y la transparencia. Enfrentan a un presidente y a una fuerza política que pugnan  por retornar al triste pero cómodo lugar de vasallo del zar de turno, como forma de asegurarse su supervivencia política.. Entre ex revolucionarios naranjas en las calles y rojos nostálgicos del imperio soviético en los despachos del gobierno, el destino de Ucrania se juega por estos días, mientras llega Navidad.

Reconciliación - Por Santiago O`Donnell

 A propósito de la muerte de Nelson Mandela, de los tres días de funerales con casi cien jefes de Estado y de Gobierno presentes, con el histórico apretón de manos entre Obama y Raúl Castro incluído, desde la perspectiva de la Argentina de hoy, y todo lo que hemos vivido en materia de violaciones a los derechos humanos, me animo a un comentario políticamente incorrecto como homenaje al gran líder fallecido.

Mandela estuvo preso 27 años entre 1962 y 1989. Después compartió el premio Nobel de la Paz con el presidente blanco que lo liberó, después fue presidente y después se terminó de convertir en el ícono universal de la reconciliación con una memorable aparición en un mundial de rugby. Hace cinco años, durante otro mundial del mismo deporte, escribí una columna recordando la visita de un equipo argentino a Sudáfrica en 1982, y lo que significó esa visita en pleno apartheid, con Mandela preso.
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 “Cuando llegaron los argentinos, los negros no podían votar salvo en las elecciones dentro de los ghettos a los que habían sido confinados. No podían usar escuelas de blancos ni hospitales de blancos ni micros de blancos, ni siquiera las paradas donde paraban los micros de los blancos. No podían emplear a blancos ni tener negocios en zonas de blancos, ni siquiera pisar donde pisaban los blancos sin un permiso especial. No podían ir a las universidades de los blancos ni integrar equipos deportivos con blancos.

“Los ghettos de los negros en muchos casos no tenían agua ni electricidad. Los hospitales de los negros atendían veinte veces más pacientes que los de los blancos, con menos insumos y menos médicos. El sueldo mínimo de los blancos duplicaba el de los negros. Semejante sistema, implantado entre 1940 y 1960, requería altas dosis de represión. En 1960 la policía sudafricana abrió fuego contra un grupo de manifestantes que se había congregado en el pueblo de Sharpeville para protestar por el sistema de pases. Sesenta y nueve personas murieron y 186 resultaron heridas (foto). Todas las víctimas eran negras y la mayoría había sido baleada por la espalda. Al día siguiente el gobierno sudafricano decretó un estado de sitio, lanzó una razzia que terminó con la detención de 18.000 personas y prohibió a las dos grandes coaliciones opositoras de los negros: el ANC dominado por los Xhosa bajo la conducción de Nelson Mandela, y el PAC de los zulúes conducido por Gastha Buthelezi, ambos grupos de orientación marxista, que pasaron a la clandestinidad.

 “Mientras tanto, Sudáfrica financiaba la guerrilla en Mozambique y Namibia y combatía rebeldes en Angola y cada tanto lanzaba ataques militares en esos países y también en Lesotho, con la excusa de perseguir rebeldes sudafricanos refugiados del otro lado de la frontera. O sea, estaba en guerra con todos su vecinos. Además, avanzaba con un programa para desarrollar una bomba nuclear con el apoyo del gobierno israelí.

“A partir de la masacre de Sharpeville, la campaña internacional para acabar con el apartheid cobró fuerza. Para cuando viajaron los jugadores argentinos, además del boicot deportivo avalado por la Asamblea de las Naciones Unidas, los boicots académico, económico y de armamentos se hacían sentir con fuerza. El gobierno sudafricano ofrecía jugosos cachets para que intelectuales se acercaran a dar conferencias, para que artistas celebraran conciertos y para que deportistas, con su presencia, legitimaran el régimen a los ojos de su gente. Para eso habían construido el mega resort de Sun City, donde Gary Player organizaba un torneo de golf con los premios más elevados del mundo, y que inspiró la canción del rockero norteamericano Stevie van Zant No vamos a tocar en Sun City, que se convirtió en el himno del boicot.

