
Tuvimos esta semana la Asamblea General de las Naciones Unidas, una especie de mundial de presidentes que se juega todos los años en Nueva York. Es la única cita a la que acuden todos los presidentes y en la que todos hablan, uno por uno, en discursos uniformes para la televisión, en un imponente salón de audiencias, dentro del icónico rascacielos de la ONU en el sureste de Manhattan, sobre el East River mirando a Queens.
El juego mezcla diplomacia, marketing y relaciones públicas. Alrededor del discurso en la Asamblea suceden reuniones bilaterales, firmas de tratados, encuentros casuales, plantones, ninguneadas, conferencias de prensa, doctorados honorarios en universidades, entrevistas en cadenas de televisión, seminarios abiertos al público, sesiones en estricto off-the-record, propuestas formales y borradores de propuestas, hoteles seis estrellas, traslados en helicóptero y visitas guiadas a las iglesias más pobres de Harlem. Audios, videos, fotos y palabras escritas para todos los idiomas e ideologías. Imágenes, relatos, historias y coreografías de los más poderosos, pintorescos y rebeldes líderes mundiales, todos juntos y en descarnada competencia por la atención de una audiencia global.
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Ayer viernes un grupo de académicos y expertos en derechos humanos presentó el problema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede de ese organismo en Washington D.C. Se trata de la primera audiencia pública que la comisión le dedica a tema. Y eso que desde el 2004, y por orden presidencial, Estados Unidos viene usando drones para realizar ejecuciones extrajudiciales de presuntos terroristas en Pakistán. Desde entonces al menos catorce países del continente americano, además de Estados Unidos, han anunciado programas para contar con drones.
Pero según un relevamiento de la fundación Socios de Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos, la región no está preparada. Salvo en Estados Unidos, Canadá y Brasil, prácticamente no existen leyes ni regulaciones en el continente para controlar el uso de aviones no tripulados. Además, "los programas de drones en Latinoamérica los manejan los ejércitos y sabemos que los ejércitos de la región no tienen buenos antecedentes en lo que hace al respeto por los derechos humanos," explica Santiago Cantón, director de la fundación.
Cantón está al teléfono desde la capital estadounidense horas antes de prestar testimonio ante la CIDH, la misma entidad que lo tuvo como director ejecutivo durante once años hasta diciembre del 2012. Lo acompañaron en una presentación conjunta Rut Diamint, Profesora de Seguridad Internacional del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales Universidad Torcuato Di Tella; Stephan Sonnenberg de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, y Jay Stanley, coordinador del Proyecto de Privacidad y Tecnología de la Asociación Americana por los Derechos Civiles (ACLU en inglés).
Lo acompañaron también, en un sentido más amplio, la publicación este mes de cuatro informes sobre drones. Dos de esos informes llevan la firma de relatores de Naciones Unidas: Christof Heynes, de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y Ben Emmerson de Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos. Los otros dos vienen con el sello de reconocidas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos: Amnistía International y Human Rights Watch. La sociedad civil parece haber despertado toda junta y al mismo tiempo al peligro que acecha desde el cielo.
En el caso de la CIDH, hay dos temas que encara por primera vez esta semana. Uno es el uso de drones en las matanzas extrajudiciales que Estados Unidos realiza en la llamada Guerra al Terrorismo. El otro tema es la propagación descontrolada de tecnología de drones en la región.
Con respecto al primer tema, Estados Unidos es el principal sostén financiero de la CIDH a través de la Organización de Estados Americanos. El poder coercitivo de la CIDH con respecto a su principal patrocinante es muy relativo. Estados Unidos no firmó la llamada Carta de Derechos Humanos y no reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, donde la CIDH actúa como fiscal. Sin embargo, Estados Unidos forma parte del sistema interamericano como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto está al alcance de las medidas cautelares de la CIDH, aunque rara vez las cumpla. La CIDH fue el primer organismo internacional en dictar una medida cautelar en favor de los prisioneros de Guantánamo. Las cárceles en territorio estadounidenses también han recibido numerosas medidas cautelares de CIDH. Cantón dice que hoy día hay más personal de la Fuerza Aérea en Estados Unidos que se está entrenando para manejar drones que para pilotear aviones. "No hay transparencia en el uso de drones en operaciones antiterroristas y existen serias dudas de que esas operaciones respeten el derecho internacional," dice Cantón. "Tampoco queda claro que el argumento de que los drones evitan muertes civiles sea válido. El informe de Amnistía Internacional demuestra que en Pakistán murieron muchos más civiles de los que el gobierno de Estaods Unidos había informado".
Con respecto al segundo tema, el de los drones en América Latina, es muy difícil saber quién los tiene y para qué se usan, dice el experto de la fundación Robert F. Kennedy. "En términos de tecnología, la diferencia es mínima entre un dron que lleva un arma y un dron que lleva un cámara," acota. En América Latina, dice Cantón, hay empresas privadas que fabrican drones, pero no hay ningún control ni información para saber a quién le venden sus productos y tecnología. Podría ser la guerrilla en Colombia, o los cárteles en México, o bandas de delincuentes en el conurbano de cualquier gran ciudad. O patrullas parapoliciales o escuadrones militares. Sin un control efectivo, es sólo cuestión de tiempo.
"Nuestro primer objetivo es plantear el tema, que la CIDH le diga a los estados lo importante que es la transparencia en esto, tomar los recaudos necesarios en el uso de drones para temas de seguridad," dijo el experto. "¿Está bien que se usen drones para filmar protestas? En caso de ser así, ¿debería autorizarlo un juez? Aunque los ejércitos y policías de la región todavía no se usen los drones con armamento, hay un derecho a la privacidad que los estados deben respetar en todo lo que tiene que ver con tareas de vigilancia".
Cuenta Cantón que no fue fácil juntar datos sobre drones en la región, y que no es mucho lo que pudo averiguar. Pero los datos que juntó impresionan.
Argentina fabrica drones, tanto en instituciones militares como en empresas privadas. Brasil también, y además compra drones de Estados Unidos. Los usa para vigilancia en la frontera y en grandes ciudades. Empresas de ese país fabrican drones desde el 2005. Bolivia acaba de comprarle drones a Brasil para vigilar campos de coca ilegal. Chile tiene drones israelíes que usa para vigilar fronteras. Uruguay acaba de lanzar un programa de drones para tener cobertura en todo el país, para usos agrícolas. Ecuador tiene drones vigilando la frontera con Colombia. Trinidad y Tobago usa drones con cámaras para vigilar el tráfico de drogas. Costa Rica, para estudiar volcanes y Belice para estudios arqueológicos. Colombia utiliza drones estadounidenses contra la guerrilla y México hace lo mismo en su guerra antinarco. En México y Colombia, países en que la lucha "antiterrorista" se ha militarizado, es posible que Estados Unidos haya utilizado drones armados.
"Se trata de una tecnología nueva, que puede tener aplicaciones maravillosas, pero mal usada puede ser muy peligrosa," dice Cantón. "Por eso hay que empezar a ponerle límites desde el derecho."