“Los pumas disfrazados, en tanto amateurs, no cobraron un peso por los servicios prestados al gobierno asesino. Y qué servicios prestaron. No fueron a presentar papers académicos ni jugar al golf delante de unos pocos. Fueron a practicar el gran deporte sudafricano, pasión de multitudes, contra un equipo que representaba el orgullo nacionalista de la minoría dominante. Tan es así que el mayor símbolo de la reconciliación sudafricana se dio en una cancha de rugby durante el mundial de 1995 que se jugó en ese país, cuando Nelson Mandela alzó la copa vistiendo la camiseta del capitán Springbok, el rubio François Pienaar (foto portada).”

 O sea, el tipo, que venía de la guerrilla marxista y que se había comido 27 pirulos en la cárcel, sale libre y antes que buscar justicia, busca reconciliación. El springbock no sólo era el símbolo del equipo nacional de rugby, del deporte de los blancos, era el símbolo del ejército sudafricano, el de los carniceros de Sharpeville. Y la camiseta de los Springbocks era verde con vivos naranja, igual que el uniforme era que usaba el ejército sudafricano para imponer el apartheid. Y Mandela se puso esa camiseta. Se la puso para alzar la copa y para cantar el nuevo himno sudafricano y para agitar la nueva bandera sudafricana.

 Así Mandela transformó al springbock, el venado africano. A partir de su gesto, dejó de ser el símbolo del apartheid y pasó a ser el de todos los africanos: blanco, mulato, xhosa o zulú. Y el rugby dejó de ser el deporte de los blancos y el fútbol dejó de ser el deporte de los negros y ambos deportes se integraron y los sudafricanos volvieron a encontrarse y a reconciliarse en el mundial de fútbol del 2010, el de las vuvuzelas.

 En Sudáfrica no hubo justicia por los crímenes del apartheid.  Mejor dicho hubo justicia parcial. Porque la justicia tiene dos componentes: el de la verdad y el del castigo. La Comisión de la Verdad impulsada por Mandela sacrificó el castigo a cambio de la verdad. Así, miles de represores confesaron sus crímenes ante los tribunales pero ninguno fue castigado. Algunos dicen que Mandela optó por esa vía por debilidad política, porque no podía hacer más. Puede ser, pero igual hay que tener un estómago tremendo para tragarse semejante sapo.

Pero así, moviéndose en lo simbólico y en lo legal, y haciendo grandes sacrificios, Mandela logró la reconciliación, o mejor dicho que los habitantes de un país enfrentados durante más de un siglo por una historia de explotación y desigualdad, se unieran en la construcción de una nueva identidad nacional que, al menos en las formas, incluye e iguala a los sectores enfrentados.

 En la Argentina es delicado hablar de reconciliación porque enseguida te acusan de avalar la teoría de los dos demonios y por lo tanto hacerle el juego a los defensores de los crímenes de la dictadura. Pero bueno, es muy difícil ver tanto homenaje y escuchar tanto discurso elogiando a Mandela por haber logrado la reconciliación a partir del perdón y la verdad histórica y no preguntarse por qué no hay lugar para algo así en la Argentina.

 No digo que tenga que ser igual que en Sudáfrica. Después de mucho tiempo y muchos esfuerzos cientos de represores de la dictadura argentina están presos y bien presos están. Ese es un logro, una conquista de la justicia y del pueblo de Argentina, un hito mundial en la defensa de los derechos humanos, un caso de avanzada para afirmar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el mayor avance de la doctrina de Justicia Universal desde Nuremberg.

Pero aún así, el contraste entre la imagen de Mandela alzando la copa con la camiseta Springbock, y la imagen de Néstor ordenándole a un general que descuelgue el cuadro de Videla es demasiado fuerte como para pasar desapercibido. Dos actitudes prácticamente opuestas frente a un mismo enemigo. Mandela simbolizó la reconciliación. Podremos elogiarlo o criticarlo por eso, pero hay que ser hipócrita para aplaudir la reconciliación en Sudáfrica y demonizarla en Argentina.

Entonces, para ser coherentes, o Mandela fue un Tío Tom que se vendió a los blancos por unas migajas de poder y los Montoneros fueron apenas unos muchachos idealistas, o Mandela es el gran líder mundial de la reconciliación y la guerrilla argentina contribuyó a la violencia de los años setenta durante gobiernos democráticos, con provocaciones que los militares aprovecharon para justificar su brutal respuesta durante la dictadura. Por decirlo de alguna manera.

 Todavía no prendió en la opinión pública, pero el debate ya está instalado en el círculo de intelectuales que rodea el movimiento por los derechos humanos, acá y en el mundo. Por un lado, Verdad y Reconciliación. Por el otro, Ni un Paso Atrás y Vamos por Todo.

Persiana americana - Por Santiago O`Donnell

Charly Alberti es un artista. Un músico famoso, baterista del legendario trío de pop-rock argentino, Soda Stéreo. Como tal, Alberti  está inmerso en la batalla cultural por el reconocimiento de la propiedad intelectual, nacional y extranjera, de su obra y la de otros artistas como él.

Pelea por sus derechos y los de todos los autores intelectuales  en un país con software libre, con CDs  y DVD truchos,  con archivos musicales, series de tevé y películas que se bajan gratis por internet.  Un país  de remedios genéricos que siguen fórmulas de laboratorios extranjeros y no siempre pagan las regalías correspondientes, un país de ferias populares que venden ropa copiada a las grandes marcas internacionales, que llega de contrabandoy  a precio de ganga desde la Triple Frontera.
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En esa guerra Alberti vendría a ser un agente encubierto de la embajada de Estados Unidos. Un referente de intereses estadounidenses, pero envuelto en la bandera argentina, para que no se note que la movida viene de afuera.  Una especie de Persiana americana. O tal vez nunca se dio cuenta que estaba siendo operado por la embajada. En ese caso usaron su cabeza como un revólver.

Según una serie cables de la embajada estadunidense filtrados por Wikileaks, la defensa de la propiedad intelectual estadounidense es una de las prioridades de la embajadas de ese país. En particular, es un tema que asumió como propio  Earl Anthony Wayne durante su estadía como embajador en Argentina entre
enero del 2007 y abril de 2009. Es muy probable que Wayne haya mantenido su cruzada a favor de esta causa en su actual puesto como embajador en México, pero los cables de la filtración terminan pocos meses después de su partida de Buenos Aires. Lo cierto es que ni antes ni después  mostró la embajada en Buenos Aires  tanto interés en el tema  como durante el mandato de Wayne.

Para los estadounidenses, la propiedad intelectual abarca patentes y marcas, por un lado, y derechos de autor, por el otro.  En las negociaciones de comercio internacional, típicamente Estados Unidos y los países desarrollados  exigen que sus patentes, marcas y derechos de autor sean respetados en los países en
desarrollo. A cambio, los países en desarrollo exigen que los países desarrollados abran sus mercados a los productos agrícolas producidos más allá de sus  fronteras, y que no subsidien a sus propios granjeros.

En los noventa, durante la llamada Ronda de Uruguay de la Organización Mundial de Comercio,, en el
marco de un acuerdo mundial de tarifas e inversiones, Estados Unidos logró imponer un tratado de propiedad intelectual, el TRIPS.  Para adecuarse al TRIPS, Argentina aprobó una ley de patentes a principios del gobierno de Néstor Kirchner, con el apoyo de todas las bancadas menos el socialismo y la Izquierda Unida. Según los cables de la embajada, el gobierno argentino  argumenta  que con esa ley da por cumplidas sus obligaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, para Washington, Argentina no hace todo lo que debería hacer. Desde 1996 a la fecha Argentina integra una lista de países que no alcanzan el  grado de cooperación suficiente, según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. En el 2013 Chile y Venezuela, además de Argentina eran los países
sudamericanos en la lista, llamada “Special 301 Priority Watch list”. Los demás países sudamericanos salvo Uruguay integran una segunda lista: “Special 301  Watch list” a secas, sin “Priority”.  Uruguay salió de las listas en 2007, año en que Brasil pasó de la primera a la segunda lista. Lo demás sigue sin muchas variantes desde el debut de las listas en los 90.

 El estar en las listas tampoco parece ser demasiado grave. Habilita al  Departamento de Comercio estadounidense a presentar denuncias ante la Organización Mundial de Comercio y a remover, si así lo desea, preferencias arancelarias que voluntariamente le concede a  países en desarrollo. En el caso argentino la preferencias arancelarias recién fueron retiradas en 2012 y no fue por un tema de propiedad intelectual (ver capítulo “De la Sota”). Sin embargo, por ley del  Congreso estadounidense, cada año, cada embajador de ese país  debe elevar un informe al Departamento de Estado sobre el  estado de la propiedad intelectual  en el país anfitrión, más la recomendación correspondiente con respecto a la pertenencia de dicho país en una de las listas  de mala conducta.  La filtración incluye los informes de 2006, 2007, 2008 y 2009, los tres últimos firmados por Wayne. Todos ellos recomiendan la  permanencia de Argentina en la lista prioritaria.

 Los informes argentinos  incluyen quejas de los laboratorios  Bristol-Myers Squibb,  Eli Lilly, y Merk, Sharpe & Donne por diversas trampas legales y regulatorias que permiten a laboratorios locales ignorar sus patentes y  comercializar libremente medicamentos copiados. También acusan al estado argentino de abastecerse con hasta un 90 por ciento de software no registrado. Año tras año  la embajada informa que a pesar de millones de películas y discos truchos decomisados por autoridades argentinas, el incentivo para dejar de piratear es mínimo porque es prácticamente imposible que un infractor reciba una pena de  cárcel.   Lo mismo para quienes bajan contenidos gratis desde la comuputadora.

Como excepción,  el informe del 2009 destacó con tono esperanzado que por primera vez en Argentina ese año  un hombre había recibido una condena de diez meses de cumplimiento efectivo  por vender DVDs truchos. En el mismo  informe la embajada se quejaba de que “piratas de películas condenados típicamente reciben  condenas de trabajo voluntario (probation) o condenas en suspenso.”

En medio de esta gran batalla comercial,  legal, y por qué no, cultural, el embajador Wayne decidió avanzar en varios frentes.  Primero, alentó la redacción secreta  en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina   de un proyecto de  ley de marcas registradas con amplias facultades jurisdiccionales y duras sanciones para los infractores. Segundo, reclutó legisladores afines para que presenten  dicho proyecto de ley en el Congreso Nacional, pero a título propio y no nombre de la embajada o la cámara de comercio estadounidenses .  Tercero, creó  un grupo de fiscales, jueces y funcionarios del gobierno argentino dispuestos a trabajar codo a codo con la embajada para mejorar a protección de la propiedad intelectual en Argentina.  Cuarto,  trabajó con la cámara de comercio, escuelas, universidades, medios de comunicación  y referentes culturales para instalar la idea de que defender la propiedad intelectual con penas de cárcel, tanto en La Salada como en internet, es lo mejor que le pude pasar a la Argentina.

 Los informes de Wayne no nombran a los congresistas que presentaron los proyectos de ley en el congreso, ni a los jueces, fiscales y funcionarios que participaron de las reuniones con los expertos en
propiedad intelectual de la embajada y que luego viajaron a Estados Unidos para recibir entrenamiento con financiamiento de la INL, la agencia antinarcóticos  internacional del Departamento de Estados. En cambio destaca con nombre y apellido el protagonismo de Charly Alberti en el seminario para los funcionarios
argentinos.  El nombre de Alberti vuelve a aparecer  en un cable del 2008 que destaca su disponibilidad para seguir adelante con la campaña estadounidense a  favor de la propiedad intelectual.

Con la partida de Wayne decrece el interés de la embajada. Mientras que él  informaba cada dos o tres meses sobre  la campaña, tras su partida no hay más cabes sobre el tema. En cambio, Alberti reaparece en el 2009 reconvertido en líder medioambientalista invitado por la embajada para promover certificaciones y tecnologías estadounidenses para la construcción de viviendas ecológicas.

La serie empieza con el informe de propiedad intelectual de 2005, firmado por Wayne el 17 de febrero del 2006. El informe menciona el fracaso legislativo de un “prometedor” proyecto de ley para perseguir y castigar con cárcel a  la piratería de marcas.

 Enmiendas a la legislación existente: Un proyecto de ley prometedor para modernizar la ley de marcas registradas (Ley 22,362),  que en la Argentina lleva más de un cuarto de siglo, murió en un comité del Congreso. Ese proyecto de ley, introducido en agosto 2004, contenía varias medidas que hubieran fortalecido  el régimen contra la piratería de marcas. Especificamente, el proyecto de ley hubiera involucrado a la agencia impositiva argentina (AFIP) en investigaciones de piratería de marcas; hubiera expandido la Unidad de Investigaciones Financiaeras de argentina (UIF) para incluir la piratería de marcas entre los crímenes que debe investigar; y hubiera aumentado las penas para los convictos por pirater´çia de marcas (eliminando el servicio comunitario como una sentencia posible.)  Un abogado que ayudó a redactar el proyecto le dijo a la Embajada que la legislación será reintroducida en el 2006. El mismo abogado culpa por el fracaso de la legislación al letargo de las cámaras de comercio argentinas, que según él  no apoyaron activamente el esfuerzo.

En el informe del 2006 ya no hay más letargo. Según el cable que lo transmite, fechado 21 de febrero de 2007,  la cámara estadounidense escribe su propio  proyecto de  ley, inspirándose  en el que no había prosperado el año anterior.  El autor muestra su familiaridad con la cámara empresaria estadounidense
nombrándola por su apodo,” la AmCham”.

Mientras tanto, el comité de la AmCham creó un nuevo poryecto de ley de marcas registradas, usando el del 2004 como base, la cual aún no ha sido introducido en el Congreso. (Nota: un líder de la AmCham indicó que probablemente no sea introducido a menos que pueda ganar el apoyo de las cámaras locales. Fin de nota) .

 Un mes después la embajada y la AmCham se juntaban para celebrar el Día de la Propiedad Intelectual, cuenta otro cable, fechado 3 de mayo del 2007.

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, desginado por laOrganización de Propiedad Intelectual, fue celebrado el 26 de abril. Ese día el Embajador participó de una serie de eventos diseñados para enfatizar los aspectos positivos para Argentina que trae mejorar la protección de propiedad intelectual. El más público 
de esto eventos fue el  lanzamiento, con el embajador de anfitrión, de un concurso organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos  (AmCham). El concurso le pide a los participantes-estudiantes universitarios y jóvenes profesionales-que escriban un ensayo que describa cómo la propiedad intelectual  
beneficia a la Argentina. Los ganadores recibirán cusos de posgrado gratis en una universidad local.

El aniversario también sirvió para lanzar una petit campaña de prensa, añade el cable.

La cobertura incluyó  varios artículos en diarios e informes de televisión. El diario de negocios “El Cronista Comercial le dedicó un llamado de tapa y una editorial de ¾ de página adentro firmada por el embajador Wayne, enfatizando la protección a la propiedad intelectual como la manera más creativa de nutrir 
la creatividad. La Oficina de Prensa trabajó con un editorialista local para coordinar una segunda editorial esa misma mañana en el diario líder “La Nacion”, que expresó que en los países en que la piratería es más alta, el resultado es una oferta reducida de esfuerzos creativos, con el consecuente empobrecimiento cultural .

Sin embargo, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual no fue un paseo en el parque para las huestes del embajador. Según cuenta el cable,  ese día, un conflicto con un laboratorio estadounidense desnudó la trama de intereses en juego en el negocio de la propiedad intelectual. Porque además de ser un derecho, la propiedad es un negocio.

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual llegó en el medio de una controversia pública sobre el derecho a la propiedad intelectual. La empresa farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb (BMS) obtuvo una patente en enero del 2007 para un nuevo producto anti- SIDA, producido en  sociedad con Pfizer, otra 
empresa estadounidense. BMS obtuvo rápidamente una medida cautelar en contra de una empresa local que había ofrecido vender copias al programa de SIDA del gobierno argentino.Una cámara que representa a la empresa local sacó un avisdo de una página en la mayoría de los diarios, denunciando la situación, y nombrando al juez que la tomó. Al día siguiente el Ministro de Salud Ginés González se unió a la disputa diciendo que las patente4s medicinales “generan monopolios y ponen en riesgo el acceso a los medicamentos.” También escribió un editorial el 20 de abril en el que tildó a los pacientes de SIDA de “rehenes” de las empresas multinacionales.

Otro cable, fechado 11 de mayo de 2007, dice que la embajada no va a decir que está detrás del proyecto de ley redactado por la Am Cham porque podría ser contraproducente.

Plan de Acción: Dadas las sensitividades del gobierno argentino, hacer lobby directo para mejorar la legislación de propiedad intelectual sería contraproducente. En cambio, la estrategia de la embajada es trabajar con cámaras de negocios y rtepresentaciones diplomáticas y miembros del Congreso de 
Argentina que piensen como nosotros. Le estamos apuntando a una modificación de la ley de marcas registradas redactada por miembros de comité de propiedad intelectual de la Cámara de Estados Unidos (AmCham).

Dos meses después, el 30 de agosto del 2007, otro cable firmado por Wayne anuncia que la embajada había llevado adelante un taller multidisciplinario sobre el derecho a la propiedad intelectual.i El embajador informó que el grupo había usado el  taller para redactar un borrador  puso  un manual de “mejores
prácticas”  para defender ese derecho.

La embajada fue anfitriona de un taller para facilitar la escritura por parte de funcionarios argentinos y representantes del sector privado de un manual de mejores prácticas  y lograr un acuerdo generalizado entre los participantes para formar un grupo de trabajo de propiedad intelectual.  El taller fue diseñado y 
dirigido por el director del programa de OPDAT del Departamento de Justicia  y su equipo de entrenadores. El borrador de manual  creado durante el taller fue específico sobre Argentina y reflejó la amplia experiencia yt conocimientos de los participantes. ..
 La conferencia, junto con la subsecuente publicación del manual, es clave para cumplir con el plan estratégico de la embajada para los derechos de propiedad  intelectual (ver cables). Los participantes argentinos en el programa incluyeron un juez federal criminal, fiscales (federal, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires), investigadores de Gendarmería y Prefectura Naval, autoridades impositivas y aduaneras, abogados privados que trabajan temas de propiedad intelectual, y representantes de organizaciones privadas interesadas en mejorar la protección de la propiedad intelectual.  Por el alto nivel de crímenes vinculados a la piratería en la Triple Frontera (donde Argentina, Brasil y Paraguay comparten fronteras), la embajada hizo arreglos para que tanto un funcionario aduanero como un un funcionario de una fiscalía de la región puedan participar en el taller.

A semejantes luminarias de la burocracia estatal y del sector  empresarial , la embajada sumo un par de nombres del mundo artístico creativo: el rockero Charly AlbertI y el productor de cine Carlos Mentasti.

Para ayudar a los participantes a darse cuenta de la dimensión del costo de las violaciones al derecho a la propiedad intelectual, el taller se complementó con presentaciones de dos de las industrias creaticvas más prominentes de Argentina, el cine y la música. Uno de los oradores fue Charly Alberti, baterista del 
afamado grupo de rock argentino, Soda Stero, quien señaló que “una sociedad que no protege propiedad intelectual es una sociedad que no Alienta el pensamiento, y por lo tanto no puede evolucionar. Carlos Mentasti, co-propietario del estudio de filmación Sono Argentina y productor de películas, habló del 
número significativo de personas que emplea la industria de las películas. El orador de cierre fue el embajador, qien discutió con los participantesw su trabajo en el manual y sus perspectiva sobre la protección a los derechos de propiedad intelectual en Argentina.  La sección económica también ofreció una recepción para que los participantes puedan conocer a las agencias de seguridad de la embajada (FBI y DEA), y la Sección Política. Unqa oportunidad importante, ya que muchos de los participantes tienen responsabilidades que se extienden más allá del tema de propiedad intelectual …el entusiasmo que generó el taller fue alentador.

Según el cable,  uno de los puntos salientes del taller fue cuando el instructor  comparó a los moderno ladrones de propiedad intelectual  con el mafioso Al Capone.

APLICANDO LAS LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO AL CAPONE- Como se destacó durante el taller conducido por el equipo OPDAT, Al Capone fue a prisión por ofensas impositivas,  ilustrando la conveniencia del enfoque multidisciplinario, uno que incluye investigadores impositivos, es el mejor enfoque cuando se investigan crímenes complejos.

La campaña continuó. El 11 de septiembre del 2007 la AmCham fue sede de una conferencia académica internacional sobre propiedad intelectual que la embajada calificó como “exitosa” en un cable del 20 de ese mes, y que contó con la participación de representantes de Nike, Ford y Microsoft, entre otras marcas. El despacho diplomático destaca la importancia de un editorial del embajador oportunamente colocado en el diario Clarín.

Un editorial firmado por el Embajador fue prominentemente desplegado el día anterior en el diario Clarín, el diario de mayor circulación de Argentina (400,000), y la AmCham distribuyó una copia a cada uno de los presentes en la conferencia. Participantes elogiaron la editorial  por enfocarse en los aspectos positivos de proteger la creatividad argentina. 

El 26 de febrero de 2008 Wayne volvía a recomendar que Argentina quede en la lista negra de los que no respetan la propiedad intelectual. El informe dejas constancia de que el proyecto de ley de la AmCham había sufrido nuevos fracasos en el Congreso.

Mientras tanto, el comité de propiedad intelectual de  AmCham creó una ley de marcas registradas usando como modelo el proyecto del 2004. Este proyecto de ley de AmCham fue presentado en el congreso por un parlamewntario que piensa como nosotros. Pero el proyecto no se movió en el parlamento durante el 2007. 

Menos de u mes más tarde Wayne volvió a la carga. Esta vez, con un amplio informe a un año de haber formado el grupo para combatir la piratería intelectual.  Tanto el proyecto de ley de la AmCham como Charly Alberti, como los diarios “aliados”, La Nación y Clarín,  tuvieron su lugar en el cable que transmitía el informe, fechado 17 de marzo del 2008.

La modificación de la ley de marca registrada de la AmCham fue presentada formalmente por un senador, pero no ha avanzado más allá…

Los dos principales diarios de Argentina, La Nación y Clarin, demostraron ser aliados dispuestos, en este esfuerzo, dando lugar a editoriales del embajador, cubriendo eventos de propiedad intelectual apoyados por la embajada, y otros temas vinculados a la propiedad intelectual.--Trabajando con figuras públicas de Argentina: Charly Alberti del megagrupo de rock local Soda Stereo , que habló en el seminario del Departamento de Justicia a favor de la protección de los derechos de autor en la musica, ha expresado interés en participar en futuros esfuerzos a favor de la propiedad. 

Tras la partida de Wayne,  en abril del 2009, los cables casi no volvieron a ocuparse del tema, salvo para registrar la visita de un funcionario estadounidense a una conferencia sobre piratería organizada por la AFIP en junio del 2009.  Aunque la filtración de Wikileaks siguió hasta principios del 2010 nunca más se habló
del grupo de trabajo de funcionarios y empresarios.

 El manual de mejores prácticas, que sería financiado por la embajada y que debía ser distribuído en el 2008, nunca vio la luz, al menos como documento de la embajada o de  la AmCham.  Sin embargo, en  noviembre de 2012 el Ministero de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lanzó la “Guía de Buenas Prácticas en "Gestión de la Transferencia de Tecnología y la Propiedad Intelectual". Si bien el ministerio se
adjudica la autoría de la guía, aclara fue elaborada “en base a consideraciones y resultados obtenidos a partir de un proyecto de colaboración con las siguientes instituciones:  Innovos Group S.A. (Argentina), Neos Ltda. (Chile) y The International Technology Transfer Institute – ITTI, Universityof Hampshire
School of Law (Estados Unidos de América).” La Guía también cita abundante bibligrafía de universidades estadounidenses.

Mientras el grupo de manual desaparecía de los cables de la embajada a principios del 2009 Charly Alberti seguía presente, ahora en un cable firmado por la sucesora de Wayne, Vilma Socorro Martínez, fechado  el 7 de octubre del 2009.

El cable, titulado “Liderando el camino hacia la edificación verde en la Argentina, habla de las dificultades para vender una certificación estadounidense de “edificio verde” llamada LEED.  El cable destaca que los edificios de bajo consumo energético, llamados edificios verdes, además de favorecer al medio ambiente, también ayudan a las empresas de Estados Unidos, porque son las que tienen los materiales y la experiencia que hace falta para fabrica edificios verdes que cumplan con la norma LEED.

La adopción de LEED en este importante mercado ayudaría a orientar a los constructores locales hacia compañías estadounidenses como fuentes de tecnología y materiales para el uso eficiente de la energía, energía eficiente, además de contribuir a la reducción de emisiones globales. 

La cosa es que el Consejo Argentino de Edificios Verdes había organizado un evento para promocionar la norma LEED y allí estuvo Charly Alberti, invitado por la embajada. Parecía otro. En el cable firmado por Martínez ya no era una estrella de rock sino de pop latino. Y ya no era un experto en propiedad intelectual,
sino un líder ecológico. Pero seguía siendo él, Charly Alberti.

Como auspiciante de alto nivel del evento, la Embajada promovió las empresas y  la certificación estadounidense de edificios verdes, a través de invitaciones a contactos clave en la Cámara de Energía Renovable y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como la estrella del pop Latino y activista por el cambio climático Charly Alberti, coordinando la amplia cobertura que tuvo el evento en medios gráficos y televisivos,  y hablando de las iniciativas del presidente Obama sobre cambio climático y energía renovable.

A continuación el autor del cable se pone reflexivo. Si bien no pone en duda el “valor” de las “ideas” de Estados Unidos, al menos reconoce la posibilidad de que no todos los argentinos quieran adoptarlas.

 La certificación de edificios verdes aporta un ejemplo interesante del delicado balance que deben mantener los argentinos entre reconocer el valor de la tecnología y las ideas de Estados Unidos y sus sospechas de ser cooptados por reglas estadounidenses.